El Poder Judicial en funciones desafía al Gobierno e incumplirá la ley en la renovación del Constitucional

El choque institucional entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones suma un nuevo episodio, este definitivo. Todo, a propósito de la frustrada elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al órgano de gobierno de los jueces. El pleno extraordinario convocado este jueves para hacer esas designaciones acabó sin acuerdo. Los vocales ni siquiera llegaron a debatir sobre posibles candidatos en cuatro horas de reunión y se limitaron a fijar unas “reglas de procedimiento” sobre cómo designar a los aspirantes que demorará el proceso y hará imposible cumplir con la ley, que tras su última modificación, fija la fecha tope en el próximo martes, 13 de septiembre. 

Los consejeros se emplazaron a seguir negociando a través de interlocutores designados por cada sector, pero sin calendario ni perspectiva de que se pongan nombres encima de la mesa de manera inminente. Todo apunta, por tanto, a que se rebasará la fecha límite fijada en la ley, que establece que la designación debe realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior.

La cuestión de los plazos centró parte de los debates de la reunión de este jueves, aunque no hubo consenso para incluir una fecha en las reglas fijadas ni para convocar ya otro pleno para el día 13 como propuso la vocal Concepción Sáez, elegida a propuesta de IU, y que buscaba una fórmula para cumplir con la ley.

El bloqueo a la renovación inminente del tribunal de garantías por parte del CGPJ eleva la tensión entre el caducado CGPJ y el Gobierno, que decidió finalmente no nombrar a sus dos magistrados del Constitucional hasta que el órgano de gobierno de los jueces designe a los suyos, según han confirmado a elDiario.es fuentes de la Moncloa. Se retrasan así los planes del Ejecutivo de cambiar ya la mayoría conservadora por otra progresista en el Constitucional, que es el tribunal encargado de interpretar la norma fundamental del Estado y que tendrá que pronunciarse sobre asuntos tan sensibles como el aborto, la eutanasia o la reforma que impide que el CGPJ nombre a jueces con el mandato caducado, como estaba ocurriendo hasta marzo de 2021.

En el Gobierno asumen ya que las designaciones se harán fuera de plazo, aunque aguardan que no se dilatarán demasiado en el tiempo.

“Tiempos de decisión”

Esta situación de bloqueo viene propiciada por una parte del sector conservador. Ocho de sus vocales habían anticipado esta semana su negativa a hablar de nombramientos sin fijar antes unas “reglas del juego”. La razón de fondo, sin embargo, es que están en contra de las reformas que ha aprobado el Gobierno para sortear el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ, que tiene su mandato caducado desde diciembre de 2018. La primera de esas reformas impidió a los vocales seguir nombrando magistrados con el mandato caducado y la segunda les autorizaba para hacerlo en el caso del Constitucional. Tras el plante de los ocho vocales conservadores, los progresistas decidieron no proponer ningún candidato en la reunión de este jueves. La consecuencia de todo es que el órgano de gobierno de los jueces acabará incumpliendo la ley.

Vocales del sector conservador reconocen en privado que el acuerdo puede tardar semanas en llegar e insisten en que es indispensable respetar los “tiempos de decisión” del CGPJ. La reforma de la ley para devolver al CGPJ la competencia para hacer nombramientos en el Constitucional —y no en otros tribunales como el Supremo, donde se acumulan las vacantes sin cubrir— y el hecho de haber fijado, además, un plazo para hacerlo ha irritado especialmente a los vocales elegidos a propuesta del PP. En todo caso, la sensación generalizada en el CGPJ es que los nombramientos se harán, aunque fuera de plazo y sin atender al límite fijado en la última reforma legal propiciada por el Gobierno. Por parte del bloque conservador los negociadores son los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, mientras que los interlocutores del ala progresista son Roser Bach, Álvaro Cuesta y Rafael Mozo.

Las reglas fijadas establecen, entre otras cuestiones, que la solicitud de convocatoria de otro pleno “incluirá los nombres de dos candidatos”. La iniciativa puede partir del presidente o de al menos cinco vocales y la voluntad es que esa sea ya una propuesta de consenso —con un aspirante conservador y otro progresista, como establece la costumbre— que garantice un respaldo mayoritario. No obstante, las fuentes consultadas consideran que la decisión de aplazar la votación hasta que haya dos candidatos dificulta todavía más que las designaciones se hagan antes de que expire el plazo legal. 

El reglamento establece que basta con que el presidente lo decida o cinco vocales lo pidan para que haya que convocar un pleno en los tres días siguientes a la solicitud. Pero en el CGPJ la impresión mayoritaria es que no tiene sentido hacerlo si no hay candidatos que reúnan el respaldo suficiente para ser nombrados. Estos nombramientos deben conciliar el apoyo de al menos 12 de los 19 miembros actuales del pleno del CGPJ. Necesitan, por tanto, del concurso de vocales de ambos sectores del órgano, formado ahora por 11 conservadores —incluyendo al presidente, Carlos Lesmes— y ocho progresistas. El resultado debería ser un magistrado de corte conservador y otro de tendencia progresista, de acuerdo con la costumbre. 

Renovación conjunta

El PP, por su parte, ha intentado beneficiarse del boicot ejecutado por parte del sector conservador del Poder Judicial. En un comunicado remitido el miércoles a los periodistas, la dirección de Alberto Núñez Feijóo planteó como requisito para renovar el CGPJ participar también en el nombramiento de los cuatro magistrados del Constitucional, pendientes desde antes del verano, pese a que la Constitución establece que este tercio corresponde al Gobierno y al propio CGPJ, informa Aitor Riveiro.

Una tesis que no ha calado mucho y que el PP parece haber abandonado apenas 24 horas después. Este jueves, la secretaria general, Cuca Gamarra, evitaba hacer esta relación, e incluso se abría a que su partido negocie el nuevo CGPJ al margen de la profunda reforma de la Justicia que planteó Feijóo en julio. El miércoles reclamó que esa negociación fuera conjunta, pero el jueves Gamarra dijo estar dispuesta a que se planteara “de forma separada”.