El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez a raíz de una querella presentada por el pseudosindicato ultra Manos Limpias, ha citado a cinco testigos el próximo 6 de junio y a uno más al día siguiente, lo que escenificará el impulso de su investigación a tres días de las elecciones europeas, que se celebran el 9 de junio.
Peinado tomará declaración el 6 de junio a los ex directores de la empresa pública Red.es David Cierco Jiménez de Parga y Alberto Martínez Lacambra; a los actuales directivos de la misma compañía Ignacio Espejo Saavedra Hernández y Luis Prieto Cuerdo; y Luis Antonio Martín Bernardos, directivo del Grupo Barrabés. Al día siguiente deberá declarar el propio Carlos Barrabés Cónsul.
El titular del Juzgado de Instrucción abrió diligencias de investigación por un presunto delito de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias La pasada semana tomó declaración a dos periodistas de los medios de comunicación que han publicado informaciones sobre la mujer del presidente del Gobierno y su supuesta influencia en decisiones del Ejecutivo a favor de empresas.
Manos Limpias presentó una querella que se basaba únicamente en informaciones publicadas y que incluía bulos. La Fiscalía ha recurrido la apertura de diligencias ante la Audiencia Provincial de Madrid, instancia superior al juez Peinado.
Este martes, El País publicó que el juez cuenta ya con un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que descarta que Begoña Gómez participara en el tráfico de influencias. Ha sido este miércoles cuando ha trascendido la decisión del juez de seguir impulsando la investigación.
El Confidencial publicó el pasado 2 de abril que Gómez había firmado en 2020 una carta para apoyar a la UTE Barrabés-The Valley en una licitación del Ministerio de Economía. Otra información, publicada un día después, hablaba de una segunda carta. Detrás de una de esas empresas recomendadas está el empresario tecnológico Carlos Barrabés, citado como testigo, que había participado como profesor en el máster y la cátedra de Transformación Social que Gómez dirigía en la Complutense.
Según estas informaciones, las cartas habrían sido clave para que las empresas se llevaran más de ocho millones de euros en ayudas públicas para realizar cursos para jóvenes y desempleados. El organismo que licitó los contratos —Red.es, dependiente del Ministerio de Economía que entonces dirigía Nadia Calviño— desmintió que las cartas tuvieran relevancia en la concesión de los lotes a la citada UTE.