El juez Juan Carlos Peinado ha suspendido las declaraciones de varios cargos de Red.es que pretendía interrogar en calidad de testigos este domingo después de que la Fiscalía Europea anunciara que reclamaba la parte de la investigación que afecta a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés financiada con fondos europeos.
[ACTUALIZACIÓN: El juez acepta ceder a la Fiscalía Europea parte de su investigación a Begoña Gómez]
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press sostienen que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha dejado sin efecto las citaciones del consejero delegado (CEO) de Red.es, David Cierco; el que fuera director general de Red.es Alberto Martínez Lacambra; el economista y abogado de Innova Next SL Luis Antonio Martín Bernardos; el director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández; y Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital.
Además, Peinado ha citado a Gómez a declarar el próximo 5 de julio pese a que el informe de la Guardia Civil descarta indicios de delito en los hechos investigados, aunque por ahora el juez no ha suspendido esa citación. Peinado también abrió una pieza separada en relación con la posible procedencia de fondos europeos de los contratos adjudicados y la documentación reclamada por la Fiscalía Europea, que partía a su vez de un informe de la Intervención General de la Administración del Estado.
La Fiscalía Europea solicitó formalmente al juez asumir la parte más relevante de la causa abierta contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el lunes 10 de junio. En concreto, el órgano con sede en Luxemburgo ha reclamado indagar en las adjudicaciones públicas al empresario Carlos Barrabés, que fue profesor en un máster que codirigía Gómez y dueño de varias empresas que accedieron a 99 contratos con diferentes administraciones desde 2015 por un importe de 24,9 millones.
La Fiscalía Europea entiende que es competente por investigarse el modo en el que fueron adjudicados fondos procedentes de la UE. En un breve comunicado, el organismo detalla que el pasado 12 de abril recibió una denuncia de un particular relacionada con un presunto delito de fraude que afectaba a los intereses financieros comunitarios. Eso dio lugar a unas pesquisas y a reclamar información, entre otros, al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid que investiga a Begoña Gómez.
La Fiscalía Europea llegó a enviar la semana pasada a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede de Red.es, la empresa pública que adjudicó contratos a Barrabés, para recabar información de dichas adjudicaciones. Tras recibir esa documentación, la Fiscalía Europea ha decidido asumir la competencia de la investigación respecto a los hechos objeto de la denuncia. Fuentes jurídicas confirman que esos hechos se centran en las adjudicaciones al citado empresario.
La decisión anticipa un posible conflicto de competencias que acabará en el Tribunal Supremo. Si el juez Peinado entiende que la instrucción tiene que continuar en su juzgado, deberá plantear una cuestión de competencia. En ese supuesto, sería la Sala de lo Penal del Alto Tribunal quien tendría que resolver la discrepancia de criterios entre la Fiscalía Europea y el juez nacional y decidir dónde se sustancia la investigación, previa consulta a la Fiscalía del propio Supremo.