El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace casi cinco años, ha rechazado la propuesta de reelección de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, informan a elDiario.es fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Ocho vocales elegidos en su día a propuesta del PP han considerado que no es idóneo para el cargo. Otros siete consejeros —incluidos cinco del bloque progresista y el presidente Vicente Guilarte— han votado a favor. El vocal Enrique Lucas, elegido a iniciativa del PNV, se ha abstenido porque su hermano Pablo Lucas participó en la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el ascenso de Dolores Delgado acordado por García Ortiz. Es la primera vez en la historia que el CGPJ no avala el nombramiento de un fiscal general del Estado.
La reelección de García Ortiz por parte del Ejecutivo ha tenido lugar en un momento convulso tras esa decisión del Alto Tribunal y las críticas de parte de la carrera, que cuestionan que no se haya pronunciado sobre la ley de amnistía y las menciones al ‘lawfare’. La citada sentencia del Supremo que decretó que existió desviación de poder y que García Ortiz actuó con el objetivo de dar un ascenso a su antecesora y no de proveer una plaza ha sido el principal motivo esgrimido por los vocales que han rechazado su idoneidad para el cargo, según las fuentes consultadas.
La ley del Poder Judicial establece que el CGPJ tiene entre sus atribuciones ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del fiscal general del Estado, para lo que debe emitir un informe. Se trata de un trámite consultivo, aunque no vinculante, pero que no ha estado exento de polémica en los últimos años. Principalmente, porque el núcleo duro del bloque conservador ha rechazado respaldar a los fiscales generales del Estado propuestos por el Gobierno progresista: Dolores Delgado (2020-2022) y Álvaro García Ortiz, que fue designado por primera vez en julio de 2022. No obstante, en ambos casos , sus nombramientos sí fueron avalados por el CGPJ.
Sobre Delgado, los conservadores adujeron que había sido ministra de Justicia en el anterior Gobierno y diputada electa por el PSOE en las últimas elecciones. Y, respecto a García Ortiz, criticaron que hubiera participado en una mesa redonda sobre sostenibilidad organizada por una fundación del PSOE en 2019, cuando era fiscal delegado de medio ambiente en Galicia.
El órgano de gobierno de los jueces debe limitarse a pronunciarse únicamente sobre si el candidato reúne los requisitos legales para el cargo. Estos requisitos, tasados por el Estatuto del Ministerio Fiscal, son ser un jurista español de reconocido prestigio y acumular más de quince años de ejercicio profesional. Sin embargo, el debate ha estado centrado sobre la idoneidad o no del candidato.
La motivación del acuerdo aprobado se dará a conocer previsiblemente este viernes. No obstante, fuentes del órgano afirman que ese texto aludirá a la citada sentencia sobre Delgado, pero también a cuestiones como su respuesta a los fiscales del procés que le piudieron una “respuesta inmediata” ante las alusiones al ‘lawfare’ o judicialización de la política recogidas en el acuerdo entre el PSOE y Junts. García Ortiz ha defendido, a este respecto, que su “posición pública” debe reforzar la “imparcialidad” de la institución que representa. Según las mismas fuentes, el texto también incluirá otros asuntos como el supuesto “amiguismo” en sus nombramientos. Este ha sido precisamente uno de los caballos de batalla de la conservadora Asociación de Fiscales —mayoritaria en la carrera— que ha denunciado que los candidatos que cuentan con su respaldo han sido “de manera sistemática postergados”.
A favor de la idoneidad del candidato se han posicionando el presidente Guilarte, los progresistas Roser Bach, Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y el conservador Juan Martínez Moya. En contra se han posicionado los conservadores José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea, , que en 2022 consideró que sí reunía los requisitos legales exigidos.