El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones ha certificado este jueves su rechazo al Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, uno de los proyectos estrella del Gobierno de coalición. Una mayoría de vocales ha respaldado un informe que alerta de la supuesta invasión de competencias autonómicas y pone objeciones a alguna de las medidas clave de la norma, como la limitación del precio del alquiler en las llamadas áreas tensionadas. El dictamen ha salido adelante con 15 votos a favor y seis en contra. Necesitaba once votos para ser aprobado.
Durante más de dos horas, los vocales han debatido la propuesta que redactaron José Antonio Ballestero, vocal elegido a propuesta del PP; y Enrique Lucas, designado a propuesta del PNV; tras el rechazo del pleno a un texto previo del progresista Álvaro Cuesta, designado como primer ponente, y que planteaba, aunque con algunas objeciones, respaldar esta norma. Los seis vocales que han votado en contra del informe finalmente aprobado —todos de la minoría progresista— han anunciado que presentarán un voto particular.
A pesar de tener su mandato caducado desde hace más de tres años, el CGPJ mantiene entre sus funciones la realización de informes sobre anteproyectos de ley y otras disposiciones. Aunque las conclusiones de este informe no son vinculantes para el Gobierno, su aprobación sí es un trámite preceptivo. Con el dictamen aprobado, el texto puede ir ya al Consejo de Ministros e iniciar después su tramitación parlamentaria.
A favor de este informe crítico con el anteproyecto del Gobierno han votado, además de los ponentes y del presidente, Carlos Lesmes, las progresistas Roser Bach y Victoria Cinto y los conservadores Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea. En contra se han posicionado los progresistas Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. Los cinco últimos han anunciado la formulación de un voto particular para que quede constancia de su posición contraria a la mayoritaria.
Crítica al control de precios
El documento finalmente aprobado cuestiona una de las medidas más relevantes de la nueva ley: el freno al alza de los precios del alquiler en las llamadas áreas tensionadas, situadas principalmente en grandes ciudades. Califica de “farragoso” el artículo que permite topar ciertos alquileres y cuestiona que la “carga patrimonial” de esa medida no recaiga sobre las Administraciones Públicas, sino en “arrendadores privados” que no son “suficientemente compensados con los incentivos fiscales” previstos en la norma.
Además, advierte de que es un “tema constitucionalmente sensible” y de que la aplicación de esta nueva regulación estará condicionada “decisivamente” por las competencias autonómicas a la hora de establecer el índice de alquileres y las zonas de mercado residencial tensionado. Afirma, asimismo, que la “complejidad reglamentista” de esta medida puede derivar en “no pocos procedimientos judiciales” y critica que “quizás no resulte adecuada” su “generalización y mantenimiento” cuando acabe la pandemia.
Similares objeciones hace el informe a la disposición que introduce mejoras en la regulación del procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad. Así, los ponentes afirman que tanto esta medida como la que permite limitar los precios en zonas tensionadas carecen de “justificación suficiente” y de una evaluación de los “beneficios sociales e inconvenientes que se pueden derivar de ellas” sobre la base de un análisis empírico. “Tampoco incorpora el anteproyecto cláusulas de salvaguarda, como establecer un periodo temporal de aplicación de las medidas restrictivas”, critica el documento.
El texto también remarca las competencias autonómicas en materia de vivienda y alude, en varias ocasiones, al artículo de la Constitución que subraya que las autonomías “podrán asumir competencias” en materia de “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda” y en virtud del cual las comunidades han aprobado una “estimable legislación” que, según los ponentes, se vería “afectada” por la nueva ley. De hecho, augura que lo que califica como “expropiación de la regulación autonómica por el legislador estatal” generará una situación de gran inseguridad jurídica al resultar difícil determinar qué norma habrá de aplicarse cuando no concuerden entre sí.
En este sentido, el documento insiste en que el anteproyecto contempla un “claro dirigismo” de la actuación de las instituciones autonómicas y locales en materia de vivienda que puede tener un “problemático encaje” en el orden constitucional de competencias. Y cita, en este punto, la sentencia del Tribunal Constitucional que, hace más de tres décadas, dejó dicho que las comunidades pueden “desarrollar una política propia” en materia de vivienda.
El dictamen es especialmente duro con las definiciones de determinados conceptos vinculados al derecho a la vivienda que recoge el anteproyecto. Afirma que el artículo que recoge esas descripciones “merece una crítica parcialmente desfavorable” al recoger una serie de conceptos jurídicos que incluso llega a calificar de “vulgares” y que “exceden el objeto de una ley”. A este respecto, los ponentes muestran su desacuerdo, por ejemplo, con que se “fosilice” en una ley el concepto de “vivienda digna”, que califican de “relativo” y que creen que debería desarrollarse en un reglamento para que se acomode más fácilmente “a la mutante y variada realidad social”.
Mensaje al Gobierno
El informe también incluye un mensaje al Gobierno, donde han recordado en los últimos días que el CGPJ “solo se puede limitar a valorar cuestiones que afectan a la tramitación procesal”. Así, el órgano de gobierno de los jueces subraya su legitimidad para realizar estos dictámenes y afirma que el “alcance” de la función consultiva del CGPJ “no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe”. En este sentido, apunta que el Ejecutivo “carece de toda capacidad de disposición” en este aspecto porque ha de ceñirse a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya interpretación (...) “ha venido siendo pacíficamente aceptada por los distintos Gobiernos y hasta el momento presente”.
Este informe —que ya se esperaba crítico con el anteproyecto— también ha tensionado en los últimos días al Gobierno de coalición. Especialmente, después de que Unidas Podemos mostrara sus recelos por la actitud que puedan mantener los socialistas tras su aprobación. La preocupación en el socio minoritario se intensificó esta semana después de que el titular de Presidencia, Félix Bolaños, hablara de la posibilidad de incluir “mejoras” una vez tuvieran el dictamen en sus manos. Sin embargo, los socialistas habían descartado hacer cambios que afecten a aspectos sustanciales de la ley. “El Gobierno hace leyes que son constitucionales. El informe es preceptivo pero no vinculante. Vamos a hacer una buena ley”, trataban hace unos días de calmar los ánimos en la Moncloa.
Este jueves, tras trascender el informe se ha pronunciado al respecto la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que ha afirmado que el anteproyecto “no supone una vulneración de las competencias de las comunidades” y ha insistido en que “habrá ley de vivienda”. “La parte más conservadora de la sociedad siempre se ha resistido a los grandes avances de los gobiernos socialistas, como la Ley del Aborto, del Matrimonio Igualitario, Eutanasia o contra la Violencia de Género. No nos distraerán de nuestros objetivos: habrá Ley de Vivienda”, ha afirmado en su cuenta de Twitter.
Después, en una entrevista en TVE, la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha asegurado que el Gobierno respeta el informe del órgano de gobierno de los jueces al tiempo que ha defendido la “solvencia jurídica” del anteproyecto y ha reiterado que “respeta la Constitución” y que “no supone una vulneración de las competencias de las comunidades”. “Reconocemos que las comunidades tienen competencias exclusivas en materia de vivienda pero también el Estado tiene competencias a la hora de garantizar el acceso a la vivienda de los ciudadanos”, ha sostenido la ministra.
Por su parte, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, también ha criticado la decisión del CGPJ de rechazar la ley de vivienda haciendo alusión a otras normas que han supuesto avances sociales. “El CGPJ, con el mandato caducado desde hace tres años, se opone a la primera ley de vivienda de la democracia, que busca frenar la especulación y proteger el derecho a la vivienda que recoge la Constitución”, ha apuntado Belarra. Y ha añadido: “Ocurrirá como con el matrimonio igualitario, acabarán dándonos la razón”.