Dos jueces demuestran que no necesitas un escaño para ser protagonista de la política

El procés tuvo unos cuantos momentos dramáticos y otros de una comicidad incuestionable. Pocos asuntos fueron más ridículos que los intentos de toda una serie de personajes que intentaron convencer a Carles Puigdemont de que podían lograr el apoyo exterior que necesitaría una Catalunya independiente. Ese era un avance en el que los independentistas estaban muy interesados, aunque al final la única solidaridad que recibieron con facilidad fue la de grupos nacionalistas de varios países europeos. Hubo además una serie de imitadores de Anacleto, agente secreto que finalmente resultaron muy útiles para un juez de Barcelona dispuesto a rebañar todo lo que le permitiera investigar a los independentistas.

Ese juez, Joaquín Aguirre, acaba de decretar la prórroga por seis meses de la llamada “trama rusa” del procés, otro caso que estaba cogiendo polvo en los archivos del juzgado y que ahora resucita de forma mágica en paralelo al debate sobre la ley de amnistía en el Parlamento. El magistrado no puede presentar enmiendas ni votar en el hemiciclo. Lo que sí puede hacer es exprimir su instrucción para que convierta en inútil el propósito de esa ley. Mucho más efectivo que los discursos que Alberto Núñez Feijóo da todos los días, como el alumno que se sabe de memoria una de las preguntas de un examen oral y que sólo puede aprobar si le preguntan exactamente sobre esa y no otra.

Aguirre ya se hizo famoso en octubre de 2020 con el auto que ordenaba la detención de los responsables de los presuntos contactos con autoridades rusas. De especial interés era el papel de Víctor Terradellas, uno de esos personajes de pocas luces y grandes ambiciones que aspiraban al papel de 007 catalán.

A partir de la existencia de un fantasmal grupo ruso que comenzó dedicándose a las criptomonedas en la época de Gorbachov (!!), el juez escribió este relato: “Es decir, en otoño de 2017 Rusia habría ofrecido apoyo a Carles Puigdemont si hubiese declarado la independencia hasta el punto de haber trasladado a Catalunya a 10.000 soldados. De haber aceptado, probablemente los acontecimientos habrían sido trágicos y habrían desencadenado un conflicto armado en el Estado con un incierto número de víctimas mortales”.

Hay jueces que convierten en la comparación a Álex de la Iglesia en un maestro del neorrealismo italiano.

¿Dónde está el truco en la decisión de Aguirre de continuar la investigación que tenía ese planteamiento tan excitante? Un posible delito de traición o contra el Estado quedaría fuera de las causas amnistiadas, tal y como aparece en la proposición de ley que se vota este martes en el Congreso.

No crean que el juez ha encontrado nuevos indicios o testimonios que le animan a continuar la instrucción. Afirma que ha revisado la documentación de la causa. Lo típico de cómo se me pudo pasar este detalle tan interesante. Los sospechosos podrían estar implicados en “la desestabilización de la democracia y la Unión Europea”. Cualquiera podría pensar que con 10.000 soldados en marcha ya había motivos para asustarse, pero no se crean, porque había más.

En el auto, Aguirre describe los objetivos de la colaboración entre el Kremlin y el Govern, que no eran cualquier cosa: desencadenar “una guerra entre la Unión Europea y Rusia (...), la invasión de Ucrania y la consecuente limitación del suministro de gas a Europa, el primer paso importante de la estrategia política del gobierno ruso y su presidente Putin”. El juez nos quiere hacer creer que Puigdemont estaba al tanto de la invasión rusa más de cuatro años antes de que se produjera, y eso que el Gobierno ucraniano no la creía posible hasta que los tanques cruzaron la frontera en febrero de 2022. A esta historia de espías amateurs sólo le faltan los cadáveres para competir con John Le Carré.

Esa trama rusa ya tuvo un breve recorrido judicial en la Audiencia Nacional hace unos años. Fue archivada en julio de 2020 al no encontrarse indicios mínimos de delito. El fiscal reprochó a la Comisaría General de Información que sólo aportara el testimonio de un confidente y enlaces a artículos de medios de comunicación. Los policías debieron de quedarse muy sorprendidos porque el método utilizado –filtrar la noticia a un medio amigo y luego ir al juez para que iniciara una investigación calentada por los titulares– les había funcionado muy bien en otras ocasiones.

Lo que en la Audiencia Nacional no coló, por el contrario había tenido una recepción fantástica en el juzgado de Aguirre en Barcelona, aunque la falta de pruebas hizo que el caso quedara hibernado en su juzgado hasta que ha sido reanimado con ocasión de la ley de amnistía.

Aguirre tendría que darse prisa porque Manuel García Castellón le ha sacado mucha ventaja. El magistrado de la Audiencia Nacional también ha prorrogado la instrucción del caso que investiga a Tsunami Democràtic por seis meses más. Cuatro años después de los hechos, el juez ha dado nueva vida al difunto y cree que su Frankenstein presenta un aspecto excelente en todo lo que tenga que ver con la implicación de Puigdemont en esas protestas iniciadas en 2019. Sostiene que el grupo tenía “vocación de permanencia”, lo que resulta discutible, ya que poco se sabe de Tsunami desde hace mucho tiempo. Pero sigue viviendo en el corazón de García Castellón.

Poner fin a la instrucción le obligaría a elevar la causa a una instancia superior y no puede arriesgarse tanto. Le queda tiempo hasta octubre, fecha en que está obligado a jubilarse, para seguir apuntando a Puigdemont con una imputación por terrorismo que le dejaría fuera de la amnistía. Al menos, esa es su intención, la que le hizo imputar al expresidente catalán años después de los hechos.

Todo ese tiempo de inactividad le ha dejado unas notables reservas de energía. Sólo tardó 48 horas en responder, tras la presentación de las enmiendas a la ley, subiendo la apuesta para incluir las “lesiones graves” sufridas por dos policías. Los agentes sufren lesiones graves en muchos incidentes en su trabajo y a los jueces no se les ocurre relacionarlas con el terrorismo. Pero este juez tiene un olfato especial que ve terrorismo donde otros magistrados o fiscales sólo aprecian desórdenes públicos o incluso atentados a la autoridad.

Por la misma razón, a García Castellón sólo le interesan las piezas de caza mayor. No los presuntos autores de esas agresiones, sino Puigdemont y Marta Rovira a los que a su debido tiempo no tendrá problemas en acusarlos de ser líderes de una organización terrorista, los binladen del Ampurdán o algo parecido, algo que dé mucho miedo.

El juez espera poder interrogar en los próximos meses a los familiares del francés que falleció de un infarto el día de las protestas en el aeropuerto de El Prat. En un gesto casi necrófilo, no renuncia a que alguien le ayude a poner la etiqueta de terrorista a esa desgracia, que ya fue investigada por un juzgado y definida como una muerte natural.

Nunca se ha visto a un magistrado actuar tan claramente como un protagonista más del juego político. Sin tener escaño en el Congreso, está interviniendo de forma directa en el proceso de aprobación de una ley. Sin haberse presentado a las elecciones, toma iniciativas que podrían impedir que un Gobierno en minoría sobreviva en el legislativo. El Partido Popular está encantado con sus decisiones sin necesidad de incluirle en las listas electorales. García Castellón trabaja más que toda la Ejecutiva del PP en lo que de verdad importa.