El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha resuelto retirar del orden del día los nombramientos de tres magistrados para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de la Audiencia Provincial de Ourense ante el conocimiento de los vocales de que PSOE y PP negocian la renovación del órgano de gobierno de los jueces, pendiente desde diciembre de 2018.
A favor de retirar del orden del día esas designaciones han votado 16 vocales, que se reparten entre siete progresistas -de éstos solo se ha opuesto Mar Cabrejas-, más el propuesto por el PNV y otros ocho conservadores, incluido el presidente, Carlos Lesmes. Han sido derrotados al votar a favor de mantener la elección de los magistrados en este pleno, Carmen Llombart, Núria Díaz, Ángeles Carmona y Wenceslao Olea, además de la citada Cabrejas.
“La decisión -dice una nota oficial- se ha tomado por razones de prudencia ante la confirmación de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato venció el 4 de diciembre de 2018”. Después de haber seguido nombrando jueces en puestos sensibles con el argumento del correcto funcionamiento de la justicia, el CGPJ decidió paralizar en enero la elección de más cargos judiciales, pero el presidente Lesmes dio por concluida la prórroga a la vuelta del confinamiento.
De este modo, el anterior pleno del CGPJ había aprobado unas ternas preliminares de aspirantes a las citadas plazas que no eran determinantes –cualquier vocal podía proponer en el Pleno a alguno de los magistrados que habían quedado fuera– pero que no estuvieron exentas de polémica al dejar fuera, por ejemplo, al actual titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, aspirante a una plaza en el Tribunal Supremo.
Con la decisión de hoy, será el nuevo Poder Judicial, de previsible mayoría progresista, quien elija a los tres magistrados que ocuparan las plazas vacantes en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, encargada, entre otras cuestiones, de investigar a una parte de los aforados, como miembros del Gobierno o el rey emérito.