El anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, comunicó que había pagado a Hacienda más de cuatro millones de euros pendientes que hasta entonces había escamoteado al fisco 48 horas después de que la Fiscalía española remitiese una comisión rogatoria a Suiza describiendo al rey emérito como una suerte de comisionista internacional sospechoso de haber incurrido en cuatro delitos.
Esa comisión rogatoria solicitando información fue remitida de Madrid a Ginebra el 24 de febrero pasado, pero su contenido no trascendió a la opinión pública hasta la noche de este 2 de septiembre, cuando el diario ‘El Mundo’ informó de que en ella se señala que Juan Carlos I podría haber incurrido en blanqueo de capitales, un delito contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.
El diario ‘El País’ reveló el citado pago a Hacienda el día 25 de febrero y la jornada siguiente el letrado del rey, Javier Sánchez Junco, hizo pública una nota en la que cifraba en 4,4 millones la cantidad regularizada por los gastos sufragados por la Fundación Zagatka y en la que recalcaba que se trataba de la decisión del monarca emérito de regularizar su situación con el fisco y se producía sin que Hacienda le hubiera hecho antes “requerimiento alguno”.
Con esa afirmación, la defensa del monarca defendía una supuesta actuación espontánea de Juan Carlos I que se producía horas después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo remitiera la comisión rogatoria a Suiza utilizando unas afirmaciones nunca antes plasmadas sobre los indicios de delito que existen contra el anterior jefe del Estado español.
Esta regularización fiscal era la segunda a la que se acogía Juan Carlos I después de que elDiario.es desvelara el 3 de noviembre de 2020 que él y otros miembros de la familia real habían disfrutado, a través de tarjetas bancarias, de fondos no declarados a Hacienda. Al mes siguiente, en diciembre del pasado año, el rey emérito entregó a Hacienda 678.394 euros por las cantidades disfrutadas con aquellas tarjetas de espaldas al fisco en su primer movimiento para evitar la apertura de una causa penal por delito fiscal y posible blanqueo de capitales.
Aquel primer pago a Hacienda se produjo después de la información de elDiario.es y cuando ya había pasado un año de que la Fiscalía Anticorrupción interrogara al que fuera asistente del rey teniente coronel Nicolás Murga, a través de quien se habrían canalizado los pagos de las tarjetas procedentes del empresario mexicano amigo del rey Allen Sanginés-Krause. El Periódico publicó tras la regularización de diciembre de 2020 que la Fiscalía había informado oficialmente antes al monarca, en noviembre, de las diligencias de investigación abiertas contra él.
A día de hoy esas diligencias de investigación no se han transformado en una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, órgano judicial ante el que está aforado Juan Carlos I desde su abdicación en 2014. Fuentes de la Fiscalía sostienen que el retraso en la respuesta de las comisiones rogatorias remitidas a varios países para la obtención de información sobre la actividad del monarca no han permitido presentar una querella contra Juan Carlos I por presuntos delitos cometidos desde que perdió la inviolabilidad.
Al menos en el momento de la regularización de los más de 4 millones de euros, la Agencia Tributaria no había abierto una inspección al monarca, pese a que era público desde hacía meses que había disfrutado de más de 8 millones de euros en vuelos y hoteles sufragados por la fundación creada en Liechtestain por un primo del rey y que éste nunca declaró a Hacienda, lo que provocó las quejas de las asociaciones de Técnicos e Inspectores del Ministerio. Al tiempo, la regularización de los fondos sirvió para que la Fiscalía comenzara a indagar también en el origen del dinero utilizado para saldar las deudas con el fisco y que fueron aportados al monarca por empresarios amigos.
Los cuatro delitos que podría haber cometido Juan Carlos I actuando como comisionista internacional, y que en febrero plasmó la Fiscalía española en su comisión rogatoria, figuraron por primera vez en un escrito de la Fiscalía suiza en la que ésta pedía información a las autoridades españolas. Se trata de los mismos delitos que investiga el fiscal de Ginebra Yves Bertossa en una causa que mantiene imputados, por el momento, a Corinna Larsen, antigua relación extramatrimonial del rey emérito, y al gestor de fondos y abogado de éste en Suiza, Arturo Fassana y Dante Canónica, respectivamente.
De hecho, la investigación suiza está en el origen de todas las polémicas que han envuelto después al monarca. Bertossa abrió una investigación en 2018 a raíz de la publicación en España de las grabaciones del comisario Villarejo a Corinna Larsen en la que ésta describía supuestas actividades ilícitas de Juan Carlos I. Bertossa descubrió una transferencia desde Arabia Saudí al entonces jefe del Estado español en 2008 de 65 millones de euros que el fiscal suizo sigue sospechando que se trata de una comisión relacionada con la participación de empresas españolas en la gran obra de construcción del AVE a La Meca.
Esos fondos fueron depositados en la banca Mirabaud, cuyo presidente también está imputado en Suiza, y eso es lo que motivó la investigación de la Fiscalía de Ginebra. En 2012, los 65 millones de euros fueron transferidos por el monarca a una cuenta de Corinna Larsen después de que los gestores del rey fueran advertidos por la entidad bancaria de que los cambios en la legislación suiza podrían suponer un problema legal para su cliente.
La comisión rogatoria enviada por la Fiscalía de Supremo el 24 de febrero solicita información a Bertossa sobre todas las cuentas bancarias que pudieran tener relación con el rey en aquel país entre 2016 y 2019, periodo que escapa a la prescripción de los posibles delitos cometidos y en el que Juan Carlos I ya no era inviolable.