El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, califica el espionaje a Luis Bárcenas como una “operación parapolicial” ordenada desde “órganos superiores y/o directivos de la Administración General del Estado” destinada a recuperar “información comprometedora para altos cargos dirigentes del Partido Popular”. Además, asegura que esas maniobras se realizaron a la espalda de la autoridad judicial, esto es, ocultándoselas al magistrado que dirigía la investigación acerca de la financiación irregular del Partido Popular.
En un auto de apenas dos páginas, el magistrado levanta el secreto del sumario y hace suyo los planteamientos de la Unidad de Asuntos Internos y de la Fiscalía Anticorrupción. “Se trataría de ejecutar un operativo parapolicial del que serían responsables órganos superiores y/o directivos de la Administración General del Estado y cuya ejecución material se encomienda a los ya investigados en la presente causa Enrique García Castaño, entonces jefe de la UCAO, y José Manuel Villarejo Pérez”, el principal investigado en la causa Tándem.
“Consistiría en la captación y manipulación como colaborador-confidente del Cuerpo Nacional de Policía de Sergio Javier Ríos Esgueva, a la sazón conductor de Rosalía Iglesias Villar, esposa de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular”, se lee en el auto. Los recibís de los 2.000 euros mensuales que cobró el chófer durante dos años aparecieron en casa de Villarejo y eso dio origen a la causa, según ha trascendido.
El objetivo de la misión, añade el juez, “podría ser, aparentemente, la obtención por medio de dicho colaborador , en cuanto persona de máxima confianza del matrimonio, de información concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material documental comprometedor para altos dirigentes del Partido Popular, sustrayendo su conocimiento de la autoridad judicial” del caso de la caja B.
La pieza 7 del caso Villarejo, que investiga la Operación Kitchen—a la espera de que el juez resuelva la posible citación de Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal y López del Hierro— al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; al que fuera director adjunto operativo de la Policía y artífice de la brigada política, Eugenio Pino; y a toda la primera línea de mandos policiales que participaron en las maniobras contra la oposición, ya fuera en la Operación Catalunya o Podemos.
En poder de la Audiencia Nacional están cuatro mensajes que Martínez depositó ante notario en el verano de 2019 en el que aborda la Operación Kitchen con Fernández Díaz. El contenido de uno de esos mensajes apunta a la posible implicación del Centro Nacional de Inteligencia en el espionaje al extesorero del PP.