El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra el seguimiento de la huelga entre en el colectivo en el 47%, mientras que las asociaciones convocantes elevan esa cifra hasta el 60%. Según el órgano de gobierno de los jueces, 2.559 profesionales han comunicado a las presidencias de sus respectivos tribunales superiores autonómicos su decisión de secundar la jornada de paro. Los colectivos aseguran que han sido 3.234. En España ejercen actualmente 5.400 jueces y magistrados.
El seguimiento fue menos destacado en la carrera fiscal. Según la información recabada por la Fiscalía General del Estado, entre los representantes del Ministerio Público secundaron la movilización 1.004 de los 2.500 que trabajan en todo el país, el 40% del total. En su último recuento, hasta las 17.00 horas, las asociaciones rebajaban esta cifra hasta los 973 (39%).
Según el CGPJ, la jornada de huelga ha supuesto la suspensión de al menos 3.500 actuaciones judiciales, aunque no es posible ofrecer una cifra global porque no todos los juzgados han detallado las cifras. Sólo en la Comunidad de Madrid se han suspendido 743 actuaciones, mientras que en Cataluña han sido cerca de 550.
La jornada de paro fue especialmente secundada en los órganos judiciales inferiores. No obstante, los presidentes de los tribunales superiores autonómicos y una treintena de magistrados del Tribunal Supremo, aunque sí acudieron a sus puestos de trabajo, expresaron su apoyo a la huelga en sendos manifiestos. En el Alto Tribunal pararon siete de los 77 magistrados (9%). Y en la Audiencia Nacional secundaron la movilización seis de sus 87 jueces, apenas el 7% del total.
Un “éxito” de convocatoria, según los convocantes
En un comunicado, las asociaciones califican la huelga de “éxito” e instan al Ministerio de Justicia y el CGPJ a “buscar soluciones a las razonables peticiones de los dos colectivos profesionales” convocantes. A su juicio, las cifras de seguimiento son un buen punto de partida para iniciar negociaciones sobre aspectos concretos de sus condiciones profesionales, de la mejora de la Justicia y de un reforzamiento tanto de la imagen de independencia de la Justicia como de la autonomía del Ministerio Fiscal.
Esta convocatoria de huelga, la cuarta promovida por estos colectivos desde 2009, tiene de particular que será la primera en democracia en la que jueces y fiscales perderán la parte del salario correspondiente. Esta detracción supone una novedad en el caso del tercer poder del Estado, cuyo derecho a la huelga está en un limbo legal porque no existe soporte normativo que lo sustente. Tampoco que lo prohíba. E implica un avance hacia el reconocimiento del derecho a la protesta de jueces y fiscales, tal y como vienen reclamando los colectivos profesionales que, no obstante, piden un compromiso expreso de regulación.
Para que el Ministerio de Justicia pueda descontar el salario a los profesionales, el órgano de gobierno de los jueces remitirá a este departamento los datos de los que dispone sobre el seguimiento de la convocatoria. Lo hará en respuesta a un escrito remitido el pasado 12 de noviembre por el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, interesando que se adoptaran “las medidas que, en su caso, posibiliten a la habilitación del ministerio efectuar la detracción proporcional de haberes de quienes puedan secundar el paro”.