“El gabinete dirigido por el ministro Ruiz-Gallardón debe proceder de inmediato a establecer criterios uniformes para todos los partidos judiciales sobre la aplicación de sus propias leyes para mantener una mínima seguridad jurídica”, apunta el SISEJ en un comunicado.
También señala que desde el pasado 17 de diciembre los secretarios judiciales tienen que exigir la liquidación de las tasas para dar curso a muchos procedimientos, en cumplimiento de una norma que, a su juicio, tendrá “unas consecuencias lesivas para la ciudadanía” y supone “una denigración profesional más para quienes integran este cuerpo.
Además, el SISEJ denuncia la “especial torpeza” del Ministerio de Justicia en “la aplicación práctica de este nuevo requisito procesal” y recuerda que la congelación de la medida por el retraso de la orden del Ministerio de Hacienda que regulaba la autoliquidación de las tasas creó una situación “inaudita en un Estado de Derecho”.
A juicio de esta organización, la Ley de Tasas “nunca debió aprobarse” y debería ser declarada “inconstitucional” tras los recursos de amparo que se han anunciado ante el Tribunal Constitucional.