Juan Carlos I pacta con Hacienda pagar por el regalo de sus cacerías tras la abdicación

El rey emérito Juan Carlos I ha suscrito un acuerdo con la Agencia Tributaria para cerrar la inspección abierta sobre los gastos de las cacerías a las que asistió entre 2014 y 2018, después de su abdicación, según ha adelantado El Mundo. El monarca ha firmado un acta de conformidad y ha aceptado una propuesta de sanción administrativa que afirma que debió declarar los vuelos con los que le obsequiaron diversos empresarios para asistir a esas monterías. La defensa del monarca ha rechazado, por el momento, contestar a las preguntas de elDiario.es sobre este asunto. 

La Agencia Tributaria solicitó a Juan Carlos I que justificara quién pagó los gastos de esas cacerías, así como otros regalos de menor importe. En este procedimiento, en vía administrativa, se ha investigado si el monarca un incremento patrimonial no justificado cuando ya no era jefe del Estado y, por lo tanto, no estaba protegido por la inviolabilidad que llevaba aparejada su cargo. Según fuentes conocedoras del expediente citadas por El Mundo, los importes reclamados ahora por la Agencia Tributaria no alcanzan en ninguno de los ejercicios fiscales el umbral de los 120.000 euros a partir del cual está tipificado el delito fiscal en el Código Penal. 

Esta era la última investigación tributaria abierta el rey emérito tras las dos regularizaciones que realizó por importe más de cinco millones para evitar ser acusado de varios delitos fiscales y que fueron dadas por buenas por el Tribunal Supremo. Una primera, de 678.393,72 euros en diciembre de 2020, fue llevada a cabo para hacer frente a una posible acusación de delito fiscal por los fondos opacos que recibió del empresario Allen Sanginés-Krause, un uso de fondos opacos revelado por elDiario.es. 

La segunda regularización, de más de 4,4 millones de euros, llegó dos meses después por todos los gastos que la Fundación Zagatka de su primo Álvaro de Orleans sufragó durante años al rey emérito, sobre todo vuelos para el monarca. Según informó en su momento el diario El País, el dinero fue aportado por empresarios amigos de Juan Carlos de Borbón que optaron por la opción más favorable ante el fisco a la hora de dejarle este dinero.

Triple investigación archivada

Además, el pasado marzo, la Fiscalía archivó la triple investigación que mantenía en torno al rey emérito alegando que los presuntos delitos habían prescrito y que otros se cometieron cuando gozaba de inviolabilidad a pesar de reconocer que se enriqueció de espaldas a Hacienda en lo peor de la crisis económica. La Fiscalía señaló entonces que había “detectado cuotas defraudadas por parte del rey emérito entre 2008 y 2012, todas prescritas menos las de 2012, cuando también estaba protegido por la inviolabilidad”. Los hechos investigados ahora son posteriores a la abdicación, en principio no están prescritos y el emérito no puede acogerse ya a la regularización al haberse abierto de manera formal un procedimiento inspector.

Los escritos de la Fiscalía, que recogían la información recabada por el Ministerio Público, revelaron que Juan Carlos I había amasado una fortuna en el extranjero a espaldas del fisco y que había gestionado el dinero sin dar cuenta a las arcas públicas pero también que estaba protegido por su inviolabilidad, la prescripción y las regularizaciones. 

Juan Carlos de Borbón tiene abierto un frente judicial en los tribunales británicos por la denuncia de su antigua amante, Corinna Larsen, por acoso. La aristócrata, pieza clave en la gestión de la fortuna del rey emérito, afirma que en un momento dado tanto el monarca como el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, pusieron en marcha una estrategia de acoso y difamación contra ella. 

Ese proceso, que no se trata de un proceso penal sino de reclamación de una indemnización ante los tribunales británicos, ha puesto encima de la mesa el debate sobre el alcance de la inviolabilidad del rey emérito que en España le sirvió para evitar el banquillo. Los jueces de Reino Unido han determinado que, en este caso, las leyes británicas sobre inviolabilidad no pueden impedir que sea juzgado.