El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Luis Medina y Alberto Luceño por el denominado caso mascarillas. La Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para Alberto Luceño y 9 años y 10 meses para Luis Medina por las comisiones ilegales en la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en el peor momento de la pandemia.
Respecto de Alberto Javier Luceño Cerón se abre juicio oral por un delito continuado de estafa agravada, falsedad en documento mercantil cometido por particular y falsedad en documento oficial cometido por particular, así como por un delito contra la Hacienda Pública. Luis Ramón Medina Abascal se sentará en el banquillo por un delito continuado de estafa agravada y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.
Luceño y Medina inflaron los precios de mascarillas, guantes y test de Covid de forma desorbitada para obtener comisiones que ascendieron a 6 millones de euros, más del 50% del montante total adquirido por el Ayuntamiento de Madrid, tal y como desveló elDiario.es el 31 de marzo de 2022. Los comisionistas se sirvieron de los contactos del hijo del duque de Feria para acceder a la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid.
En un auto anterior, el juez Carretero detalló que Luceño y Medina inflaron el precio de los contratos en un 60% en el caso de las mascarillas, en un 81% en el de los guantes de nitrilo y en un 71% en el de los tests a causa de las “elevadas” comisiones fijadas. Fruto de estas mordidas, Luceño cobró 5,1 millones de dólares y Medina un millón. En algunos casos esto implicó que entre el 60% y el 80% del dinero que pagaron los madrileños a través de la funeraria municipal fue a parar a los bolsillos de estos dos empresarios.
El magistrado Adolfo Carretero concede un plazo de 24 horas a los acusados para que Medina y Luceño aporten 7.852.579,72 euros en concepto de responsabilidad civil por el daño causado a las arcas públicas, en concreto a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid, ente del Ayuntamiento que adelantó el dinero para la compra del material sanitario. Asimismo Luceño deberá aportar en solitario 1.351.386,20 euros por el fraude a la Hacienda Pública. El fin de ambas fianzas es asegurar las responsabilidades pecunarias que conllevarían eventuales condenas.
Asimismo, el auto del juez decreta el embargo de bienes de los acusados hasta alcanzar los 4.623.350,05 euros en el caso de Alberto Luceño y de 912.700 en el de Medina. Las cantidades que se obtengan de dichos embargos serán destinadas al pago de la citada responsabilidad civil si resultan condenados.
En su escrito de acusación, el fiscal Luis Rodríguez Sol concluía: “La intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador, al que convencieron de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación”.
Mentiras al banco, carnets falsos y empresas instrumentales
En cuanto al delito de falsificación, la Fiscalía detalló la retahíla de documentos falsos que Luceño y Medina presentaron a sus respectivos bancos para justificar tan abultados e inmediatos ingresos, así como una factura falsa en el caso del primero. Es por ello que son acusados ambos de falsedad en documento mercantil, con pena aparejada de dos años de cárcel. Luceño tendrá que hacer frente a otra petición de dos años de cárcel por falsificación de documento oficial, entre ellos una placa de agente del CNI.
Alberto Luceño creó una empresa, Takamaka Investements SL, después de la venta del material al Ayuntamiento de Madrid, y con ella facturó el trabajo. “Si Alberto Luceño hubiera incluido estos ingresos en su declaración del IRPF, con un tipo progresivo muy superior al del Impuestos de Sociedades, habría tenido que pagar una cuota de 2.010.901,58 euros. Sin embargo, al declararlos como ingresos de la empresa solo ingresó a las arcas públicas 659.515,29 (...) dejando de pagar 1.351.386,29 euros”, dice la Fiscalía, que pide para él 4 años de cárcel por delito fiscal.