El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves, estando en funciones y sin esperar a las negociaciones para su renovación, la adjudicación de otras ocho plazas en la cúpula judicial. Carlos Gómez Martínez, miembro de la progresista Jueces y Juezas para la Democracia, ha sido nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares; mientras que José Luis López del Moral, que fue director general de Justicia de la Comunidad de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón, ha sido reelegido presidente del TSJ cántabro.
Además, se han adjudicado cinco presidencias de Sala en los TSJ de Andalucía, Murcia, Navarra, Cantabria y Asturias y la presidencia de la Audiencia Provincial de Ourense, donde ha sido renovado Antonio Piña, asociado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). En seis de las ocho plazas había un solo candidato al puesto. El nombramiento para la presidencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJ de Asturias, también previsto para este jueves, ha sido retirado del orden del día antes del Pleno.
Estos nombramientos son fruto de un acuerdo entre la mayoría conservadora y parte del bloque progresista y han obtenido el respaldo de 19 de los 21 votos en juego: los 11 vocales conservadores, seis progresistas, el propuesto por el PNV y el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. Los vocales Álvaro Cuesta (elegido a propuesta del PSOE) y Concepción Sáez (a propuesta de IU) han votado en blanco al considerar que el órgano de gobierno de los jueces no debería hacer nombramientos en esta situación de interinidad, que se inició en diciembre de 2018. Han anunciado que formularán un voto particular.
El órgano de gobierno de los jueces ha llevado a cabo estos nombramientos obviando la vía abierta para su renovación después de que el Gobierno retirara la semana pasada su polémica reforma judicial. Este era uno de los requisitos del PP para sentarse a negociar, que también pide que Podemos no esté en esas conversaciones. A finales del pasado julio, y ante la existencia de negociaciones para la renovación, la mayoría del Pleno votó a favor de sacar del orden del día la votación de varios nombramientos, pero el presidente advirtió de que en el caso de que la negociación fracasase se retomarían las votaciones. El 30 de septiembre se cumplió esta advertencia y se adjudicaron seis plazas en el Supremo.
El inicio de la situación de interinidad en el órgano de gobierno de los jueces se remonta al 4 de diciembre de 2018, cuando expiró el mandato de cinco años del actual Consejo. La situación se ha mantenido desde entonces por la repetición electoral y la falta de acuerdo político para la renovación de sus veinte vocales. Al frente de la institución sigue Carlos Lesmes, elegido en 2013, y que que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar.
Desde entonces, un Consejo que nada tiene que ver con la actual composición de las Cortes Generales encargadas de designar a sus vocales –desde que se eligió se han celebrado cuatro elecciones generales– ha acordado en esta situación de interinidad la renovación de 57 puestos de alto nivel en los principales tribunales. 18 de ellos en el Supremo, dos en la Audiencia Nacional, 21 en los tribunales superiores autonómicos y 16 en audiencias provinciales.