El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, ha rechazado este lunes, por segunda vez, citar como testigo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La petición ha partido en ambas ocasiones de la asociación ultra Liberum, personada en la causa de corrupción como acusación popular. El juez, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha concluido en un auto dictado hoy: “Los datos que se ofrecen son meras informaciones periodísticas no contrastadas”.
La actividad de la asociación Liberum arrancó en la pandemia con acciones judiciales masivas para oponerse a medidas para contener el virus, desde el pasaporte COVID hasta la vacunación. En los últimos años han interpuesto, sin éxito, diversas querellas contra líderes políticos y jueces por imponer y avalar restricciones sanitarias. Varios abogados vinculados entonces a Liberum también intentaron, sin éxito, que el Constitucional impidiera la vacunación de más de 20 menores de edad.
Dos semanas después de que se realizaran las detenciones de la operación Delorme, Liberum solicitó por primera vez la declaración de Gómez como testigo. La Fiscalía informó en contra y el juez acordó desestimar la práctica de esa diligencia. La asociación recurrió y Anticorrupción ha vuelto a posicionarse en contra, con el acuerdo final del juez.
Liberum, según recupera el fiscal, ha incorporado informaciones periodísticas sobre las supuestas gestiones de la mujer del presidente para importar mascarillas y respiradores de China y que, para ello, se había reunido con el empresario Víctor de Aldama, clave en la trama Koldo, y con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo.
Una de las informaciones que aporta Liberum y que cita el fiscal aseguraba que esos contactos de Begoña Gómez se produjeron “coincidiendo con la operación de rescate de Globalia (y su compañía aérea Air Europa) con 616 millones de euros de fondos públicos”, si bien Anticorrupción señala que esas informaciones fueron publicadas “en distintos medios digitales”.
El fiscal recuerda, en primer lugar, que los hechos son distintos, en concretos las adjudicaciones de organismos públicos para la compra de mascarillas y otro material sanitario. Y añade: “Si en la documentación obrante en la causa, así como en las investigaciones realizadas por la unidad policial encargada de las investigaciones –la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción– aparece algún dato o elemento que apunte al eventual conocimiento o intervención [de Begoña Gómez], aún de manera puntual, en hechos que de alguna manera pudieran estar vinculados con cualquiera de las vicisitudes habidas en todas las actuaciones relativas a los contratos investigados, la respuesta es no”.
“Lo único que existe respecto de esta cuestión –añade el fiscal Carlos Pastor– son meras informaciones periodísticas no contrastadas, de las que se desprende que Dña. Begoña Gómez ha podido tener relación con uno de los investigados, Víctor de Aldama, lo cual tampoco es revelador de nada más, especulándose que podrían haberse tratado de cuestiones relativas a los contratos de adjudicación del suministro de mascarillas”.
Respecto a documentación incautada en el transcurso de las detenciones y registros, el fiscal Anticorrupción explica que, a falta de analizarla, su importancia se limita en el momento presente a que es mucha pero que “ya se irá viendo la trascendencia que tiene respecto de los hechos que inicialmente constituyen objeto de las presentes diligencias”.
Un juez de Madrid admitió la pasada semana a trámite una denuncia del pseudosindicato de Manos Limpias contra Begoña Gómez basada en una serie de publicaciones periodísticas, al menos de ella un bulo demostrado. La Fiscalía ha recurrido esa admisión a trámite ante la Audiencia Provincial de Madrid.