Ramala (Cisjordania), 8 nov (EFE).- La trabajadora humanitaria española Juana Ruiz, detenida por Israel desde abril, estuvo hoy presente en una sesión de mediación a puerta cerrada entre la Fiscalía militar y su defensa para abordar posibles acuerdos y medidas cautelares, como el arresto domiciliario.
“Todavía no se ha llegado a ninguna decisión de ningún tipo”, dijo a Efe la hija de Ruiz, María Rishmawi, que hoy pudo ver en persona a su madre - tras la última vista por videoconferencia - y aunque se mostró precavida aseguró que “siempre optimista” ante el desarrollo del caso.
“A mí me gustaría esperar” para sacar conclusiones, “todavía me tengo que sentar con los abogados para ”ver qué tal fue“ el encuentro de hoy, cuyo contenido es confidencial.
Antes de la sesión, Elías Rishmawi y María, marido e hija, pudieron hablar con Juana, que aseguró encontrarse bien salvo “un dolor en la mano” por lo que tendrá que ir al hospital. La familia se aseguró de que recibe los medicamentos, como la cortisona, para su tratamiento.
Juana Ruiz, de 63 años y trabajadora humanitaria, reside en los territorios palestinos desde los años 80, está encarcelada por Israel desde hace siete meses y acusada de pertenecer a una organización ilegal.
La sesión de hoy, realizada en el tribunal de la prisión militar de Ofer, en Cisjordania ocupada, se celebró al margen del juicio en curso contra la española, aunque el juez podría tener en consideración lo acordado por las partes.
La próxima audiencia del proceso judicial está prevista para el 10 de noviembre, aunque la fecha aún no es segura y se podría retrasar, concretó la familia de Ruiz.
Además de la familia, una representación del Consulado Español de Jerusalén, encabezada por el cónsul general Alfonso Lucini, acudió hoy a Ofer y también pudo hablar con Juana antes y después del encuentro.
El tribunal militar israelí denegó el pasado 27 de octubre la prisión domiciliaria para Ruiz al argumentar que “no había llegado el momento”, aunque se considerará “si el juicio no avanza significativamente”.
La Fiscalía militar israelí presentó en mayo cinco cargos formales contra Ruiz, relacionados con su trabajo recaudando fondos para los Comités de Trabajos para la Salud, una ONG palestina que Israel acusa de integrar una red que desviaba dinero europeo al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado grupo terrorista también por EEUU y la UE.
“Le juro por Dios que soy inocente”, dijo Ruiz en su breve intervención vía teleconferencia en la vista del 27 de octubre desde la prisión de Damon, en la ciudad de Haifa, al norte de Israel.
Entre los cargos que se imputan a Ruiz figuran el de “pertenencia a organización ilegal”, “recibir e introducir dinero en los territorios palestinos” o “recibir dinero con falso propósito”.
Después de varios aplazamientos desde mayo por la pandemia y por cambios de abogado, Ruiz acudió por primera vez al tribunal de la prisión militar de Ofer, en Cisjornadia ocupada, el pasado agosto. Hoy ha sido la segunda vez que ha asistido en persona.
El abogado que encabeza su defensa, Avigdor Feldman, aseguró en una entrevista con Efe en septiembre “los cargos contra ella son parte de una estrategia general para criminalizar toda actividad humanitaria en los territorios ocupados”.