El juez Miguel Ángel Gálvez dijo hoy que ha encontrado indicios “evidentes” de los hechos que se les imputan a 57 acusados de saquear al Estado de Guatemala, entre los que se incluyen al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
“Es evidente que hay indicios de delitos de asociación ilícita y de lavado de dinero”, manifestó el presidente del Juzgado B de Mayor Riesgo durante la audiencia que continúa este lunes en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Gálvez explicó que en las evidencias presentadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) durante la primera fase de investigación por el caso denominado “Cooptación del Estado” existe una relación entre los imputados.
Comentó que los testimonios de Víctor Hugo Hernández, contador de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, dan fe de cómo se crearon las sociedades anónimas para recibir las comisiones de los contratos públicos otorgados a empresarios.
“Es evidente que hubo una planificación para crear estas sociedades” y la estrategia estuvo a cargo del banquero Julio Aldana, enfatizó.
El juez también mencionó en su análisis la compra de un avión, de un helicóptero y de un vehículo Jaguar como regalos para Pérez Molina, y el 15 por ciento de las comisiones que recibía parte de la estructura por volar en cierta línea aérea guatemalteca.
Agregó que parte de las evidencias están en un documento entregado por Hernández y en otras pruebas decomisadas a Monzón, colaborador de la Fiscalía en este caso, aunque su testimonio no es considerado por Gálvez para dar su resolución.
“¿Será que solo Juan Carlos Monzón pudo haber hecho solo todo esto?” y “¿crear sociedades será ejercer el notariado?”, se preguntó Gálvez.
Aseguró que hay coherencia entre lo que se les está imputando a las 57 personas porque “existía una planificación para cometer los hechos”.
Según las investigaciones, la estructura supuestamente liderada por Pérez Molina y Baldetti, buscaban gente necesitada de dinero y vulnerable para que fuese representante legal de las sociedades anónimas y empresas creadas a cambio de un pago mensual de 1.000 quetzales (unos 132 dólares).
Pese a los indicios, el juez aún no da a conocer su resolución ya que, explicó, después de un receso entrará a analizar cómo se dio el financiamiento electoral ilícito al Partido Patriota (PP) que en enero de 2012 llegó al poder a Pérez Molina y a Baldetti.
La estructura criminal está acusada, en principio, de haber saqueado al Estado de Guatemala más de 500 millones de quetzales (65,9 millones de dólares) a través del cobro de comisiones por al menos 450 contratos otorgados a empresarios y financistas.
El juez tiene que decidir si existen suficiente indicios como para procesar o no a los 57 acusados de saquear las arcas públicas del Estado entre 2012-2015.