Un juez envía al Supremo una causa contra Alvise por desórdenes públicos en las manifestaciones de Ferraz

Un juzgado de Madrid ha remitido al Tribunal Supremo una causa por desórdenes públicos contra el eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta, Luis 'Alvise' Pérez. La investigación, según ha adelantado esta mañana el periódico ABC, gira en torno a su papel en las manifestaciones masivas del año pasado en la calle Ferraz, sede central del PSOE, en las que llegó a ejercer de cabecilla.

Alvise no era eurodiputado ni había anunciado su intención de presentarse a esas elecciones cuando en noviembre de 2023 convirtió su canal de Telegram en uno de los principales centros de difusión de las convocatorias para manifestarse en la calle Ferraz. Durante uno de esos días incluso acudió personalmente junto a Daniel Esteve, líder de Desokupa, y llevó a miles de personas a cruzar Madrid desde esa zona hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados, donde instó a la gente a sentarse de espaldas a la cámara baja antes de anunciar que se iba a su casa a cenar, poco antes de que empezaran las cargas en Ferraz.

El Supremo ha recibido en las últimas semanas varias causas abiertas contra Alvise que debe tramitar por su aforamiento. Por ejemplo, las acusaciones de calumnias de un diputado leonés del PSOE por relacionarle con el caso Mediador, o la petición de una jueza de Sevilla de que sea investigado por amenazas. La Sala también está pendiente de hacerse cargo de la investigación abierta contra él por acosar a una de las hijas de Pedro Sánchez y de otra más por difundir una falsa prueba PCR del entonces ministro Salvador Illa.

En paralelo, la Audiencia Nacional investiga si financió de forma ilegal su candidatura a las elecciones europeas con los 100.000 euros que, tal y como reveló elDiario.es, cobró en efectivo de un empresario de criptomonedas. El eurodiputado estableció una relación con Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain' y líder del fallido Madeira Invest Club, hasta tal punto de participar en un acto multitudinario de su empresa. Pocos días antes de empezar su campaña para las europeas, según ha reconocido él mismo, acudió a la sede de la empresa de Romillo a recoger el dinero en metálico.

El Supremo, por el momento, está estudiando estas causas y no ha abierto formalmente diligencias penales por ninguna de ellas. El eurodiputado también ha sido condenado varias veces por la vía civil por difamar a políticos y periodistas, como por ejemplo Ana Pastor o Manuela Carmena.