El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace dos años, entra en la batalla política por la reforma de PSOE y Unidas Podemos que pretende limitar las atribuciones del órgano de gobierno de los jueces cuando está en funciones. Esa reforma, respaldada por la mayoría reforzada de la investidura, tiene como objetivo impedir que un Consejo interino pueda hacer nombramientos discrecionales como los realizados este jueves. Ya son 61 desde diciembre de 2018, cuando expiró su mandato.
Dieciséis de los 21 miembros del Pleno —los once conservadores y cuatro progresistas más el presidente, Carlos Lesmes— han acordado solicitar al Congreso que recabe su informe y el de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa antes de aprobar esa proposición. El texto fundamenta esa petición en “la defensa de la posición constitucional” que el CGPJ tiene en el Estado de Derecho como “garante de la independencia judicial”. El acuerdo alude a la necesidad de “dar audiencia” a todos los agentes afectados por la reforma propuesta, en particular las asociaciones de jueces y fiscales, así como a las demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia. También insta a los grupos parlamentarios en Congreso y Senado a renovar el CGPJ.
Además del presidente Lemes, han firmado el acuerdo once vocales elegidos a propuesta del PP —José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea—, tres elegidos a propuesta del PSOE —Roser Bach, Mar Cabrejas, Victoria Cinto— y Enrique Lucas, propuesto por el PNV. Han votado en contra los vocales progresistas Pilar Sepúlveda, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Álvaro Cuesta, que ha anunciado un voto particular.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 561.1 que se someterán a informe del CGPJ los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre modificaciones de la norma que regula el Poder Judicial. Sin embargo, esta reforma se ha planteado como proposición de ley de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, una modalidad que no requiere ese control previo. Para realizar su petición, la resolución aprobada se acoge al punto nueve de este mismo artículo, que establece que también se puede someter a informe del CGPJ “cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas estimen oportuna”.
Los cinco vocales progresistas que se han opuesto han secundado una propuesta de resolución planteada por uno de ellos, Álvaro Cuesta, para que todos los miembros anuncien su “renuncia” a continuar en el órgano de gobierno de los jueces a partir del próximo 1 de enero toda vez que se han cumplido dos años de la fecha original para su renovación.
“Este CGPJ, durante su mandato, ha venido cumpliendo sus funciones de forma ejemplar, desde el mayor respeto al sentido del deber y lealtad constitucionales y no va a consentir que se le convierta en chivo expiatorio, o moneda de cambio, de la incapacidad de quienes son los auténticos responsables de no renovar en plazo su composición. Quien bloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial, debe perder toda esperanza de sacar rédito político de su irresponsable conducta”, dice el texto de Cuesta, al que ha tenido acceso elDiario.es.
Más adelante, alude a la condición del PP de excluir a Podemos de la renovación del CGPJ. “Condicionar la renovación de un órgano constitucional a la exclusión de miembros o grupos en la participación en las decisiones de las Cámaras, supone un comportamiento arbitrario y un ataque a la esencia del sistema parlamentario”, recoge la propuesta que no ha obtenido el respaldo de la mayoría del Pleno.