El Poder Judicial se da cinco días para escoger presidente entre jueces del procés, los ERE y los pinchazos del CNI

El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) echa a andar esta semana después de un lustro de bloqueo y con un primer objetivo en la agenda: elegir una nueva presidencia. Este jueves, en su primer pleno, los 20 nuevos vocales propusieron hasta siete candidaturas de jueces todos procedentes de las sala de lo Penal y lo Contencioso del Tribunal Supremo. Y será el próximo martes cuando, en otro pleno, se elija al nuevo máximo jefe del recién renovado CGPJ, por lo que los magistrados tienen cinco días para deliberar.

Las progresistas Pilar Teso y Ana Ferrer se alzan como dos de las candidatas con más opciones en un momento en que el objetivo es que una mujer presida el órgano de gobierno de los jueces, mientras que la sorpresiva candidatura de Antonio del Moral se plantea como la opción más solida de los conservadores. Los siete son jueces por cuyas manos han pasado algunas de las sentencias más relevantes de la última década: el caso Gürtel, los ERE de Andalucía, el procés independentista, la exhumación de Franco o las escuchas del CNI a políticos catalanes.

Pilar Teso ha sido el nombre que ha sonado con más fuerza desde hace varios años. Magistrada de la Sala de lo Contencioso del Supremo desde 2008, llegó al alto tribunal tras pasar por juzgados y tribunales de Madrid, Extremadura y la Audiencia Nacional. El suyo es uno de los nombres más respetados de la sala y está considerada de perfil progresista aunque ha llegado a defender en público su independencia cuando medios de comunicación han afirmado su vinculación con partidos de izquierdas. Teso ya fue candidata a presidir el Poder Judicial hace once años, cuando apenas consiguió cuatro votos frente a los 16 que auparon a Carlos Lesmes a la presidencia del organismo.

Su firma está en la sentencia que en 2019 avaló la exhumación de Franco. Un año antes propuso sin éxito una vía intermedia para que el impuesto hipotecario fuera pagado por el banco aunque limitando la retroactividad del fallo. También fue ponente de la sentencia que quitó la legitimidad a la Fundación Franco para recurrir el borrado de calles franquistas del callejero de Madrid y la que estableció que Vox no puede vetar a medios de comunicación en sus actos electorales de final de campaña. En los últimos meses, Teso ha formado parte del tribunal que ha tomado decisiones clave sobre nombramientos discrecionales, oponiéndose a la tendencia de la mayoría de sus compañeros de anular estas designaciones. Además, la jueza firmó votos particulares en contra, por ejemplo, de las sentencias que han anulado los dos ascensos de Dolores Delgado en la Fiscalía.

También se posicionó contra la anulación del nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores. Suya es la ponencia de varias sentencias que, en los últimos años, han negado la legitimidad de Vox para presentar gran cantidad de sus recursos contra decisiones del Gobierno por ir más allá de sus posibilidades como partido político: entre otros, el nombramiento de Dolores Delgado, pero también la inclusión de Pablo Iglesias en la comisión delegada del Gobierno relacionada con el CNI.

Ferrer: de Roldán a los ERE

Ana Ferrer es otra de las mujeres cuyo nombre suena como candidata a presidir el órgano de gobierno de los jueces desde el frustrado ascenso de Manuel Marchena hace un lustro. En 2014 se convirtió en la primera mujer en entrar a formar parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, aunque para entonces ya llevaba varios años presidiendo la Audiencia Provincial de Madrid, además de haber sido la jueza que llevó las riendas de la investigación contra Luis Roldán, exdirector de la Guardia Civil con el PSOE condenado por corrupción.

De perfil progresista, Ferrer formó parte del tribunal que condenó a los líderes del procés de manera unánime por sedición, malversación y desobediencia, aunque su opinión ha disentido de la de sus compañeros a la hora de valorar el alcance de la amnistía: ha sido la única magistrada de lo penal del Supremo que, en un voto particular, ha apostado por extender el perdón de la ley también al delito de malversación del que está acusado, entre otros, Carles Puigdemont.

Ferrer también ha firmado uno de los votos particulares más relevantes de la última década: el escrito con Susana Polo en el que ambas magistradas cuestionaban la condena por malversación de caudales públicos de varios altos cargos andaluces de los ERE de Andalucía. Precisamente es el voto particular en el que el Constitucional ha basado parte de sus argumentos para eliminar las condenas de cárcel por este delito. También ha llevado las riendas de la investigación contra José Manuel Baltar, senador del PP, por conducir a 215 kilómetros por hora.

Del Moral: de Gürtel al procés

Una candidatura del sector conservador que ha pillado a muchos por sorpresa este jueves en la sede del CGPJ de la calle del Marqués de la Ensenada de Madrid es la de Antonio del Moral. Fiscal de carrera y magistrado de la sala segunda del Supremo desde 2012, es considerado de perfil conservador y cercano a Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, aunque su candidatura no ha sido recibida como una mala noticia entre los progresistas del nuevo Consejo. Considerado como un juez de alta calidad técnica, Del Moral se alza de cara al martes como la opción más sólida en caso de que el sector designado por el PP decida impulsar su candidatura.

Del Moral, como Ferrer, participó en el juicio al procés independentista y firmó la sentencia que impuso condenas por sedición, malversación y desobediencia. También es, por tanto, uno de los cinco magistrados que ha firmado la dura cuestión de inconstitucionalidad contra la amnistía. Su firma está también, entre otras, en la sentencia que confirmó la condena del PP como partícipe a título lucrativo de la trama Gürtel y tiene pendiente sentenciar en firme la ramificación del caso sobre la reforma de la sede central del partido con dinero negro. Fue también uno de los cinco magistrados del Supremo que condenó a Iñaki Urdangarin en el caso Nóos.

Las escuchas del CNI

El nombre de Pablo Lucas Murillo de la Cueva ya había sonado en más ocasiones como posible presidente del Consejo General del Poder Judicial. Magistrado del Supremo desde hace más de dos décadas, adonde accedió como jurista de reconocida competencia al no ser juez de carrera, es, además, presidente de la Sala de lo Contencioso desde hace año y medio. El juez ha sido ponente de sentencias de relevancia pública en los últimos años: la que avaló la exhumación de Franco, la que anuló el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, la que anuló la exclusión de los toros del Bono Cultural Joven o una de las primeras que dio luz verde a la retirada de nombres franquistas del callejero de Madrid.

Considerado de perfil progresista, Pablo Lucas ha visto cómo su faceta menos conocida se ha convertido en su gran obstáculo para ser elegido presidente del Consejo: durante años fue el encargado del control judicial previo de la actividad del Centro Nacional de Inteligencia. Fue designado por primera vez en 2009 y renovado varias veces, ejerciendo el cargo durante más de una década.

Según ha destapado la investigación llevada por un juzgado de Barcelona, fue este magistrado del Tribunal Supremo quien autorizó el espionaje con el software Pegasus, entre otros, a Pere Aragonès, en la actualidad president en funciones de la Generalitat catalana y entonces dirigente de ERC. El CNI le acusaba entonces de ser el líder “en la clandestinidad” de los Comités de Defensa de la República (CDR), siendo incluso vicepresidente del Govern.

Lamela: la primera jueza del procés

Otra de las candidatas propuestas desde el sector conservador es Carmen Lamela. Magistrada de lo penal, llegó a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el verano de 2018 después de cuatro años en la Audiencia Nacional en los que firmó diversas actuaciones polémicas: desde mantener año y medio en prisión provisional a un joven anarquista acusado de terrorismo –que finalmente ha sido absuelto e indemnizado– hasta impulsar también por terrorismo la causa por la agresión múltiple a varios guardias civiles y sus parejas en Alsasua, finalmente tampoco condenados por ese delito. Fue también la magistrada que encarceló de forma preventiva durante casi dos años a Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, en una causa en la que fue finalmente absuelto.

Sus últimos meses en la Audiencia Nacional, antes de ser designada para el Supremo por los 13 votos del sector conservador de un CGPJ que todavía entonces no había caducado, giraron en torno al procés independentista catalán. Fue la primera magistrada en llamar a declarar a los miembros del Govern de Carles Puigdemont tras la querella por rebelión de la Fiscalía, y también la que dictó las primeras órdenes de prisión contra Oriol Junqueras y el resto de altos cargos catalanes, antes de que esa causa fuera asumida por el juez Llarena en el Tribunal Supremo.

También fue la magistrada que llevó las riendas de la instrucción contra Josep Lluís Trapero, major de los Mossos d'Esquadra, por su papel en el referéndum del 1-O. La jueza procesó a Trapero y la cúpula de la policía autonómica catalana por sedición y organización criminal, cargos de los que fueron finalmente absueltos en una sentencia que la Fiscalía no recurrió. Una vez en el Supremo, Lamela no ha sido ponente de ningún asunto relevante dentro de la Sala de lo Penal. En los últimos años, por ejemplo, ha rechazado diversas querellas: la de Podemos acusando de 'lawfare' a Manuel García Castellón, o de Vox contra rivales políticos como Pablo Echenique y Reyes Maroto. También ha sido ponente de la sentencia que confirmó una de las múltiples condenas de Jaume Matas, expresident de Balears, por corrupción.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces entienden que Lamela cuenta con un perfil demasiado marcado en relación con el procés independentista para ser considerada una candidata con opciones de llegar al mando del Consejo y el Tribunal Supremo. Otras dos aspirantes proceden de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, donde ejercen desde hace cuatro años tras haber sido una de las últimas incorporaciones antes de que una reforma legal impidiera al CGPJ caducado hacer nombramientos: Ángeles Huet y Esperanza Córdoba. La primera es considerada progresista, asociada al menos hasta 2019 a Juezas y Jueces para la Democracia y en su momento ya fue vocal de procedencia judicial en el CGPJ apoyada por el PSOE. Votó en contra de los recursos de PP y Vox contra los indultos del procés.

Esperanza Córdoba llegó a la sala tercera del Supremo el mismo día que Huet, desde hace años convertida en una estrecha colaboradora de Carlos Lesmes, primer presidente del último mandato ya finalizado: fue jefa del servicio de inspección del Consejo entre 2014 y 2020. Previamente había ejercido en la Audiencia Nacional.

La designación de los 20 nuevos vocales del Consejo vino precedida de una negociación entre partidos políticos que culminó con el anuncio público de PSOE y PP para anunciar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. La elección de la presidencia se lleva con más discreción, siendo muy explícito el ministro Félix Bolaños al afirmar que es una decisión que está en manos de los vocales. Con el recuerdo muy presente de la opción fallida de Manuel Marchena en 2018, en el órgano de gobierno de los jueces saben que cualquier anuncio contundente antes de la votación del martes puede tener por objetivo no anunciar una candidatura sino quemarla.