El juez del ‘caso Neurona’ archiva la investigación sobre los supuestos sobresueldos en Podemos

El juez de Madrid que investiga a Podemos, Juan José Escalonilla, acaba de dar carpetazo a una de las tres líneas de investigación que quedan vivas en el ‘caso Neurona’, la relativa a los supuestos sobresueldos mediante complementos salariales que, según la denuncia que dio origen el caso, habrían cobrado la gerente del partido, Rocío Esther Val; y el tesorero, Daniel de Frutos. En un auto del 11 de marzo al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez concluye que no hay irregularidades en las retribuciones de ambos empleados. El archivo no es firme. 

La existencia de estos supuestos “sobresueldos” fue objeto de denuncia de los abogados enfrentados con la cúpula del partido, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, que cuestionaron los aumentos de las nóminas de Val y De Frutos mediante la implementación de dos complementos salariales —por importe de 210,32 y 400 euros— así como a través del reintegro a los mismos de gastos por desplazamientos u otros conceptos que consideraban “indebidos, desproporcionados y por conceptos no autorizados”. 

El juez Escalonilla, tras practicar las diligencias oportunas, considera que esos incrementos salariales están dentro de la legalidad. En su auto, destaca que el Consejo de Coordinación del partido aprobó los complementos salariales implementados por la gerente y que no se aprecia por su parte la presunta comisión de un delito de administración desleal. También subraya que el reembolso o reintegro de gastos presentados por ambos para su abono fueron aprobados por el Equipo de Finanzas y Transparencia y que “no se tratan de gastos unilateralmente cargados por dichos investigados, sino de gastos aprobados en sus respectivas áreas, por lo que no cabe apreciar indiciariamente irregularidad alguna”.

Con este archivo provisional, el ‘caso Neurona’ se limita a la investigación sobre el contrato con la consultora Neurona Comunidad para las elecciones generales de abril de 2019, que el juez sospecha que pudo ser simulado para desviar dinero de la subvención electoral; y a las pesquisas sobre la llamada ‘caja de solidaridad’. Tras el archivo del juez Escalonilla, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó el pasado 16 de febrero reabrir esta investigación al considerar que existen indicios de administración desleal en este fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones de sus sueldos para destinarlas a proyectos sociales. En concreto, está bajo sospecha la transferencia de 30.000 euros de esa caja a la Asociación 404 Comunicación Popular, vinculada a varios miembros de la formación.

La causa se ha ido adelgazando en los últimos meses con el cierre de varias de las líneas de investigación tras la denuncia de Calvente, aunque el instructor mantiene imputado al partido. Hace dos meses, el 12 de enero, el juez archivó la línea de investigación sobre la reforma de la nueva sede del partido, que se centraba en la diferencia de precios entre el presupuesto y la ejecución de esas obras; y sobre el presunto delito de revelación de secretos y vulneración de la intimidad que también había denunciado el abogado despedido.

Previamente, en octubre, el juez había cerrado otra de las líneas de investigación de esta causa, la relativa a las supuestas irregularidades en cuatro contratos del partido con la consultora portuguesa ADB Europa correspondientes también a las generales de 2019. El magistrado anuló las diligencias que él mismo solicitó tras recibir un informe en el que el Tribunal de Cuentas acredita que no hay irregularidades en dichos contratos. 

Por otro lado, el pasado 3 de marzo, el juez Escalonilla acordó la apertura de tres “procedimientos independientes” para investigar las supuestas irregularidades denunciadas por Carmona. Estas tres causas, al margen del ‘caso Neurona’, indagarán en la presunta “utilización por Irene Montero Gil [ministra de Igualdad] de una persona a sueldo del partido como cuidadora de sus hijos”; el “presunto cobro por Pablo Iglesias [vicepresidente del Gobierno] de las costas procesales” en un caso que habrían ganado abogados y un procurador pagados por Podemos y las donaciones a dos fundaciones próximas a la formación, la escuela popular Pablo Freire y la Fundación 25M.