El Poder Judicial alcanza los 2.000 días en funciones por el bloqueo del Partido Popular

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este domingo 2.000 días en funciones. Son cinco años, cinco meses y 22 días de interinidad en la principal institución del tercer poder Estado, la que designa a los jueces más relevantes del país. La mayoría de sus consejeros juraron o prometieron sus cargos el 4 de diciembre de 2013, cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta, Alberto Ruiz Gallardón era ministro de Justicia y la jefatura del Estado todavía la ocupaba Juan Carlos I. Salvo algunas renuncias —dos jubilaciones, cuatro dimisiones y un fallecimiento— la mayoría de vocales siguen ahí más de una década después, con la relación entre ellos cada vez más deteriorada y acumulando choques con el Gobierno de coalición. 

El mandato de cinco años que consagra la Constitución concluyó el 4 de diciembre de 2018, pero la renovación no ha sido posible por el bloqueo del Partido Popular, que ha esgrimido excusas cambiantes en función del momento político: de los acuerdos parlamentarios con EH Bildu al veto a los dos candidatos propuestos por Podemos, los indultos a los líderes independentistas condenados por el procés o la reforma que derogó la sedición. Ahora, el órgano cruza el umbral de los 2.000 días en funciones en una precaria situación: con un pleno mermado (con 16 de sus 21 miembros: diez conservadores y seis progresistas), un segundo presidente “por sustitución” que también ha amenazado con dimitir y con unas atribuciones limitadas. 

Este domingo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido en que es “urgente” renovar el CGPJ y ha acusado al PP de “bloquear y secuestrar” el organismo “porque les conviene”. Bolaños ha añadido en un mensaje en X que “si el PP sigue poniendo excusas, buscaremos alternativas”. El PSOE también ha publicado en la red una cronología en la que repasa los principales pasos dados por el PP desde 2018 y que han contribuido al bloqueo del CGPJ. Desde el acuerdo para la renovación sellado entre el PP y PSOE aquel año, y que quedó roto pocos días después, hasta el intento de 2021 y el de 2022, que rompió el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Tampoco ha dado frutos, al menos por el momento, la mediación de la Comisión Europea que exigió el partido de Alberto Núñez Feijóo y que el Gobierno aceptó de inmediato. Tres reuniones en Bruselas y una en Estrasburgo no permitieron cerrar un acuerdo. En el PP mantienen una posición de máximos: la negociación del CGPJ debe ir pareja a una serie de reformas legales e institucionales que van mucho más allá del órgano de gobierno de los jueces y que afecta, por ejemplo, al Tribunal Constitucional. 

Y, sobre todo, los conservadores han exigido que los 12 vocales que pertenecen a la carrera judicial sean elegidos de forma directa por sus compañeros sin necesidad de un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas, que ahora votan sobre una preselección que hacen los propios jueces. Es una exigencia que coincide con las reclamaciones de fondo de la Comisión Europea —que pide cambiar la norma que está vigente desde hace 38 años—, aunque Bruselas pide que el órgano sea renovado primero. 

Esa posición del PP supone una enmienda a la totalidad de la actual fórmula de elección parlamentaria, que fue ratificada en un pacto suscrito en 2001 con el PSOE y que no modificó en sus dos mayorías absolutas. Es un cambio de modelo que supone una línea roja para los partidos de la izquierda, pues permitiría a la derecha judicial copar el CGPJ. Así ocurre con las salas de gobierno de los tribunales, que se eligen con ese sistema y donde la presencia de las asociaciones conservadoras es abrumadora. 

Enfrentamientos con el Gobierno  

Entre tanto, el estado de degradación en el que se encuentra el CGPJ se pone de manifiesto en la cada vez más tensa relación entre los vocales, que acumulan el desgaste de cinco años de interinidad; pero también en los choques con el Ejecutivo de coalición. Los más recientes, a raíz del retraso en la elaboración del informe sobre la sobre la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), la gran reforma del proceso penal que tiene pendiente el Gobierno o la insistencia de los conservadores en hacer un informe crítico con la ley de amnistía antes incluso de su aprobación. 

En varias declaraciones públicas, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha cuestionado que el órgano lleve tres años para hacer este informe, mientras aprobó una declaración sobre la amnistía antes de que se conociera la ley. “Le pido a los vocales del CGPJ que cumplan con sus obligaciones constitucionales y emitan ya un informe sobre la ley de enjuiciamiento criminal que está pendiente desde hace tres años a pesar de que sí hacen informes sobre leyes que no existen y que no exige la ley”, afirmó el pasado abril. 

No obstante, el enfrentamiento más sonado tuvo lugar a raíz de la ley que, desde marzo de 2021, impide al CGPJ hacer nombramientos cuando está en funciones. Hasta entonces —durante más de dos años y medio— un órgano prorrogado trazó buena parte de la composición de los principales tribunales para los próximos años al acordar 74 nombramientos en la cúpula judicial, 21 de ellos en el Tribunal Supremo. 

La tensión se incrementó a raíz de la urgencia con la que PSOE y Unidas Podemos, que entonces gobernaban en coalición, tramitaron esta iniciativa. El CGPJ, con el respaldo de 16 de sus 21 miembros, acusó a ambos partidos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés y éstos contestaron —a través de la Mesa del Congreso, donde tenían mayoría— pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar. El Tribunal Constitucional avaló esta reforma en octubre de 2023, aunque ha provocado que en el Tribunal Supremo las plazas sin cubrir alcancen las 25. 

Neutralizada la cuestión de los nombramientos por ese cambio legal, el CGPJ se ha convertido casi en una plataforma más de oposición del Gobierno progresista. En los últimos años ha ganado protagonismo un grupo de vocales especialmente beligerantes contra el Ejecutivo y a los que diversas fuentes dentro del órgano atribuyen un “hilo directo” con el PP con la voluntad de “desgastar” al Gobierno a través del altavoz que les otorga su pertenencia a la más alta institución del tercer poder del Estado. 

Este grupo de vocales lideró durante el otoño de 2022 el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, retrasando el cambio de mayorías de una conservadora a una progresista, y ha buscado el choque el Gobierno a raíz de la reforma del delito de sedición, la ley del ‘solo sí es sí’ y, más recientemente, la citada ley de amnistía. También consiguieron que el CGPJ rechazara por primera vez en democracia una propuesta de fiscal general del Estado realizada por el Ejecutivo. De hecho, ese dictamen es uno de los documentos esgrimidos por una asociación minoritaria de fiscales para pedir al Supremo que anule el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general. 

Recelos entre los vocales  

De puertas para adentro, el desgaste de más de cinco años de interinidad también se pone de manifiesto con hechos como los encontronazos entre los vocales o la renuncia de media docena de cargos del primer nivel de los órganos técnicos que se ha producido en los últimos meses. Todo ello, mientras la mayoría de los vocales no se plantean renunciar. Tras la salida de Lesmes en octubre de 2021, hace poco más de un año renunció Concepción Sáez, elegida a propuesta de IU, que justificó su salida por la “insostenible” situación del órgano. Pero ningún otro vocal ha seguido sus pasos. 

Habrá que ver si, en los próximos meses, el actual presidente interino, el conservador Vicente Guilarte, deja su cargo tal y como ha anunciado. Es una decisión que las fuentes consultadas vinculan, en parte, a la situación de gran tensión que se vive en el órgano. En los últimos tiempos se han acrecentado los recelos y la desconfianza entre los vocales. Si se produce esa salida, los vocales se verán obligados a elegir al tercer presidente “por sustitución” en menos de dos años.

La dimisión de Guilarte puede anticipar nuevas salidas, aunque las fuentes consultadas descartan una retirada en bloque que pueda dejar al órgano sin quórum, lo que abriría un escenario inédito pero que nadie se plantea por el momento. Si el bloqueo persiste, después del verano el CGPJ se acercará a los seis años de mandato prorrogado con los vocales elegidos hace más de una década cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta. Si no hay más salidas, la correlación de fuerzas seguirá siendo favorable a la derecha, con nueve consejeros conservadores y seis progresistas.