El Poder Judicial nombra a César Tolosa y María Luisa Segoviano magistrados del Constitucional por unanimidad

El Consejo General del Poder Judicial ha nombrado a César Tolosa y María Luisa Segoviano magistrados del Constitucional por unanimidad, informan fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Se trata de los dos candidatos propuestos por los vocales conservadores que llevaban meses bloqueando el acuerdo.

César Tolosa era la opción de los conservadores desde que se atuvieron a nombrar su candidato mientras que María Luisa Segoviano, magistrada progresista, ha sido elegida también a propuesta de los conservadores, quienes se han negado en todo momento a aceptar el candidato de los vocales progresistas del CGPJ, José Manuel Bandrés. Finalmente, el bloque progresista ha aceptado el nombre de la jueza Segoviano, con lo que los dos candidatos se han realizado a propuesta de los vocales conservadores.

Los mismos vocales conservadores que se atrincheran en el órgano de gobierno de los jueces han logrado finalmente imponer a los dos candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional cuya elección la ley atribuye al Poder Judicial. Hasta ahora, cada bloque elegía a un candidato. La estrategia de los conservadores ha sido proponer al magistrado conservador por el que habían optado y, además, a uno progresista, hurtándole a los vocales de esa sensibilidad proponer el nombre que consideraran más adecuado.

En este caso, los progresistas habían optado por el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, con dilatada experiencia profesional y sin un perfil político de relevancia pública. Sin embargo, los conservadores lo desecharon desde el primer momento. En una reunión precedente, los conservadores presentaron a Tolosa y al progresista Pablo Lucas, pero el sector progresista del Poder Judicial se negó a renunciar a su candidato, Bandrés.

Fuentes del Poder Judicial atribuyen el empecinamiento de los conservadores en buscar otro nombre que no fuera Bandrés para disponer de alguna opción distinta a que Cándido Conde-Pumpido llegue a presidente del Tribunal Constitucional. Los vocales conservadores daban por seguro que Bandrés votaría a Conde-Pumpido y confían en que Segoviano no lo haga y opte por María Luisa Balaguer, la otra magistrada progresista del Constitucional que opta al puesto. La votación de presidente del Tribunal Constitucional no debe demorarse ya que uno de los magistrados cuyo mandato ha caducado y será sustituido es su actual presidente, Pedro González-Trevijano.

Con el nombramiento de los dos jueces por parte del CGPJ se desbloquea la toma de posesión de los dos magistrados propuestos por el Gobierno, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la que fuera directora general de Asuntos Constitucionales en Presidencia Laura Díez. Con los dos magistrados propuestos por el Poder Judicial se alcanza la renovación por tercios. Esto provocará un cambio en las mayorías del Tribunal Constitucional, decantándose hacia el sector progresista.

María Luisa Segoviano es una magistrada considerada de sensibilidad progresista que, además, es emblema de la ruptura de los techos de cristal en la judicatura. En septiembre de 2020 se convirtió en la primera mujer presidenta de una de las salas jurisdiccionales del Supremo. Estuvo al frente de la Sala de lo Social hasta su jubilación hace unos pocos meses. Fue nombrada por una amplia mayoría del CGPJ, tanto por el sector conservador como por el progresista. César Tolosa, por su parte, es el presidente de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desde 2020. En los 16 años anteriores ejerció como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Felicitación del Gobierno, bloqueo del PP

El Gobierno ha celebrado el acuerdo y lo ha considerado una decisión con la que “gana la democracia y pierde el PP”. En Moncloa creen que el Constitucional “recupere el prestigio, la objetividad y la credibilidad” que, dicen, había perdido ante el bloqueo del sector conservador del Gobierno de los jueces, que se resistía a nombrar a los candidatos para el Constitucional que correspondían al Poder Judicial.

Desde el Ejecutivo señalan que “el PP debería reflexionar si era necesario llevar hasta el límite” el Congreso, el Senado y el Constitucional, “dañar el prestigio de ese órgano y de algunos de sus magistrados para, finalmente, ”no impedir que se cumpla la Constitución“ y que se renueve el tribunal de garantías.

Pero el acuerdo del CGPJ no saca de momento al PP de su idea de mantener el bloqueo del máximo órgano del Poder Judicial, que supera ya los cuatro años de mandato caducado. En un comunicado remitido a los medios después de conocerse la decisión por unanimidad del CGPJ, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha reclamado al Gobierno que designe a dos personas diferentes a las que eligió hace unas semanas (el exministro Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díez) para su cuota del tribunal de garantías, y que devuelva al órgano de gobierno de los jueces las competencias plenas para hacer nombramientos.

“Es una buena noticia que el Consejo General del Poder Judicial haya llegado a un acuerdo de manera unánime”, sostiene el PP. “Ha quedado demostrado que aquellos a los que el Gobierno insultó gravemente, acusándolos de bloquear los órganos constitucionales, han materializado la propuesta que finalmente ha facilitado el acuerdo. Lo mínimo que debería hacer el Ejecutivo es disculparse con todos y cada uno de los vocales a los que ha insultado en las últimas semanas”, prosigue.

“El Consejo ha cumplido con su deber y ha elegido dos perfiles independientes. Ahora, corresponde al Gobierno cumplir con su deber y elegir dos perfiles de ejemplaridad contrastada y no dos altos cargos del Ejecutivo de Pedro Sánchez”, añaden. Es decir, el PP quiere que el Gobierno revierta la decisión del Consejo de Ministros sobre Campo y Díez. 

“En el afán de Pedro Sánchez de intentar controlar las instituciones, el Gobierno ha quedado retratado. El presidente inició una reforma para alterar el sistema de mayorías de los órganos constitucionales”, añade, y concluye: “Haría bien Pedro Sánchez en desandar el camino recorrido hasta ahora y devolver las competencias hurtadas al CGPJ”.