Los jueces condenan al PP por permitir los flujos de dinero negro que manejaba Bárcenas

El Partido Popular acaba de recibir su segunda condena judicial por su relación con flujos de dinero negro. Los jueces consideran que la formación que dirige Pablo Casado es responsable civil subsidiaria del dinero que dejó de ingresar Hacienda porque la reforma de la sede central de la calle Génova se pagó con dinero negro. La sentencia deja claro que el PP es responsable: no tenía ningún mecanismo interno para controlar a Luis Bárcenas y las primeras medidas que tomó para evitar o detectar este tipo de situaciones no llegaron hasta muchos años después de la reforma de la sede del PP.

La sentencia declara probado que el PP reformó su sede central de la calle Génova de Madrid entre 2005 y 2010. La gestión de las obras, que afectaban a todo el edificio, fue asumida por Luis Bárcenas y la empresa Unifica del arquitecto Gonzalo Urquijo. Unos trabajos que se pagaron, en parte, con dinero negro de la 'caja B' del Partido Popular que gestionaba el tesorero: el PP ahorraba dinero y Unifica tenía menos obligaciones con Hacienda al cobrar una parte de manera opaca.

La Audiencia Nacional explica que se trataba “de dinero B cuya finalidad era obtener una ventaja de tipo económico para ambas partes”. En el caso del PP, el resultado fue “el ahorro en el precio para el cliente” y en el caso de unifica “y el ahorro fiscal” para pagar de menos tanto en el Impuesto de Sociedades como también en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). La empresa que hizo la reforma, además, presentó después “declaraciones mendaces con el fin de pagar menos de lo debido”. En total, Bárcenas pagó más de un millón de euros en negro.

Una de las consecuencias es el delito fiscal imputado al año 2007. En total 195.000 relativos a la obra de la segunda planta del edificio y otros 258.000 más de la quinta planta que, una vez descontado el importe del IVA, deja una cantidad sin declarar de 380.520 euros relacionado estrictamente con la obra, aunque el fraude cometido en general por la compañía esos años subió por encima de los 870.000 euros. La cuota de fraude fiscal relacionada con los pagos en negro de Bárcenas queda rebajada, calculan los jueces, a 123.669 euros pagados de menos en el Impuesto de Sociedades.

El exsenador por Cantabria era entonces empleado del Partido Popular y actuó en su nombre y manejando sus fondos sin que nadie impidiera el delito y por eso, dice la Audiencia Nacional, debe responder penalmente la formación conservadora. No consta, dice la sentencia, que el Partido Popular “a través de sus órganos directivos (comité ejecutivo) ejerciera un control adecuado sobre la gestión del Gerente Sr. BÁRCENAS en la fecha de los hechos”. El entonces gerente del partido hacía y deshacía con el dinero negro de la formación sin que existiera ningún tipo de control.

El reproche al Partido Popular va más allá al constatar el tribunal que tardó muchos años en tomar medidas efectivas para intentar evitar situaciones similares. Las medidas, dice, fueron “posteriores a la fecha en que se cometieron los hechos objeto de este procedimiento”. La auditoría interna - que no detectó anomalías en las cuentas - no llegó hasta 2013 y la promoción de iniciativas legales relativas a la financiación de los partidos políticos o la responsabilidad penal de personas jurídicas también tardaron varios años en llegar.

Las cuentas del PP

“El Partido Popular no tiene otra contabilidad que la presentada y auditada por el Tribunal de Cuentas”. La frase fue reflejada por el PP en un comunicado en octubre de 2014 y la idea fue repetida hasta la saciedad por los dirigentes del partido después de que El País revelase la contabilidad paralela que llevaba Luis Bárcenas. Fue María Dolores de Cospedal quien dijo el mismo día de su publicación en enero de 2013 que “la contabilidad del Partido Popular es única, clara, transparente, limpia y sometida al Tribunal de Cuentas”. La sentencia conocida este jueves desmiente estas afirmaciones: existió una contabilidad paralela que, lógicamente, no fue remitida al Tribunal de Cuentas.

La sentencia explica que la contabilidad que el PP remitió al Tribunal de Cuentas recogía sólo cantidades de las facturas “ocultándose por el contrario al control y la fiscalización del Tribunal de Cuentas la totalidad de los pagos no facturados” y pagados con dinero negro. Esto fue lo que permitió a Unifica “ocultar a la Hacienda Pública la percepción de los referidos pagos en B, eludiendo sus correspondientes obligaciones tributarias”.

El Partido Popular queda exonerado del posible delito fiscal cometido en su impuesto de sucesiones de 2008 por el supuesto uso de donaciones al partido para pagar las obras y su gestión fiscal posterior. En primer lugar los jueces entienden que ni la Fiscalía ni la Abogacía acusaron por este delito y que las acusaciones populares que lo hicieron no estaban legitimadas. En segundo lugar, además, no considera probado el delito. Dice la sentencia que “estamos ante rentas exentas” que, en cualquier caso, no superan el mínimo legal para suponer un delito fiscal.