Poder Judicial, RTVE o Defensor del Pueblo: el bloqueo arrastra a instituciones clave del Estado

De nada han servido, al menos por ahora, los contactos discretos entre el Gobierno y el Partido Popular para la renovación de instituciones estatales clave, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, a las que la Carta Magna atribuye funciones esenciales de control y funcionamiento del Estado de Derecho y un mandato constitucional para su configuración. Pablo Casado cerró la puerta a llegar a acuerdos con Pedro Sánchez para el reparto del órgano de gobierno de los jueces o el alto tribunal mientras Unidas Podemos siga sentado en el Consejo de Ministros. Ni siquiera los llamamientos desde la judicatura han servido para que el principal líder de la oposición, cuyo apoyo es necesario para alcanzar la mayoría suficiente para cambiar esos organismos, se mueva. Esas instituciones seguirán en funciones o con menos representación de la establecida en la ley para el ejercicio de sus funciones. Pero no solo el inmovilismo del PP es la causa. La incertidumbre en la que España ha estado sumida por los ciclos electorales también ha congelado sustituciones como el Consejo de la Transparencia, vacante desde el fallecimiento de su presidenta en 2017, y ha aparcado el concurso para el consejo de administración de RTVE.

El ejemplo más claro del bloqueo del PP es el CGPJ, que funciona caducado desde diciembre de 2018. La actual composición del órgano de gobierno de los jueces tiene una mayoría conservadora acorde a la aplastante victoria de Mariano Rajoy en 2011. En 2013, cuando tocó renovar ese órgano constitucional, que requiere tres quintos de apoyo en el Parlamento, se hizo con esos números. Pero años después y con un arco parlamentario completamente distinto, el entendimiento entre Sánchez y Casado saltó por los aires después de que el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, enviara un mensaje de WhatsApp en el que se vanagloriaba de que seguirían controlando el organismo que iba a presidir el juez Manuel Marchena. La polémica hizo que el propio Marchena, el candidato de consenso entre PP y PSOE, acabara renunciando al nombramiento antes de que se produjera. No volvió a haber un acuerdo.

Ahora que se han celebrado otras dos elecciones generales en las que los populares se han hundido, el CGPJ sigue operando con una mayoría conservadora que no es representativa del mandato reflejado en las urnas. A pesar de los contactos discretos que segundos niveles del PP han mantenido con el Gobierno, Casado ha enfriado toda posibilidad de acuerdo mientras Pablo Iglesias siga en el Gobierno. El líder conservador rechazó que Unidas Podemos reclame y negocie su “cuota” en el órgano de gobierno de los jueces, que hasta ahora se han repartido PP y PSOE con presencia de magistrados conservadores y progresistas y, en algunos casos, la participación de los grupos nacionalistas.

Mientras tanto, el CGPJ seguirá tomando decisiones en funciones que afectan en buena medida al reparto del poder en la justicia dado que es el organismo que decide los ascensos en la carrera judicial. Con la actual composición, la mayoría conservadora en el Poder Judicial no se corresponde con el arco parlamentario que dibujaron las urnas. A pesar de que el presidente de la institución, Carlos Lesmes, se ha dirigido formalmente al Congreso para reclamar que renueve el CGPJ, ha reactivado los nombramientos de tres magistrados para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo –vital para algunas causas de corrupción– o las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de la Audiencia Provincial de Ourense.

Pero el CGPJ no es el único organismo cuya renovación permanece bloqueada. El mandato de cuatro de los doce vocales que componen el Tribunal Constitucional caducó en noviembre de 2019 y la falta de acuerdo impide su sustitución. Los magistrados del Constitucional permanecen en sus puestos nueve años, según la ley, y se van renovando parcialmente cada tres. La designación corresponde al Congreso (cuatro), el Senado (cuatro), el CGPJ (dos) y el Gobierno (dos). Los nombrados hace nueve años por la Cámara Baja a partir del acuerdo entre PP y PSOE (cada uno nombró a dos) –entre ellos el presidente, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca; y los dos magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés– llevan casi un año de prórroga y sin visos de que esta tenga fin. También en este caso se necesita una mayoría cualificada de tres quintos que requiere la participación del principal partido de la oposición. Al Constitucional le quedan por delante causas clave como el procés, la 'ley mordaza', el estado de alarma y continúa en un cajón el aborto.

Interinidad en el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Transparencia

El Defensor del Pueblo está en situación de interinidad desde que en 2017 expiró el mandato de cinco años de Soledad Becerril. Las competencias las asumió entonces el socialista Fernando Fernández Marugán, que era el número dos de la institución. Normalmente este es un cargo que consensúan las dos principales fuerzas políticas, aunque en 2010 también hubo un periodo similar de dos años ante la falta de entendimiento del PP con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez está a la espera de que el PP se avenga a desbloquear ese tipo de acuerdos con el objetivo de situar al frente a Ángel Gabilondo, tras dos intentos fallidos por llegar a la Puerta del Sol que le obligan a repensar el futuro de la candidatura del PSOE en la Comunidad de Madrid. La Constitución recoge la figura del Defensor del Pueblo como un comisionado que se encarga de velar por el cumplimiento en España de los derechos fundamentales recogidos en el Título I de la Carta Magna.

También el Tribunal de Cuentas, el órgano al que la Constitución encomienda la fiscalización de las cuentas y la gestión contable de las administraciones públicas –entre ellas los partidos políticos–, tiene una vocalía menos desde que en 2018 renunció por motivos personales Lluís Armet i Coma, propuesto por el PSOE en el Senado. La Cámara Alta no lo ha sustituido y sus atribuciones las ha asumido otro consejero. Los mandatos de los doce miembros del órgano fiscalizador tienen una duración de nueve años, por lo que el acuerdo alcanzado por socialistas y populares en 2012 –por el que, según la mayoría de Rajoy, el PP propuso siete nombres, por los cuatro del PSOE más otro conjunto con IU– caduca el próximo año.

El caso del Consejo de la Transparencia es distinto y no obedece a la negativa del PP sino al abandono por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y el de Sánchez acrecentado por el ciclo electoral de 2019 y, posteriormente, la irrupción de la pandemia de la COVID-19. La presidencia del organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia está vacante desde el fallecimiento de Esther Arizmendi en 2017. En este caso, la propuesta la tendría que hacer el Ministerio de Política Territorial y ser ratificada por mayoría absoluta en el Parlamento. El Gobierno podría, por tanto, alcanzar los 176 apoyos con sus habituales socios parlamentarios. Igualmente, quedan por nombrar los parlamentarios (un diputado y un senador) que forman parte de la comisión de ese organismo y que están vacantes tras el periodo electoral.

Esa lentitud choca, por ejemplo, con la renovación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que sustituyó a algunos de los cargos que habían caducado en septiembre del año pasado. El Gobierno logró sacar adelante los cambios en junio con los votos de la investidura y sin la sintonía habitual del bipartidismo para estos asuntos. El Consejo de Ministros también designó a Cristina Herrero como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un cargo que había asumido de forma interina tras la marcha de José Luis Escrivá al Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. La decisión fue aceptada por unanimidad en el Congreso.

El farragoso concurso para RTVE

Sin duda, una de las mayores disputas en los últimos meses es el concurso para la renovación del consejo de administración de RTVE, que amenaza con convertirse en un fiasco. El mandato del presidente de la corporación de la radio y televisión públicas, José Antonio Sánchez, venció en junio de 2018, nada más llegar Sánchez a Moncloa a través de la moción de censura. El Gobierno forzó por decreto la renovación de la dirección para evitar un vacío legal a la espera de que se desarrollara el concurso en el que se estaba trabajando en el Congreso. El Ejecutivo blindó el texto contra un hipotético veto en el Senado –donde los conservadores tenían mayoría absoluta– y planteó la posibilidad de un administrador único en el caso de que no hubiera acuerdo para renovar el consejo. A pesar de haber alcanzado un acuerdo con otras fuerzas parlamentarias, entre ellas Unidas Podemos, ERC, PDeCAT o el PNV, un fallo en la votación y la ausencia de dos parlamentarios tumbaron la renovación del consejo de administración, que tendría que haber salido adelante, aunque con un resultado muy ajustado.

A partir de esa derrota, el Gobierno nombró a Rosa María Mateo como administradora única de manera interina hasta que culminara el concurso público auspiciado en las Cortes. La periodista está en el centro de la diana de la derecha con cada decisión –algunas de las cuales también han generado un gran malestar dentro de la corporación– mientras el proceso de renovación de RTVE está parado. Los grupos lograron un acuerdo para designar a un comité de expertos que valoró de forma anónima a los candidatos. De las 95 candidaturas, ese comité de expertos trasladó a la correspondiente comisión mixta de Congreso y Senado las veinte mejores –las que habían obtenido más de 65 puntos en la baremación–. De esos aspirantes, diez serían elegidos para el consejo de administración de la corporación.

Sin embargo, ese planteamiento se ha topado con varios problemas. Por un lado, el fallecimiento de la periodista Alicia Gómez Montano, que fue directora de Informe Semanal, y que había quedado en la primera posición. Una solución es que pase el siguiente en la lista, pero se trata de un hombre y entonces en el conjunto de veinte solo habría tres mujeres siendo imposible cumplir con la paridad dado que como máximo habría un 30% de representación femenina en el caso de que todas ellas fueran seleccionadas. Las elecciones del 28 de abril y del 10 de noviembre obligaron a paralizar el proceso, que se ha retomado realmente después del levantamiento del estado de alarma.

En el mes de junio los letrados de las Cortes plantearon que la comisión examine a los veinte designados por el comité de expertos o que en el proceso de selección esté la totalidad de aspirantes dado que los servicios jurídicos entienden que reduciendo a los primeros “se constriñe el ámbito de decisión política de las Cámaras”. En el Gobierno se inclinan por esa segunda opción, fundamentalmente para garantizar la paridad en la dirección de RTVE, pero aún no se ha puesto la solución sobre la mesa. Mientras tanto, RTVE sigue dirigida por Mateo, con una complicada situación interna y el desgaste de un concurso que terminó por no convencer a nadie.