El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha elevado exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando que investigue a Pablo Iglesias por denuncia falsa en relación con el robo de la tarjeta a su excolaboradora Dina Bousselham. García-Castellón adopta esta decisión después de que una instancia superior, la Sala de lo Penal, le obligara a devolver a Iglesias la condición de perjudicado ante los indicios de que había sido víctima de la difusión de la información en esa tarjeta y de que no había otros que permitieran actuar contra él por haberla guardado durante meses.
García-Castellón atribuye a Pablo Iglesias indiciariamente tres delitos: delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género; daños informáticos; y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina Bouselham. La antigua colaboradora, supuesta víctima, no acusa a Pablo Iglesias de ningún delito y le exime de responsabilidad en todo lo referente a la tarjeta.
El juez califica de “consciente y planificada actuación falsaria desplegada por el Sr. Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales”.
El magistrado García-Castellón ha desplegado una intensa actividad indagatoria contra Pablo Iglesias desde el final del confinamiento y no ha pedido informe a la Fiscalía Anticorrupción antes de tomar esta decisión, informan fuentes jurídicas. El instructor alegaba que Iglesias insistió en mantener su condición de perjudicado pese a saber que fue Bousselham quien hizo pantallazos de la tarjeta y que no solo Villarejo pudo hacerlos llegar a medios de comunicación. En la exposición razonada, el juez da un salto más y ya descarta que el medio que dirige Eduardo Inda recibiera la información de la tarjeta de manos de Villarejo y acusa a Pablo Iglesias y varios colaboradores de ampliar la denuncia pese a que pudiera ser que Villarejo no fuera quien hizo llegar los pantallazos a Okdiario, según razona.
La exposición razonada incluye, por tanto, también investigar a la directora de los servicios jurídicos de Podemos María Gloria Elizo y a los letrados de esta formación Marta Flor Nuñez y Rául Carballedo, así como a la propia ex asesora Dina Bouselham y Ricardo Sa Ferreira, estos dos últimos por falso testimonio. El magistrado considera que Iglesias usó de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral, dice la citada exposición.
Según señala el titular del Juzgado central de Instrucción 6, Pablo Iglesias recibió de Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina Bouselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella. “Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas (ella había sido su asesora) y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015”, explica el auto.
El juez traslada su sospecha de que Iglesias se quedó la tarjeta porque comprobó que había capturas de pantalla de grupos de mensajería donde aparecía él. Esos comentarios terminaron siendo publicados en El Confidencial, El Mundo y Okdiario, según expuso Asuntos Internos en un informe.
Los hechos que rodearon al robo del móvil de la ex asesora de Pablo Iglesias, según el juez, se incardinan en un delito de descubrimiento y revelación de secretos de quien, sin estar autorizado se apodera, utiliza o modifica en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos. Además, el juez entiende que en este caso concreto concurre la agravante del art 22.4 del código Penal, porque “el hecho se habría cometido por razones de género”.
El magistrado ignora así que Bousselham le trasladó por escrito una última versión en la que exime a Iglesias de dañar la tarjeta y no ejerce la acusación necesaria para que pueda ser imputado, como advirtió la Fiscalía. De hecho, Anticorrupción pidió al juez que llamara a la excolaboradora para que se ratificara, pero García-Castellón se ha negado y ahora argumenta que es el Supremo quien debe hacerlo.
Pese a ello, afirma, “con la única finalidad de desprestigiar al medio Okdiario”, puesto de común acuerdo con Gloria Elizo y con la participación de los letrados Raúl Carballedo y Marta Flor Nuñez, “a sabiendas del origen de las imágenes publicadas en el digital, el aforado Pablo Iglesias insta a los servicios jurídicos del partido a ampliar la denuncia inicial formulada por Bouselham, tratando de disimular falsariamente, una conexión entre las imagen publicadas en el digital y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre de 2015”, añade.
El juez dice que Podemos simuló que Villarejo actuó de acuerdo con Inda
“Pese al conocimiento de su falsedad y puestos de común acuerdo; el aforado, secretario general de Podemos; la responsable de los servicios jurídicos del partido, la sra Elizo y la letrada del partido, Marta Flor Nuñez, como ejecutora material, simulan que la publicación de las imágenes en el semanario OK Diario durante los días 21 y siguientes del mes de julio, fue el resultado de un encargo realizado al Sr. Villarejo para perjudicar a Pablo Iglesias Turrión”, escribe el juez. El juez apunta que su personación en la pieza separada, que él mismo ofreció a Pablo Iglesias, y su denuncia tenían una finalidad “estrictamente de oportunidad política”.
A lo largo de su escrito, García Castellón también destaca como un hecho relevante la comparecencia ante el propio juez, el 26 de marzo de 2019, de Bouselham en calidad de testigo-perjudicada, quien, con conocimiento de su falsedad, faltó a la verdad en sus manifestaciones, al igual que hizo su marido tres días más tarde. “Ambos hechos se entienden conexos a la actuación desplegada por los servicios jurídicos del partido Podemos para construir ante el órgano judicial un relato coherente con las instrucciones dadas por el aforado, secretario general del Partido”, concluye el magistrado.
El magistrado relata que bajo las instrucciones dadas por Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica de Podemos, presentaron la desaparición del teléfono de Dina “como un encargo realizado por el Gobierno del PP al ex comisario Villarejo, para publicar en el digital OK Diario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos”.
Asimismo, el juez dicta auto de pase a procedimiento abreviado contra los tres imputados sobre los que sí tiene compentencias: el comisario Villarejo y los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles, éstos últimos director y subdirector de Interviú cuando se produjeron los hechos.
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