Una de cal y otra de arena para jueces y fiscales en los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno ha presentado esta semana. Las asociaciones profesionales han recibido con una sensación agridulce las cuentas públicas para el año que viene, que dedicarán 2.284 millones de euros a la Justicia. Celebran el nuevo programa de becas para opositores, dotado con 1.143.880 euros, pero rechazan frontalmente el recorte en el número de plazas de acceso a las carreras judicial y fiscal, que se han reducido en un 33% respecto a las ofertadas en 2019 y 2020. En el próximo ejercicio la convocatoria “no podrá superar el límite máximo de 200 plazas” según el proyecto de PGE, cuando en los años anteriores alcanzaron las 300.
En un comunicado, las seis principales asociaciones de jueces y fiscales cuestionan que el Gobierno no haya ofrecido “ninguna motivación” para dicho recorte en la Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal y afirman que supone “un jarro de agua fría” a las expectativas de inversión para paliar una situación endémica de falta de recursos. Según la Evaluación de los Sistemas Judiciales Europeos que realiza la Comisión Europea, España arrastra un déficit irrebatible en el número de estos empleados públicos, con 11,5 jueces por cada 100.000 habitantes. Esta cifra está por debajo de la ratio media europea, situada en 17,7. Respecto a los fiscales, en España hay 5,2 por cada 100.000 habitantes, cuando la media comunitaria está en 11,3.
“Es evidente que hacen falta más plazas. Vemos cómo cada día es necesario cubrir plazas en comisión de servicio para reforzar juzgados que no tienen capacidad para soportar cargas de trabajo del 240% en comparación con lo que sería razonable”, afirma María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid y portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Del Barco asegura, además, que esa necesidad de nuevos profesionales se va a ver acrecentada en los próximos años por las jubilaciones de las promociones de los años ochenta, que fueron muy numerosas, y por el alto número de retiros anticipados que se dan en la carrera.
El fiscal Víctor Castells, vocal del secretariado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), también ve “insuficiente” el número de plazas previsto para el próximo ejercicio y considera que es imprescindible que de manera inmediata se proceda a incrementar tanto el número de plazas como la plantilla de la Fiscalía. “En el caso de los fiscales, son necesarias más plazas para atender a las nuevas obligaciones que derivan de las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el apoyo de las personas con discapacidad”, sostiene. Asimismo, Castells afirma que existen casi un centenar de fiscales de última promoción que carecen de una plaza en titularidad y están en expectativa de destino y a los que se pueden sumar los 132 que salgan de la convocatoria que está actualmente en su fase final si no se aumenta la plantilla.
Becas a opositores
Por contra, las asociaciones celebran la partida de más de un millón de euros destinada a becas para opositores a las carreras judicial y fiscal. El documento recoge una partida de 1.143.880 euros para los que se presenten a esta oposición además de ayudas para opositores a la Abogacía del Estado y a letrados de la Administración de Justicia que suman, entre todas, casi 1,6 millones de euros. En 2008, el Ministerio de Justicia, a través del Centro de Estudios Jurídicos, convocó un programa de becas para opositores a juez y fiscal, pero apenas duró un ejercicio. La crisis económica y los recortes también arrasaron con este programa. Desde entonces, las únicas ayudas públicas vigentes eran las cuarenta que otorga el País Vasco y que están dotadas con 550 euros al mes. El Ministerio de Justicia todavía no ha desgranado los detalles de su proyecto de becas ni las cuantías de esas ayudas.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 98,4% de los opositores de la promoción 69 –la última en acceder a la carrera– necesitó ayuda económica familiar para poder preparar la oposición. Y solo el 4,8% disfrutó de una beca, que son apenas inexistentes. A nivel estatal, solo existen las ayudas privadas que otorgan a opositores sin recursos las asociaciones mayoritarias –la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la moderada Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV)– y que financia el Banco Santander. Además, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales pusieron en marcha a principio de este año un programa de preparación gratuita de opositores sin recursos que cuenta con alrededor de cuarenta aspirantes.
La oposición a las carreras judicial y fiscal es exigente en tiempo y, por tanto, en dinero. Requiere dedicar entre ocho y diez horas diarias al estudio, lo que hace esta tarea prácticamente incompatible con el desempeño de ningún trabajo que permita obtener ingresos durante alrededor de cinco años, que es el tiempo medio que tarda un opositor en acceder a la carrera. Y a eso hay que sumar los honorarios del preparador privado, que cobra unos 250 euros mensuales; y el precio de manuales y materiales. “Nos parece muy oportuno este programa. Es importante lanzar el mensaje de que es una oposición que se puede hacer con independencia de los recursos que tengas y que no está limitada a quien se lo puede pagar”, afirma Fernando de la Fuente, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia.
La iniciativa también va “en la buena dirección” para Jorge Fernández Vaquero, magistrado de Violencia sobre la Mujer en Jerez de la Frontera y portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. “Es algo que ya existió y que nos parece positivo que se recupere”, afirma. La jueza de menores Concepción Rodríguez, presidenta de Foro Judicial Independiente, ve “bien” que existan estas becas aunque cuestiona que el Gobierno “se preocupe tanto” por el acceso a la judicatura y no haga hincapié en otras oposiciones igualmente muy exigentes como, por ejemplo, las de notarías. Rodríguez atribuye esta “obsesión” a un interés por “controlar” el poder judicial y espera que no sea un primer paso para modificar el sistema de oposición.
Algunos profesionales también consideran que estas becas pueden ser un incentivo para que jueces y fiscales que hasta la fecha preparaban a opositores sin responder ante Hacienda por ganancias que pueden llegar a los 4.000 euros al mes, según reveló elDiario.es en este reportaje, se vean obligados a tributar por estos ingresos. “Imagino que habrá que acreditar la preparación, así que claro que puede sacar a la luz a algunos de esos preparadores que permanecen ocultos”, dice Del Barco, que insiste en que esas becas tienen que estar orientadas a personas de bajos recursos, con buen expediente académico y que demuestren un cierto rendimiento. “No se le puede pagar a una persona solo por estar opositando”, subraya.
De la Fuente, por su parte, también considera que estas ayudas pueden ser un “aliciente” para desempeñar la función “con todo en regla”, si bien defiende que quizá sería interesante clarificar el modelo de tributación para dar más facilidades para hacerlo de forma correcta. Una opinión similar tiene Fernández Vaquero, que defiende que hay un problema de “complejidad tributaria”. “Hay gente que lo tributa como rendimiento del trabajo cuando, en realidad, es una actividad económica. Y eso genera distorsiones”, sostiene.
No obstante, la regulación tributaria es clara y cuando un profesional ofrece esta preparación por su cuenta –no en una academia, por ejemplo– se considera rendimiento de una actividad económica y su tributación en el IRPF debe efectuarse como rendimientos de actividades económicas. Rodríguez, de Foro Judicial Independiente, directamente “niega la mayor” y cree que quien airea estas malas prácticas lo que persigue es “controlar” el sistema de entrada en la carrera judicial. “Toda la gente que yo conozco que prepara oposiciones lo declara”, sentencia.