El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza al empresario Víctor de Aldama —presunto conseguidor del 'caso Koldo'— y a su socio, Claudio Rivas, por su presunta participación en un fraude a la Hacienda Pública de más de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.
Así consta en un auto, recogido por Europa Press, dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 después de haber tomado declaración a los dos detenidos y a la hermana de Rivas, María Luisa, este mismo jueves. Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado prisión tanto para Aldama como para Rivas, pero no para su hermana. Todos ellos fueron detenidos este lunes por la Guardia Civil.
Aldama y el resto de implicados en esta presunta trama de corrupción se encontraban desde el lunes en dependencias policiales de Tres Cantos, en Madrid.
En paralelo a los arrestos, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) registraron una finca en el término municipal de Coria, en Cáceres, propiedad de Claudio Rivas, quien junto a Aldama figura en la cúspide del presunto entramado que, según la Fiscalía Anticorrupción, habría conseguido “una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración”.
Sobre esta diligencia en Cáceres se refirió este martes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, al ser preguntado por el registro de una finca en colaboración con agentes de la Guardia Civil de esta región.
Según explicó el delegado del Gobierno, se trata de un caso que “no tiene nada que ver” con el 'caso Koldo' y que se centra en un presunto fraude de hidrocarburos, en el que “sí coincide la misma persona”. Quintana detalló que la Guardia Civil practicó un registro, pero que “no se encontró dinero y no hubo detenidos”.
“A diferencia de otras organizaciones criminales comunes, el tipo de estructura criminal sobre el que se está trabajando, conlleva una elevada complejidad para la investigación, ya que su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos, permiten a estas organizaciones posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración”, sostiene Anticorrupción.
La causa de la trama de hidrocarburos, declarada secreta, está dirigida por el magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. Se ordenaron 14 detenciones y 11 entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas, en varias provincias españolas, principalmente en Madrid, Salamanca y Cáceres.