El juez de Madrid que investiga a Podemos, Juan José Escalonilla, ha anulado las diligencias que él mismo solicitó para esclarecer cuatro contratos del partido con la consultora portuguesa ADB Europa correspondientes a las elecciones generales que se celebraron en abril de 2019. El instructor considera que el Tribunal de Cuentas ha acreditado que no hay irregularidades en dichos contratos y ha cerrado esa línea de investigación abierta a raíz de la denuncia del abogado despedido por Podemos José Manuel Calvente.
El Tribunal de Cuentas, escribe el juez, no ha “apreciado irregularidad alguna en los gastos efectuados por el partido político Unidas Podemos en base a los contratos formalizados con ABD Europa LDA”, cuya matriz está en Brasil. En el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, Escalonilla añade: “No cabe sino concluir en la inexistencia de indicios racionales acreditativos de que dichos contratos aportados por el denunciante, de fecha 25 de febrero, 19 de marzo, 12 de abril y 3 de mayo de 2019, se traten de contratos simulados”.
La Fiscalía de Madrid se posicionó en el mismo sentido respecto a los contratos con ABD Europa. En su informe al juez, el Ministerio Público solicitó que la investigación del Juzgado número 42 se centrara en el contrato firmado con otra consultora, Neurona, para las elecciones del 28 de abril de 2019 ya que el resto de indicios presentados por Calvente eran “rumores, sospechas o suspicacias”. La Fiscalía considera que, de acuerdo a la información suministrada por el Tribunal de Cuentas, aparecen sin embargo “indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delicitivo” que aconsejan la investigación del citado contrato con Neurona.
José Manuel Calvente acudió a la Guardia Civil en diciembre de 2019, tras ser despedido de Podemos, y presentó una denuncia contra varios dirigentes del partido a los que atribuía una serie de delitos, incluida la financiación irregular del partido. Los agentes pusieron los hechos en conocimiento de un juzgado de Barcelona, que se inhibió por cuestión de competencia, en los de Plaza de Castilla en Madrid. El sistema de reparto hizo que recayera en el Juzgado de Instrucción número 42, cuyo titular, Juan José Escalonilla, ordenó una serie de diligencias previa a la apertura de una investigación únicamente por presunta malversación, entre ellas la citación del denunciante.
Una vez oyó en declaración a Calvente, el juez Escalonilla ordenó una amplia batería de diligencias, entre las que se encontraba la orden a la Policía para que comprobaran si varios trabajadores de ABD Europa LDA identificados en los contratos con Podemos habían entrado en España entre el 15 de febrero y el 12 de abril de 2019. También solicitó que se investigara la cuenta electoral de Unidas Podemos correspondiente a las elecciones de abril de 2019 y que se identificaran los pagos a la citada consultora. Por último, requirió al partido para que presentara la documentación sobre esos mismos contratos. Todas estas diligencias son las que deja sin efecto Escalonilla en el auto citado.
“La gran duda de mucha gente”, según Calvente
En la denuncia ante la Guardia Civil que dio origen al caso, Calvente aseguraba: “La gran duda que tiene mucha gente sobre las relaciones contractuales entre Podemos y estas empresas extranjeras es si los contratos de servicios celebrados entre Podemos, Neurona y ABD Europa LTD en la campaña electoral se enmarcarían en esta presunta red global de corrupción política”.
Siempre en el terreno de la especulación, añadía: “Estaríamos ante contratos ordenados por algunos dirigentes del partido para compensar a la red de financiación ilegal de partidos políticos el apoyo económico y persona recibido para promocionarles dentro del partido y que llegaran a alcanzar sus actuales puestos de dirección”. Calvente decía que sospechaba que el responsable de Comunicación y Estrategia, Juanma del Olmo, y el diputado Rafa Mayoral actuaron “como intermediarios y comisionistas” en los contratos con ABD Europa.
Escalonilla respondió a la petición de Podemos para estar presente en la declaración de Calvente admitiendo al partido como parte personada en calidad de investigado. Calvente declaró el 29 de julio y el magistrado dictó un auto al día siguiente con una larga lista de diligencias, entre ellas las que anula en el auto referido y la citación para cuatro meses después, como imputados, de Juanma del Olmo; la gerente de Podemos, Rocío Esther Val; y el tesorero, Daniel de Frutos. Todos ellos comparecerán ante el juez el 20 de noviembre.