De entre todos los rumores, aquellos que afectaban a Juan Carlos I. De los que aludían al rey, el que le atribuía una fortuna forjada durante décadas de comisionista. Nunca una sospecha jamás publicada apareció más veces en las conversaciones privadas de los españoles, incluidos algunos cenáculos de poder. Y ahora, con el rey emérito vivo y, por tanto, a tiempo de evitar que el rumor se convierta en leyenda, un fiscal del Tribunal Supremo ha puesto por escrito que acumula indicios de que el anterior jefe del Estado ha amasado un patrimonio fruto de “comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”.
El teniente fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos remitió el pasado febrero una solicitud de información a las autoridades suizas en la que, por primera vez, y de forma tan clara se alude al presunto papel de comisionista de Juan Carlos I. Estaba a punto de cumplirse un año de la revelación que comenzó a resquebrajar la figura del rey emérito. El 3 de marzo de 2020, un periódico suizo había publicado que el fiscal de Ginebra Yves Bertossa investigaba una donación de 65 millones de dólares que Arabia Saudí habría entregado a Juan Carlos I en 2008 como comisión por sus gestiones en la adjudicación de las obra del AVE a La Meca.
Entre una noticia y otra había transcurrido un año en el que solo las informaciones en torno a las supuestas corruptelas del anterior jefe del Estado podían competir con las noticias de la pandemia que dejaría 80.000 muertos en España. Cada revelación resquebrajaba aún más la figura de Juan Carlos I. La opinión publicada hablaba de él como el artífice de la transición de la dictadura a la democracia y el personaje clave para frustrar el 23F. Los excesos en el desempeño del cargo habían quedado durante décadas relegados a las conversaciones privadas. Cualquier insinuación era tomada como un intento de los contrarios a la monarquía por desestabilizar la institución. Pero mientras el monarca apelaba a la “ejemplaridad” de los cargos públicos, como hiciera en los discursos navideños de 2011 y 2013 en plena era de la austeridad, escondía presuntamente dinero de la corrupción en paraísos fiscales.
La comisión rogatoria cursada por el fiscal del Supremo a Suiza apunta a cuatro posibles delitos cometidos por Juan Carlos I: fiscal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. El Mundo desveló su contenido el jueves por la noche. El viernes, la Fiscalía General del Estado hizo pública una nota, supervisada por todos los fiscales implicados en la investigación, con la que intentó rebajar el estruendo provocado al revelarse el contenido de su comisión rogatoria.
Ciñéndose al plano jurídico, el Ministerio Público consideraba “preciso recordar” que cualquier petición de auxilio judicial a nivel internacional “exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles” y que estos deben estar acompañados de “una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos”. El esfuerzo abundaba en lo que había sido publicado.
Por una parte, que la Fiscalía española ha reunido en un año indicios de que Juan Carlos I ponía precio a su intervención en grandes adjudicaciones por todo el mundo para empresas españolas. De otro lado, que esa actividad se ha seguido produciendo presuntamente después de la abdicación del monarca y, por tanto, cuando ya no contaba con el manto de la inmunidad. De ahí, que de modo indiciario cabe traducirla en los cuatro delitos de corrupción que se enumeran en la comisión rogatoria para lograr que Suiza mande la documentación requerida. A uno de los bancos de Ginebra había llevado Juan Carlos I en persona y cuando todavía era jefe del Estado, un maletín con 1,7 millones de euros, según contó su propio gestor de fondos, Arturo Fasana.
Fuentes fiscales inciden en que cualquier solicitud como la que hizo en febrero a las autoridades de otro país tiene que ir acompañada del máximo de ilícitos penales que pudieran caber en los hechos investigados y que eso no quiere decir que se vaya a imputar a Juan Carlos I por alguno de ellos o por todos. Las mismas fuentes restan importancia a la alusión a las “comisiones y negocios internacionales”, ya que la Fiscalía Anticorrupción aludía desde que abrió hace tres años las diligencias de investigación a un presunto delito de cohecho internacional, que ya llevaría implícito el cobro de comisiones.
Sin embargo, Anticorrupción insistía entonces en que no estaba investigando al monarca, para lo que no tenía competencias, y que revisaba el asunto del AVE a La Meca después de que el primer juez del caso Villarejo, Diego de Egea, con el apoyo de la propia Fiscalía Anticorrupción hubiera cerrado por primera vez la pieza sobre el dossier del comisario en relación a las afirmaciones de la antigua amante del rey, Corinna Von Larsen, sobre las supuestas actividades delictivas del monarca.
Anticorrupción valoró entonces que de aquel archivo había que salvar una línea de investigación, un posible delito de corrupción en las transacciones internacionales, sin que en aquel momento se pudiera señalar al rey Juan Carlos, entre otras cosas porque en 2008 el monarca gozaba de inviolabilidad.
Es en otro punto donde la investigación al rey emérito se diferencia de cualquier otra por esos posibles delitos. Las pesquisas alrededor del monarca llevan abiertas, por tanto, tres años sin que hayan derivado en su archivo o en una querella ante la Sala del Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional ante el que está aforado desde su abdicación.
Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es descartan que la Fiscalía haya alargado en el pasado tanto tiempo la fase inicial de una investigación y que haya cursado tantas comisiones rogatorias internacionales antes de solicitar la apertura de una causa judicial. Son precisamente esas peticiones de auxilio a otros países, algunos tan poco dados a colaborar como Arabia Saudí, las que han retrasado que se adopte una decisión sobre los indicios existentes contra el anterior monarca.
De los rumores al día de hoy se han venido sucediendo los acontecimientos en estos tres años de investigación previa. De no investigar al rey se ha pasado a mencionarle en la comisión rogatoria a Suiza de febrero y a aludir directamente a sus papel de comisionista, señalando los posibles delitos que habría cometido. Entre tanto, estas pesquisas preliminares han pasado de Anticorrupción, sin competencia para investigar al monarca, a la Fiscalía del Tribunal Supremo, aunque a ellas se haya sumado el jefe de la Fiscalía especializada, Alejandro Luzón. Y de una línea de investigación se ha pasado a tres, al sumarse la que indaga en los gastos con las tarjetas opacas que reveló elDiario.es en noviembre de 2020, y otra sobre la posible relación del monarca con 10 millones de euros en una cuenta del paraíso fiscal de Jersey.
A ello hay que sumar la confesión que ya supone las dos regularizaciones realizadas por Juan Carlos I y que, con el objetivo de evitar la apertura de una inspección por Hacienda o una querella de la Fiscalía, supusieron admitir que el anterior jefe del Estado había engañado al fisco. Esas dos regularizaciones han supuesto más de cinco millones de euros recuperados por el Estado, cuyo origen tampoco está claro.
La transformación del rumor sobre el papel de comisionista del rey en una investigación judicial, aunque sea preliminar y no haya derivado aún en una querella, también propició su salida de España. Juan Carlos I reside en Emiratos Árabes Unidos desde el verano de 2020. La sucesión de escándalos le impide cumplir con su deseo de regresar.