El juez De la Mata imputa a Convergència y el PDeCAT en el caso del 3%

El pasado siempre vuelve, a veces en forma de imputación judicial. Esto es lo que le ha ocurrido este viernes al PDeCAT, partido heredero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado ampliar la investigación atribuyendo la condición de personas jurídicas investigadas por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales a CDC y al PDeCAT. En un auto, el magistrado apunta a que el PDeCAT podría suponer “un simple cambio de apariencia” de CDC para que “eludir las responsabilidades que hubiera podido incurrir” en la investigación del 3%.

Hasta ahora, en el 3% permanecían imputadas las fundaciones afines a CDC por las que el partido habría canalizado un millón de euros procedentes de las mordidas de empresarios a cambio de obra pública entre los años 2008 y 2013. Pero no estaban imputados ni el PDeCAT ni Convergència, que se suman así al PP como los únicos partidos políticos investigados judicialmente. Cabe recordar que CDC ya fue condenada como partícipe a título lucrativo en el caso Palau.

El juez De la Mata expone que, lejos de terminar con el caso Palau, la “operativa” de cobro de comisiones ilegales se mantuvo en el partido. Y que era “sistemático”, “sistémico” y “normalizado”, esto es, regular en el tiempo a pesar de los relevos en la cúpula de CDC. “Los cambios en la estructura del partido no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos objeto de investigación, suponiendo únicamente una modificación de la identidad de las personas participantes en los mismos”, asevera De la Mata.

“El conocimiento” de las actividades presuntamente ilegales, continúa De la Mata, “era conocido por la estructura de CDC”. En este sentido, el magistrado detalla los distintos organigramas directivos del partido, introduciéndolos con una frase que ha hecho saltar las alarmas en círculos nacionalistas: “La cuestión trascendía, desde luego, de una mera actuación unilateral del responsable de finanzas”. Esta ha sido la socorrida excusa que han puesto los dirigentes de Convergència cuando se les preguntaba sobre el 3%: que del dinero se encargaba el tesorero, no los políticos.

Concreta el juez que entre 2009 y 2010 el responsable de finanzas de CDC fue Daniel Osàcar, condenado en el caso Palau, y el gerente Germà Gordó (ambos imputados en la causa) decidían “las cantidades que CDC reclamaba a sus fundaciones”. En 2011 el área de finanzas pasó a manos de Andreu Viloca (también imputado), siendo el gerente el investigado Carles del Pozo, que según su declaración “reportaba” al entonces secretario general de CDC, Oriol Pujol Ferrusola.

De la Mata ni termina aquí. En marzo de 2012 asumió la gerencia del partido otro imputado en la causa, Francesc Sànchez, que en su declaración explicó que la “dirección política” del partido estaba colegiada entre él mismo y Francesc Homs, Lluís Corominas y Josep Rull. En marzo de 2013, después de que Pujol Ferrusola dimitiera por su imputación en las ITV, Rull y Corominas asumen sus funciones y “controlan” la actividad de Sànchez como gerente, pero no así la de Viloca, que según Sànchez “gozaba de plena autonomía” pero informaba de su actividad a los tres políticos.

“En el caso concreto de las donaciones [de empresarios a las fundaciones], Sànchez refiere que Viloca informaba al 'órgano colegiado' de manera general pero que nunca bajaba a los datos concretos”, expone De la Mata. La supervisión de las finanzas del partido por parte de Viloca y Sànchez se mantuvo en la última etapa del partido a partir de julio de 2014, cuando el entonces presidente de CDC, Artur Mas, designó a Rull como coordinador general.