El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene su mandato caducado desde hace casi dos años, ha nombrado magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a Ángel Hurtado, el único juez del tribunal de la Gürtel que se negó a que Mariano Rajoy fuera llamado a declarar como testigo y que emitió un voto particular contra la sentencia que certificó la existencia de una caja B en el PP pidiendo la absolución del partido.
Su nombramiento es fruto de un acuerdo entre la mayoría conservadora y parte del bloque progresista y ha obtenido el respaldo de 19 de los 21 votos en juego: los 11 vocales conservadores, seis progresistas, el propuesto por el PNV y el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. Los vocales Álvaro Cuesta (elegido a propuesta del PSOE) y Concepción Sáez (a propuesta de IU) han votado en blanco al considerar que el órgano de gobierno de los jueces no debería hacer nombramientos en esta situación de interinidad y, especialmente, después de que varias fuerzas parlamentarias, representantes de más de la mayoría absoluta del Congreso, hayan exigido su renovación. También la Comisión Europea, en un informe sobre el Estado de Derecho en los 27, ha advertido a España del retraso en la renovación de este órgano.
Además de Hurtado, a la Sala de lo Penal del Supremo —la que examina en última instancia la mayoría de las causas penales que se juzgan en España y por la que pasan los casos de corrupción— entrará el progresista Javier Hernández, asociado a Jueces y Juezas para la Democracia, y actualmente en el TSJ de Catalunya. También fue presidente de la Audiencia de Tarragona entre 2004 y enero de 2020. Su nombramiento ha obtenido el respaldo de los mismos 18 vocales más el del presidente Lesmes. Cuesta y Sáez han votado en blanco.
Con el respaldo de los mismos 19 votos el Pleno ha acordado también que la tercera vacante de esta Sala la ocupe el juez Leopoldo Puente, cuyo destino actual es el TSJ de Madrid, y al que las fuentes consultadas consideran una figura “supuestamente neutra, con perfil bajo” y de consenso entre los conservadores y parte de los progresistas. Puente estuvo en el pasado asociado a la progresista Jueces y Juezas para la Democracia, pero ya no forma parte de la asociación.
Estos tres nombramientos estaban pendientes desde finales de 2019 por la jubilación de los magistrados Luciano Varela, Francisco Monterde y Jorge Barreiro y, en la práctica, son vitalicios. Salvo renuncia, los recién nombrados seguirán en el Supremo hasta la edad máxima de retiro, fijada a los 72 años. Su elección es consecuencia de un acuerdo entre parte del minoritario bloque progresista y la mayoría conservadora, formada por 11 vocales más el presidente Lesmes, que no cuenta con los votos suficientes para abordar en solitario estos nombramientos. La ley establece que requieren una mayoría cualificada de tres quintos. Esto es, al menos 13 votos.
El acuerdo entre los conservadores y parte del bloque progresista permite que la derecha se haga con otra de las plazas más codiciadas de este paquete de nombramientos: la presidencia de la Sala de lo Contencioso, donde se ven los pleitos contra la Administración y a la que pueden llegar las hipotéticas iniciativas legales contra decisiones tomadas por el Gobierno. El conservador César Tolosa, que accedió al Alto Tribunal en 2014, se ha impuesto por 18 votos a los progresistas Eduardo Calvo Rojas y María del Pilar Teso Gamella, que ha obtenido un voto. Cuesta y Sáez han votado en blanco.
Dos magistrados de sensibilidad progresista dirigirán las presidencias de las otras dos Salas en liza. Una de ellas es María Luisa Segoviano, que se convertirá en la primera mujer en la historia que llega a ser presidenta de Sala del Supremo. Su mandato al frente de la Sala de lo Social, sin embargo, será corto, pues cumple los 72 años en 2022. Competía con Lourdes Arastey, asociada a la moderada Francisco de Vitoria. El otro juez de tendencia progresista que llega a presidente de Sala, en este caso de la de lo Militar, es Jacobo Barja de Quiroga, que se enfrentó por este puesto a Julián Sánchez Melgar, actualmente en la Sala de lo Penal y que fue fiscal general del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Barja de Quiroga tiene una excelente relación con Lesmes.
Las fuentes consultadas aseguran que se trata de un pacto auspiciado por el presidente Lesmes, que en su día fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar. El acuerdo llega en un momento de máxima tensión entre el CGPJ y el Gobierno por la decisión de Lesmes de seguir haciendo nombramientos pese a estar en funciones. Esa tensión se incrementó la última semana también a raíz de la decisión del Ejecutivo de no refrendar la asistencia de Felipe VI a un acto del Poder Judicial en Barcelona.
La parte del bloque elegido por el PSOE que ha secundado el acuerdo defiende que se consiguen dos presidencias de Sala e incluir a un magistrado eminentemente progresista en la Sala de lo Penal: Javier Hernández. Hasta este miércoles en la Sala de lo Penal había una mayoría abrumadora de jueces conservadores: un total de 11 frente a dos progresistas después de que los tres bloqueos del PP en la renovación del CGPJ hayan servido a la derecha para decidir la mayoría de los nombramientos de jueces en el Supremo.
En la decisión de los vocales progresistas que han pactado con la mayoría conservadora ha pesado también su disgusto con unas recientes declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que aseguró que el actual CGPJ “está en descomposición” y que debería medir sus actos porque estos “tienen incidencia”. De hecho, recuerdan que Campo, como vocal de este órgano, hizo decenas de nombramientos con el Consejo en funciones durante otro de los bloqueos del PP, el que tuvo lugar entre 2006 y 2008.
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