Los jueces conservadores auguran “el principio del fin de la democracia” si se aprueba la ley de amnistía

La derecha judicial eleva el tono ante la posible amnistía a los condenados y encausados por el procés que negocia en PSOE con las fuerzas independentistas. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera, emitió la pasada noche un comunicado en el que muestra su “más firme rechazo” ante a esa hipotética ley y augura “el principio del fin de la democracia” si finalmente se aprueba. A su juicio, se trata de una medida que rompe las reglas de la Constitución de 1978 y vuela por los aires el Estado de Derecho. La APM cuenta con 1.355 afiliados de un total de 5.408 jueces y magistrados en activo, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

El comunicado sostiene que es “inaceptable e inasumible en una democracia plena” una hipotética ley de amnistía que “exonere a unos pocos” de las responsabilidades penales declaradas por los tribunales o de hechos por enjuiciar sin hacer modificaciones legales previas o sin entrar en un nuevo proceso constituyente. El comunicado se produce en plenas negociaciones sobre esa posible ley, pero cuando no ha trascendido ningún borrador ni texto preliminar sobre cualquier iniciativa jurídica de despenalización de las causas que derivan del 1 de octubre de 2017. 

Los jueces de la APM también se pronuncian sobre la constitucionalidad de una posible amnistía y su respuesta es tajante: “No es admisible en la Constitución Española de 1978 que se fundamenta entre otros valores en la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho”. En este sentido, critican que esa hipotética norma “pone en cuestión la labor de los jueces”, lanza el “mensaje falaz” de que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos y “quiebra” la separación de poderes.

Sostienen, además, que “vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de responsabilidad penal a una clase de personas únicamente con base en la supuesta motivación política de sus actuaciones”. Y añaden que eso entraña el “grave riesgo” de que ese mismo trato pueda ser exigido por “quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad”, en una clara alusión a la violencia de la banda terrorista ETA. 

A juicio de los miembros de la APM, la hipotética amnistía tiene el “claro objetivo” —“más allá de la oportunidad de tener los votos necesarios para una investidura”—, de “anular al Poder Judicial”, que consideran “el último dique de contención frente a los abusos de poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase política”.