El nuevo juez del caso de la caja B del PP, Santiago Pedraz, ha solicitado a su colega de la causa que investiga el espionaje a Luis Bárcenas todo el material incautado que pudiera servirle para encontrar nuevas pruebas o ampliar las pesquisas sobre la financiación irregular de la formación conservadora. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 quiere “documentos, o mención a su existencia, que hubieran estado en poder o a disposición de Luis Bárcenas”, según recoge el auto al que ha tenido acceso elDiario.es.
Así, Pedraz solicita al juzgado de Manuel García-Castellón la información contenida en los teléfonos móviles que el chófer sustrajo a los Bárcenas para entregárselos a la brigada política, notas informativas de Villarejo sobre los documentos que guardaba el extesorero del PP, audios de conversaciones en los que se aluda a ese material e incluso las referencias al desarrollo del espionaje en los mensajes que depositó en un notario el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.
Los últimos avances de Kitchen están vinculados al chófer de la familia, el hoy policía Sergio Ríos Esgueva. Su domicilio fue registrado a finales del pasado mes de octubre, lo que motivó la apertura de una subpieza que permanece secreta y que, según fuentes judiciales, indaga en la posible utilización de Ríos por la cúpula del Partido Popular desde el mismo momento en que comenzó a trabajar para Bárcenas, antes de que el tesorero entrara en prisión y el conductor comenzara a colaborar con los policías investigados.
Pedraz quiere una copia de la documentación incautada al chófer pero “perteneciente a Luis Bárcenas o la información que ayude a su localización”, excluyendo aquella que se refiera al operativo presuntamente ilegal desplegado por Interior para su obtención y que es el objetivo central de la pieza 7 del caso Villarejo. Cualquier otra “agenda o documento” que pueda tener relación con la caja B y Bárcenas es reclamada por Pedraz, tanto en soporte físico como digital.
El magistrado instructor se detiene en reclamar las declaraciones que realizaron en sede judicial el comisario Enrique García Castaño, quien participó activamente, personalmente o la unidad que dirigía, en lo que él defiende como recuperación del dinero escondido por Bárcenas y localización de sus testaferros; las efectuadas por el comisario José Manuel Villarejo, igualmente implicado en la “manipulación” del confidente del chófer; así como el testimonio en sede judicial de éste último, Sergio Ríos Esgueva. En realidad, los investigadores creen que el único fin de la Operación Kitchen era poner fuera del alcance del juez de la caja B documentos que pudieran incriminar a dirigentes del PP.
El auto de Pedraz desciende al detalle hasta solicitar el contenido de dos teléfonos móviles y una tablet de la marca Apple, que fueron entregados por el chófer a García Castaño y cuyo contenido volcó éste para luego hacérselo llegar al secretario de Estado Martínez en una memoria externa. Como recuerda el juez Pedraz, el propio García Castaño hizo entrega de una copia en el juzgado de toda esa documentación. El magistrado solicita igualmente los mensajes que recibió Martínez en su teléfono móvil y que fueron registrados en un notario por el ex número dos de Interior. En ellos, recuerda Pedraz, se daba cuenta del “desarrollo del operativo”.
Por iniciativa de la UDEF, y a instancias de la Fiscalía, el juez Pedraz requiere igualmente al Juzgado las conversaciones entre Villarejo, García Castaño y el empresario Adrián de la Joya, imputado en el caso Tándem pero no en la pieza Kitchen, así como la información que pudiera haber aparecido de dos empresarios de los que hay sólidos indicios de que ingresaron dinero negro a la caja B del PP a cambio de adjudicaciones concretas: Alfonso García Pozuelo y Joaquín Molpereces.
Pedraz recuerda en su auto que Bárcenas, junto al fallecido Álvaro Lapuerta, y Francisco Correa, entre otros, “definieron e implementaron un sistema para obtener fondos ilícitamente para el Partido Popular y para ellos mismos, a cambio de movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores de tales fondos”. “A tales efectos se pusieron de acuerdo con distintos empresarios para que realizaran estas entregas de fondos en efectivo en la sede del Partido Popular, en calidad de aparentes donaciones”.
Está previsto que el juicio de la caja B referente al pago de las obras de Génova con dinero negro comience el próximo 8 de febrero. Todos los avances en la investigación del cohecho, esto es, del pago al PP a cambio de adjudicaciones de obra pública sigue adelante en el Juzgado de Pedraz y podría derivar en un segundo juicio.