Un juez del Tribunal Supremo ha justificado la incautación del teléfono móvil y el correo electrónico del fiscal general del Estado en la necesidad de esclarecer quién realizó una filtración a un medio de comunicación, publicación que sirvió para demostrar la naturaleza de un bulo previamente había difundido el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Esa mentira del jefe de gabinete de la presidenta madrileña trataba de confundir sobre los delitos asumidos formalmente por el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La decisión del magistrado Ángel Hurtado no tiene precedentes. Su orden a la Guardia Civil se produce en el contexto de una investigación al fiscal general, Álvaro García Ortiz, en su condición de aforado, una figura reservada en democracia a representantes las instituciones del Estado para protegerlas del ánimo espurio de las querellas que se presenten contra ellos en los tribunales ordinarios.
Este miércoles, el magistrado del Tribunal Supremo ordenó a la Guardia Civil entrar en el despacho del fiscal general a raíz de las querellas del delincuente confeso Alberto González Amador, de varias asociaciones ultraderechistas y del Colegio de Abogados de Madrid, cuya junta directiva es el resultado del triunfo de una de las candidaturas conservadoras en las últimas elecciones.
Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ocuparon el miércoles el despacho del fiscal general –también el de la fiscal jefe de Madrid– clonando cuentas de correo electrónico, tablets y teléfonos móviles. “Se aprehenderá el teléfono o teléfono móviles del interesado”, puso por escrito el juez. Ni siquiera la defensa de González Amador aspiraba a tanto.
En un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia en julio, el letrado de González Amador acotaba la diligencia a solicitar a Google los correos de la cuenta personal de García Ortiz que contuvieran el texto de la confesión de su cliente, así como los correos intercambiados desde su cuenta con la fiscal Pilar Rodríguez entre el 5 y el 18 de marzo.
Además, la defensa pedía a la tecnológica comprobaciones sobre posibles correos borrados entre esas fechas. Para el juez Hurtado, esa delimitación en una medida tan invasiva no ha sido necesaria: la Guardia Civil debía incautarse del teléfono del fiscal general del Estado.
El resultado de esa intervención en las comunicaciones de García Ortiz será de acceso libre a las partes personadas cuando el juez levante el secreto del sumario. Asociaciones ultraderechistas como Manos Limpias disfrutarán del contenido del teléfono del fiscal general con las restricciones que marque el juez, si es que las impone.
En la decisión del juez Hurtado no ha pesado que el correo motivo de la investigación ni siquiera fue el primero en saltar a los medios de los que componen la lista de mensajes intercambiados entre la defensa de González Amador y la Fiscalía.
La noche del 13 de marzo pasado, la cadena Ser publicó un correo que evidenciaba que Alberto González Amador había ofrecido un acuerdo de conformidad a la Fiscalía para reconocer sus delitos y evitar una condena que implicara el ingreso en prisión. El Mundo y otros medios habían difundido un bulo consistente en publicar otro correo electrónico, descontextualizado, haciendo creer que la iniciativa del pacto partía del Ministerio Público, cuando era al revés.
Horas antes de que la Cadena Ser difundiese el email que evidenciaba que el acuerdo de conformidad había partido de la defensa de González Amador, el jefe de Gabinete de la presidenta regional, Miguel Ángel Rodríguez, se había dedicado a enviar mensajes desde su teléfono personal a distintos medios con otro de los correos que intercambiaron el fiscal del caso, Julián Salto, y la defensa del comisionista.
Rodríguez remitió el mensaje primero a un periodista El Mundo y después lo reenvió a través de WhatsApp a otros medios de comunicación como Libertad Digital, El Debate y Vozpópuli, tal y como reveló elDiario.es. Esa filtración no está siendo investigada y el hecho demostrado de que se produjera no ha influido en la decisión del juez Hurtado de incautar su teléfono móvil al representante de una de las instituciones más relevantes del Estado.
Decisiones clave a favor del PP
Ángel Hurtado es un juez conservador que llegó al Tribunal Supremo por elección del Consejo General del Poder Judicial que cumplía ya dos años de mandato caducado. Debido a la negativa del Partido Popular a acceder a la renovación, ese Consejo, de una abrumadora mayoría conservadora, continuó realizando nombramientos, algunos tan importantes como el que se revela ahora con Hurtado.
El magistrado Hurtado estuvo en el centro de uno de los episodios judiciales más trascendentes a la postre para la política española. A él le tocó presidir el tribunal y redactar la sentencia del primer gran juicio del caso Gürtel. Otro magistrado conservador, Julio de Diego, y el progresista José Ricardo de Prada completaban el tribunal. Durante el juicio, se opuso a llamar al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a declarar como testigo.
Hurtado intentó que la sentencia no aludiera al sistema de financiación irregular que anidó en el PP durante al menos dos décadas, pero la oposición del otro magistrado conservador y del progresista motivaron que quedara en minoría y tuviera que ceder la redacción de la sentencia. Aquel fallo, y sus alusiones a las trampas durante más de veinte años en la financiación del partido en el Gobierno, motivaron una moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno.
Con posterioridad, Ángel Hurtado se enfrentó a la mayoría de sus compañeros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para defender en un voto particular que ni Enrique López ni Concepción Espejel estaban contaminados y que podían juzgar al PP en otro juicio de Gürtel, el que entraba de lleno en la caja B del partido. Espejel y López fueron apartados del tribunal por reunir la apariencia de imparcialidad necesaria respecto del PP.
Contra el fiscal progresista
El registro en el despacho del fiscal general es el colofón, hasta ahora, de la hostilidad con la que la cúpula conservadora de la carrera fiscal y de la judicatura recibieron desde el primer momento a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Y no solo por haber sido nombrado por un gobierno de izquierdas. Antiguo presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), García Ortiz había alcanzado la máxima categoría de la carrera fiscal al ser nombrado por su antecesora, Dolores Delgado, jefe de su Secretaría Técnica. Curtido en Galicia, García Ortiz era un extraño en las moquetas de la élite fiscal y judicial madrileñas.
La asociación a la que perteneció antes de ser fiscal general hizo público un comunicado en la tarde del miércoles en el que expresa su “profunda preocupación por las consecuencias altamente nocivas” que puede tener para la institución de la Fiscalía y “la justicia en su conjunto la decisión de ”no archivar de plano la causa“ contra el fiscal general y la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez. La UPF insiste en que ”todas las actuaciones“ llevadas a cabo por ambos ”se hicieron bajo amparo legal y estatutario, fueron legítimas y, además, necesarias“.
El fiscal general del Estado es, en estos momentos, objeto de una investigación judicial por una revelación de secretos supuestamente cometida en el marco de una causa contra el empresario Alberto González Amador, imputados por dos defraudar más de 350.000 euros a la Hacienda pública y falsificar documentos. González Amador, imputado desde hace más de siete meses, ni siquiera ha declarado aún en el juzgado.