El Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona investiga al médico del rey emérito Juan Carlos I y a dos personas más por un presunto fraude a Hacienda de 604.690 euros entre 2016 y 2018. La investigación parte de una querella de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Europa Press, que se dirige contra el médico Manuel Sánchez, como presunto autor , y contra su esposa y el millonario Allen Sanginés-Krause, amigo de Juan Carlos I, como presuntos colaboradores.
La querella atribuye el presunto fraude a las declaraciones del IRPF de Sánchez en 2016, 2017 y 2018, y el fiscal cree que las rentas reflejadas en esas declaraciones son “solo una mínima parte de las que realmente percibió” durante esos tres años. Afirma que el médico “ocultó en los sucesivos ejercicios la obtención de rentas” equivalentes a 500.000 euros en 2016, 500.000 euros más en 2017 y otros 300.000 euros en 2018, que eran retribuciones relacionadas con su trabajo como médico de prestigio.
La acusación pública sostiene que Sánchez usó una “estrategia defraudatoria que consistió en camuflar las rentas como ampliaciones de capital” de la empresa que gestiona su clínica --de la que era socio único y que administraba su esposa-- suscritas por la empresa de Sanginés-Krause. Este empresario mexicano es el financiador de los gastos del monarca Juan Carlos I en dinero negro utilizando de puente a un coronel del Ejército español, ex asistente del rey emérito.
En total, la Fiscalía Anticorrupción detectó 516.000 euros que salieron de los bolsillos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause con dirección a Juan Carlos I y que nunca fueron declarados a Hacienda. La Fiscalía, sin embargo, archivó las investigaciones por la inviolabilidad que protegía al monarca antes de 2014 o porque los presuntos delitos habían prescrito.
El presunto fraude con la clínica
La compañía detrás de la clínica médica del ahora investigado se constituyó en 2014 con un capital social de 3.010 euros que aportó su esposa, pero en 2016 ella vendió todas las participaciones a Sánchez, que pasó entonces a ser socio único de la empresa.
El escrito de acusación señala que el mismo día que la mujer vendió sus participaciones, la empresa recibió 245.000 euros de la compañía de Sanginés-Krause, “operación que no se amparó en ningún contrato escrito”.
El fiscal remarca que esas ampliaciones de capital no fueron reales sino simuladas y considera que para el presunto fraude fue “imprescindible la colaboración” de la esposa del médico y de Sanginés-Krause.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha detallado que recibió la querella en marzo y que dos de los tres investigados ya han declarado ante el juez que instruye el caso.