El Poder Judicial en funciones afronta dividido el debate sobre la amnistía impuesto por los conservadores

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene su mandato caducado desde hace casi cinco años, debatirá este lunes en un pleno extraordinario si aprueba una dura declaración institucional contra una ley de amnistía de la que todavía no se conoce su contenido. La propuesta parte de ocho vocales elegidos en 2013 a propuesta del Partido Popular, que forzaron la celebración de una sesión con ese único punto en el orden del día.

El debate se celebrará en medio de un clima de gran división interna entre unos vocales que arrastran el desgaste de casi un lustro de interinidad por el bloqueo a la renovación impuesto por el PP desde 2018. Hasta este domingo, todo apuntaba a que la decisión final estaría en manos de alguno de los dos miembros del ala conservadora que no habían firmado el escrito al contar, a priori, con el rechazo en bloque del minoritario sector progresista. Contando con la asistencia de los 16 miembros del pleno, la declaración requería nueve votos para salir adelante. Pero el órdago del progresista Álvaro Cuesta, que sostiene que no acudirá al pleno al considerarlo “ilegal”, rebaja el quórum, lo que facilitaría que esa declaración saliera adelante sólo con los votos de sus proponentes, del bloque conservador, coinciden las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es. 

Se trata del considerado núcleo duro, que en los últimos años ha mantenido una posición especialmente beligerante contra el Gobierno de coalición. Su último movimiento pasa por intentar que la institución más importante del tercer poder del Estado haga un severo pronunciamiento contra la despenalización del procés que negocian desde hace semanas el PSOE y los partidos independentistas. La declaración no tendría ningún efecto práctico, pero sí un innegable eco mediático. Y, sin duda, sería utilizada por PP y Vox en sus apocalípticas predicciones sobre el futuro de España y la democracia si el acuerdo de investidura finalmente se consuma.

No se espera, en todo caso, que ninguno de los seis miembros del minoritario sector progresista vote a favor. Aunque hay matices entre sus miembros, la opinión mayoritaria en este grupo es que no compete al órgano de gobierno de los jueces hacer pronunciamientos sobre una iniciativa legislativa que ni siquiera se ha presentado. No obstante, es una incógnita si alguno de los miembros de este bloque seguirá el planteamiento de Cuesta, que sostiene que no debería acudir ninguno de los vocales elegidos en su día a propuesta de PSOE y PNV y que, de esa manera, la reunión quedaría suspendida por falta de quórum. 

“No seré yo quien contribuya a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las Cortes españolas en el año 2013, puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio del año 2023”, recoge el escrito que este vocal envió el domingo por la mañana al presidente del órgano y en el que solicitaba la “desconvocatoria” del pleno, que considera “improcedente e ilegal”. Y le comunicaba, además, que si la cita se mantenía él no asistiría. A última hora del día, el presidente le contestó con otro escrito en el que rechazaba su petición.

No obstante, otros vocales progresistas defienden que su obligación es acudir y confrontar los argumentos de los proponentes, lo que descarta, en principio, la posibilidad de que la sesión no se constituya por falta de quórum. “La propuesta es infumable, pero hay que estar y defender allí una posición. Nos legitima más actuar conforme a una institución seria”, dice otro vocal. 

Los otros dos miembros del sector conservador que no han firmado la petición son el magistrado del Tribunal Supremo Wenceslao Olea y el presidente interino, Vicente Guilarte. Este último es muy cercano a la familia de Mariano Rajoy. Además, uno de sus principales clientes en su profesión de abogado —que ha tenido que dejar en suspenso tras ser nombrado presidente del órgano— ha sido el Colegio de Registradores, donde fue alto cargo uno de los hermanos del expresidente del Gobierno. Estas circunstancias llevan a algunos vocales a considerar que finalmente se sumará a la declaración, aunque la mayoría de consejeros creen que mantendrá una postura institucional y no dará su apoyo a la iniciativa. 

El posicionamiento de estos dos vocales ha provocado, en el pasado, el fracaso de votaciones promovidas por este mismo núcleo duro en cuestiones controvertidas. En noviembre del año pasado, no lograron el respaldo del pleno para que el órgano hiciera un informe sobre la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición. Entonces, votaron en contra los ocho miembros que tenía en ese momento el sector progresista y Guilarte, mientras que Olea votó en blanco. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 561.1 que se someterán a informe del CGPJ los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre modificaciones de la norma que regula el Poder Judicial. Sin embargo, esa reforma se planteó como proposición de ley de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, una modalidad que no requiere ese control previo. Es la misma fórmula que previsiblemente se utilizará para tramitar la hipotética ley de amnistía, una cuestión que también genera enorme suspicacia en el bloque conservador. De hecho, es uno de los elementos a los que aluden para justificar la pertinencia de que el CGPJ “emita su opinión mediante una declaración institucional”, pues esa vía elude su función consultiva. 

Año y medio antes, en abril de 2021, tampoco había salido adelante la propuesta de parte del bloque conservador de impugnar ante el Tribunal Constitucional la reforma que le impide hacer nombramientos en funciones. En ese momento votaron en contra todos los progresistas, el expresidente Carlos Lesmes —que dimitió en octubre de 2022— y tres de los vocales elegidos por el PP: Olea, Guilarte y en esta ocasión también se unió José María Macías, que sí está entre los promotores de la declaración contra la eventual amnistía. No obstante, Macías votó en contra al considerar que la propuesta de presentar un conflicto de atribuciones ante el tribunal de garantías “se quedaba corta”, según el voto particular concurrente que publicó ABC.

“Abolición del Estado de derecho”

Ahora estará sobre la mesa un texto que acusa al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de “confundir el interés de España” con su interés personal de “evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya” y que afirma que la medida de gracia supone la “abolición del Estado de derecho”.

Consultados por elDiario.es, algunos de los vocales que firman la propuesta reconocen que se refieren a una norma de la que no conocen su contenido. No obstante, consideran que su movimiento está justificado desde el momento en el que Sánchez argumentó que la amnistía es la única forma de “no dar una segunda oportunidad a Feijóo y Abascal”. También aludió, no obstante, a la “convivencia entre españoles” y la necesidad de cerrar la fractura causada por el procés. 

La propuesta de declaración afirma que la hipotética amnistía convierte “en una quimera” la independencia de los tribunales y supone la “abolición del Estado de derecho”. Considera, además, que la amnistía es inconstitucional, obviando el hipotético pronunciamiento que pueda hacer en su día el Tribunal Constitucional, la instancia que tendrá la última palabra sobre cualquier iniciativa jurídica de despenalización de las causas que derivan del 1 de octubre de 2017.