El Poder Judicial en funciones avala que jueces se manifestaran con sus togas contra el pacto de PSOE y Junts

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de cinco años, no sancionará a los jueces que se manifestaron el pasado noviembre contra el contenido del acuerdo de investidura firmado por el PSOE y Junts ataviados con las togas que tienen la obligación de vestir durante los actos jurisdiccionales. Esas concentraciones, que se celebraron ante las sedes de juzgados y tribunales, también derivaron en actos de rechazo a la ley de amnistía.

La Comisión Permanente —el núcleo duro de la institución— aprobó por unanimidad en su reunión de este jueves una propuesta de acuerdo de la autoridad disciplinaria que sostiene que “mostrar preocupación por la separación de poderes y la independencia judicial carece de trascendencia disciplinaria”, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. 

El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ acordó en un mismo documento abrir y cerrar las diligencias informativas incoadas a raíz de dos denuncias presentadas por la asociación Preeminencia del Derecho, representada por el abogado José Luis Mazón. En las denuncias, el colectivo alegaba que esas movilizaciones comprometieron la “imparcialidad” de los jueces que asistieron y supusieron una “instrumentalización del Poder Judicial para la lucha política”. Una de las denuncias se centraba en los presidentes de las audiencias provinciales de Córdoba y Jaén y en el juez decano de Sevilla, que acudieron a estas movilizaciones e hicieron declaraciones a los medios. La otra iba dirigida contra los jueces que asistieron a la concentración en la ciudad de Córdoba, la primera en celebrarse, aunque sin identificarlos nominalmente. 

La propuesta de archivo aprobada descarta que se pueda aplicar a estas movilizaciones el artículo 418.3 de la ley del Poder Judicial, que considera falta grave “dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición”. El argumento utilizado es que no se dan, en este caso, los elementos que convertirían en sancionable la conducta de los jueces: ni las concentraciones ni las declaraciones tienen como destinatario “un poder del Estado”, ni se dan en ellas “críticas o censuras”. 

Por ejemplo, en la circular que envió el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, citaba a los magistrados y jueces a una concentración “para rechazar las referencias” que se hacían en el acuerdo entre PSOE y Junts “al 'lawfare' o judicialización de la política y sus consecuencias” y expresar su “adhesión expresa” al contenido del comunicado que días antes habían publicado todas las asociaciones judiciales. En otras ciudades como Salamanca, el motivo de la convocatoria fue reunirse “en defensa de la separación de poderes y contra la ley de amnistía”, según fuentes de la Audiencia Provincial consultadas por Europa Press.

El término 'lawfare' sirve para designar maniobras para, a través de los tribunales o los cuerpos policiales, perjudicar a un determinado sector político. El acuerdo entre ambas formaciones prevé que la ‘guerra judicial’ contra el independentismo se investigue en el Congreso, lo que soliviantó a todas las asociaciones de jueces y fiscales. Tras el revuelo formado, el PSOE explicó después que el Parlamento no fiscalizará sentencias y solo tendrá en cuenta las conclusiones de investigaciones parlamentarias ya comprometidas.

El acuerdo, de nueve páginas, hace alusión a diferentes sentencias del Tribunal Supremo que, a lo largo de años, han ido modulando el derecho a la libertad de expresión de los jueces. La conclusión a la que ha llegado la doctrina del Alto Tribunal es que los jueces gozan del derecho a expresar libremente sus ideas y opiniones, aunque esa libertad de expresión tiene límites. Por ejemplo, deben abstenerse de realizar conductas que “quebranten la confianza social en el Poder Judicial”. 

“Confianza social” en el sistema judicial

A este respecto, el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, recuerda que el órgano de gobierno de la magistratura aprobó en 2016 un documento que determinó que los jueces deben ejercer su derecho a la libertad de expresión con “prudencia y moderación” con el objetivo de “preservar la independencia y apariencia de imparcialidad” y mantener la citada “confianza social” en el sistema judicial y en los órganos jurisdiccionales.

Pero, en base a esta doctrina, la autoridad disciplinaria concluye que resulta “evidente” que los jueces y magistrados denunciados no han llevado a cabo una actuación que pueda ser sancionable. E incluso llama la atención sobre los “enormes riesgos” desde el “punto de vista democrático” que implica “confundir 'opinar' con 'criticar'”. Según su informe, con estas manifestaciones los jueces únicamente pretendían exteriorizar “una preocupación frente a las consecuencias de un acuerdo” y trasladar a los ciudadanos “la necesidad de respetar la separación de poderes y la independencia judicial”. 

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), de tendencia progresista, sí firmó el comunicado junto al resto de asociaciones judiciales que criticaba las menciones al 'lawfare' en el acuerdo entre el PSOE y Junts. Sin embargo, no secundó las movilizaciones de jueces. En un mensaje en la red social X —antes Twitter— este colectivo señaló que esas convocatorias “no garantizan” que los magistrados mantengan “una imagen de imparcialidad y neutralidad”.