El juez acepta acusaciones en el caso de las mascarillas para investigar comisiones “con miles de fallecimientos diarios”
El juez que investiga el caso de las comisiones millonarias salidas de contratos de compra de material sanitario del Ayuntamiento de Madrid ha aceptado al consistorio, a Podemos y al PSOE como acusaciones en la instrucción, a la espera de que Más Madrid y su portavoz Rita Maestre aporten un defecto formal y puedan personarse también. En su escrito, el juez justifica esta decisión por el “interés general” del caso ya que, añade, se investiga “el manejo de los citados fondos en un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el momento más álgido de la pandemia de COVID-19, con miles de fallecimientos diarios, y determinar si esos fondos beneficiaron a determinadas personas particulares en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos”.
La investigación arrancó hace unos días después de que el juzgado 47 admitiese la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, el Ministerio Público examinaba desde hace más de un año las comisiones millonarias cobradas por Luis Medina Abascal y Alberto Luceño a cambio de mediar en la llegada de mascarillas, guantes y test de anticuerpos a Madrid desde China en las primeras semanas del estado de alarma. Tres contratos firmados con una empresa de Malasia y con enormes sobreprecios de los que cobraron seis millones en comisiones. La persona que les puso en contacto con el Ayuntamiento, además, fue un primo del alcalde de la ciudad.
El juez ya decidió imputar a los dos empresarios y llamarles a declarar el próximo 25 de abril al mismo tiempo que embargaba sus bienes. Con el dinero de las comisiones, según la querella de Anticorrupción, Medina compró un velero al que llamó “Feria”, como su ducado familiar, y Luceño compró, entre otras cosas, 12 coches y 3 relojes de lujo y una casa en una de las zonas más exclusivas de la Comunidad de Madrid. El objetivo, sospecha la Fiscalía, era blanquear el botín después de que llegara directo desde Malasia a sus cuentas bancarias en Madrid.
El caso, además de la acusación pública que impulsa la Fiscalía, contará con varias acusaciones populares: el PSOE y su grupo municipal en el consistorio y Podemos. Por el momento el magistrado ha rechazado la misma petición de Más Madrid y su portavoz, Rita Maestre, al no haber aportado correctamente el poder general para pleitos. El mismo magistrado ofreció acciones al propio Ayuntamiento de Madrid y en este auto también acepta a la administración que dirige José Luis Martínez-Almeida como acusación particular.
El instructor justifica la inclusión de estas acusaciones en el tipo de hechos que se investigan. “Los delitos investigados, no sólo afectan a los fondos públicos, sino que tienen un interés general y una enorme repercusión pública”, explica el juez. De hecho, añade, se investiga el manejo de dinero de las arcas municipales “en un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el momento más álgido de la pandemia de COVID-19, con miles de fallecimientos diarios, y determinar si esos fondos beneficiaron a determinadas personas particulares en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos”.
Contratos de la funeraria
Los tres contratos adjudicados a la empresa malaya Leno fueron firmados en los últimos días de marzo de 2020 y se gestionaron a través de la empresa municipal de servicios funerarios. Esto permitió que pudiera hacerse por el trámite de emergencia y que los controles y la publicidad fueran muy inferiores a un procedimiento abierto con concurso público. Según la Fiscalía, en este contexto Luis Medina Abascal - hijo del fallecido duque de Feria - contactó con el consistorio a través de un primo del alcalde.
La querella explica que las comisiones de ambos empresarios salieron de un aumento del precio del producto que, en ocasiones, superó el 400%. El Tribunal de Cuentas ya examinó estos contratos, aunque sin tener constancia de la existencia de comisiones, pero en ese informe ya apuntaba a que los contratos de esta empresa fueron los más caros de todos los ayuntamientos españoles en cuanto a mascarillas FFP2 y test de anticuerpos.
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