El Poder Judicial se aferra a las declaraciones de los independentistas para profundizar su choque contra el Gobierno

La voluntad del Gobierno de “tender puentes” con la judicatura tras las críticas a la ley de amnistía y las referencias al lawfare contenidas en el acuerdo con el partido de Carles Puigdemont ha encontrado con un nuevo escollo: los ataques a determinados jueces con nombres y apellidos realizados por sus socios de investidura de Junts. Un “inadmisible señalamiento”, en palabras del presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que este miércoles volvió a elevar la tensión entre ambos poderes del Estado. 

Tanto es así que el presidente del Tribunal Supremo, la principal instancia judicial del país, decidió cancelar la que iba a ser su primera reunión oficial con el ministro de Justicia, Félix Bolaños. La versión oficial sostiene que la suspensión se debió a “circunstancias sobrevenidas”, pero las fuentes consultadas en el Alto Tribunal encuadran el plantón en el profundo malestar existente entre sus magistrados después de que la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, llamara “indecentes” al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, y a los magistrados del tribunal Carlos Lesmes —expresidente del CGPJ— y Pablo Llarena desde la tribuna del Congreso. 

Finalmente, ambos hablaron por teléfono a última hora de la mañana y cerraron un nuevo encuentro para el próximo martes. Pero, para entonces, todos los medios ya recogían la decisión de Francisco Marín de no reunirse con el ministro como consecuencia de las declaraciones de sus socios, una cita que a primera hora de la mañana sí aparecía en la agenda de la Moncloa. No había importado que el propio Bolaños dijera el martes en el Senado que no comparte las críticas a los jueces ni al Poder Judicial realizadas por los miembros de Junts. “España es un Estado de Derecho, una democracia plena y los jueces actúan con independencia y con separación de poderes”, afirmó. 

Este miércoles, en otra intervención en el pleno del Congreso, el titular de Justicia fue más claro y aseguró que iba a “defender” a los jueces de “los ataques y descalificaciones que reciban de partidos independentistas, pero también de la larga mano que tiene el Partido Popular y que pretende influir en el Poder Judicial”. Fuentes del Ejecutivo afirman que, en su conversación telefónica, Bolaños trasladó a Marín el contenido de ambas intervenciones y le garantizó que los jueces pueden contar con él “para defenderles de cualquier descalificación y cuestionamiento de su prestigio” y “para garantizarles que puedan impartir Justicia con independencia, en el marco de la Constitución, el Estado de derecho y la separación de poderes”. 

La prevista para este miércoles era una cita enmarcada en la ronda de contactos que el ministro ha iniciado tras asumir la cartera, pero que había adquirido cierta relevancia dado su indisimulado empeño por mostrar que tras la investidura se ha abierto una “nueva etapa” en la que el Gobierno tiene como uno de sus principales objetivos sacar de la parálisis al CGPJ, que acaba de cumplir cinco años en funciones. Un bloqueo que tiene unas consecuencias especialmente notables en el Supremo, donde ya hay 23 plazas sin cubrir ante la imposibilidad de que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos cuando, como ahora, tiene su mandato caducado. 

Es una situación que el propio presidente del Supremo calificó de “crítica, casi de respiración asistida” en su discurso durante la última apertura judicial. Y que iba a abordar con Bolaños en la reunión de este miércoles. Ahora, el asunto tendrá que esperar unos días. En un comunicado, Marín obvió la cancelación de la reunión y se limitó a decir que el “ataque personal” de la diputada Nogueras al anterior presidente del Supremo, a un presidente de Sala y a dos magistrados “carece de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de Derecho”. 

En el Tribunal Supremo las palabras de Nogueras han sido recibidas como un ataque más a su trabajo y su independencia, aunque distintas fuentes del Alto Tribunal no les aportan mayor gravedad que a otras declaraciones similares, sobre todo de políticos independentistas. Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, y Manuel Marchena, cara visible del juicio que terminó en condenas de hasta 13 años de cárcel, han sido objeto constante de críticas desde hace años, en el caso de Llarena incluso con pintadas cerca de uno de sus domicilios. Estas fuentes celebran, en cualquier caso, que el encuentro entre el ministro y el presidente del Supremo se vaya a celebrar finalmente. 

En un comunicado conjunto, la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales —todas menos las de tendencia progresista— consideró que las declaraciones de Nogueras son “sumamente graves” y suponen una “peligrosa deriva” que “no solo debilita al Poder Judicial sino también al país”. En otro comunicado, la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, también criticó el “señalamiento público” de integrantes de la carrera judicial “con sus nombres y apellidos”, si bien afeó al presidente del CGPJ que el órgano no hubiera reaccionado de la misma manera en defensa de otros magistrados, como el progresista José Ricardo de Prada.

El tono lo elevó especialmente la presidenta de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, que apuntó que tras el “señalamiento” de Nogueras, lo siguiente será colocar a los magistrados “la estrella de brazalete”, en alusión al que colocaban los nazis a los judíos.

“Inadmisible señalamiento”

A las críticas a Junts también se sumó el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, con quien Bolaños sí se reunió el pasado 24 de noviembre, sólo tres días después de tomar posesión de su nueva cartera. En otro comunicado, Guilarte, elegido en su día a propuesta del PP, calificó de “inadmisible” el “señalamiento” a magistrados concretos y advirtió de que el órgano de gobierno de los jueces tomará las “medidas necesarias” para “proteger su independencia”, al tiempo que les mostró su “apoyo expreso”. 

El encuentro entre Bolaños y Guilarte sirvió al Gobierno para escenificar cierta sintonía entre ambos después de que la mayoría conservadora del órgano de gobierno de los jueces hubiera logrado sacar adelante un duro pronunciamiento sobre la ley de amnistía antes incluso de que ese texto fuera presentado. Una declaración que afirmaba que la despenalización del procés supone la “abolición del Estado de derecho” y de la que se desmarcó Guilarte, que pidió a los vocales no interferir en la actividad política. 

En todo caso, ese no será el único texto sobre la amnistía que realice el CGPJ. El órgano de gobierno de los jueces dio este miércoles el primer paso para realizar un informe jurídico sobre esa medida cuyo amparo legal genera debate entre los expertos. La Comisión Permanente —el núcleo duro de la institución— designó este miércoles a los vocales Wenceslao Olea, del sector conservador; y Mar Cabrejas, del bloque progresista; como ponentes de la propuesta de informe solicitado por el Senado.

En un comunicado, el CGPJ afirma que la petición de la Mesa del Senado —donde el PP tiene mayoría— se produce al amparo de lo dispuesto en el artículo 561.1.9º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece entre las materias que pueden ser sometidas a informe del CGPJ “cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas estimen oportuna”.

Es una cuestión que, no obstante, genera debate entre los juristas. Algunos entienden que ese artículo de la ley del Poder Judicial limita los informes de los órganos consultivos a las iniciativas legislativas que tienen su origen en el Gobierno, no en proposiciones de ley que emanan de los grupos parlamentarios, que es la vía utilizada para tramitar la amnistía. El PSOE ha pedido a la Mesa del Senado que reconsidere la decisión de pedir este informe, informa Europa Press. En todo caso, en el órgano de gobierno de los jueces se daba por hecho que si el Senado solicitaba ese estudio jurídico, este se realizaría. 

Es un trabajo que los vocales Olea y Cabrejas realizarán mano a mano con los letrados del gabinete técnico, el órgano asesor de la institución. En todo caso, la última palabra la tendrá el pleno, donde el sector conservador tiene una abrumadora mayoría: diez vocales elegidos en su día a propuesta del PP frente a seis progresistas. Una correlación de fuerzas que augura, sin duda, un informe crítico con la medida gracia promovida por el Gobierno y sus socios de investidura y que precisamente este martes superó su primer trámite parlamentario en el Congreso.