El juez Peinado se adentra en la burocracia universitaria para extender sin límite el caso contra Begoña Gómez

Los posibles delitos que se pueden cometer impartiendo un máster universitario constituyen el nuevo reto jurídico de Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez, que ahora imputa a la mujer del presidente del Gobierno por intrusismo profesional y apropiación indebida. La nueva línea de investigación abierta por Peinado anticipa dos hechos: la extensión en el tiempo de la causa que se sigue en su juzgado desde abril, por una parte, y visitas al juzgado de la imputada, con su consiguiente atención mediática, por otro. 

Como ya hiciera con la toma de declaración del presidente del Gobierno en el Palacio de La Moncloa, Peinado extrema la ceremonia con independencia de qué vaya a aportar la diligencia al esclarecimiento de los hechos. Siempre con el amparo de la ley, en este caso la de Enjuiciamiento Criminal, Juan Carlos Peinado ha optado por algo que podía haberse ahorrado: citar a Begoña Gómez en persona para que vaya a recoger una citación en la que se le comunicará que está investigada por nuevos delitos y el día en que tiene que ir a declarar por ello. En lugar de citar a la investigada un día en su juzgado, Begoña Gómez deberá ir en dos ocasiones, con los respectivos despliegues de seguridad que acompañan a la mujer del presidente del Gobierno central. 

El Código Penal castiga con multa de seis a doce meses el delito de usurpación de funciones e intrusismo profesional, según el artículo 403 del Código Penal, que es el que encaja en la relación de hechos que hace la asociación ultra HazteOir, según el criterio de Peinado. El magistrado ha pasado de despachar en resoluciones de un párrafo los motivos de imputación a hacerlo esta vez en un auto de nueve páginas en los que no se encuentra ninguna de las coletillas habituales en el juez o el modo en el que suele redactar. 

La asociación ultracatólica afirma en su querella que Begoña Gómez ha redactado, sin estar capacitada para ello, los “pliegos de prescripciones técnicas” dentro del proceso de creación de una plataforma “de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa”, en el marco del máster que codirigía. Según HazteOir, Begoña Gómez no tiene la capacitación “técnica, al objeto de conocer científicamente” las necesidades de la universidad al respecto. 

El otro delito que suma Peinado a los que ya atribuía indiciariamente a Begoña Gómez es el de apropiación indebida. En este caso, la esposa del presidente del Gobierno se enfrenta a una pena de multa si se atiende a lo expuesto por el juez, que identifica los hechos como susceptibles de encajar en el artículo 253. En este caso, HazteOir acusa a Begoña Gómez de haber “inscrito” una sociedad a su nombre con el título del máster, TSC Transformación Social Competitiva, y después hacer lo mismo con el software, la herramienta digital que habría sido creada a través de la financiación de empresas privadas.

El juez Peinado ha involucrado a la UCO en la investigación de la documentación universitaria. En una providencia del pasado 31 de octubre, el magistrado ordena a la unidad especializada de la Guardia Civil que analice la citada documentación y “emita el oportuno informe”. El resultado de los dos informes anteriores de la UCO descartaba que Gómez hubiera cometido algún delito. El juez Peinado ignoró sus conclusiones y siguió adelante.

Vox ya intentó que Begoña Gómez fuera imputada por los mismos hechos pero atribuyéndole un delito de tráfico de influencias. Otro juzgado de Madrid, el número 34, advirtió de que el partido de extrema derecha confundía fechas en su querella. 

En ese auto, la magistrada Coro Monreal resolvía: “En el expediente de contratación no se aprecia que se haya desarrollado fuera de las normas que regulan la contratación del sector público”. Se trataba de atribuir a Gómez influencia al funcionario que dicta la apertura del procedimiento de licitación. “Ninguna influencia consta que haya podido ejercer en el funcionario que dicta la primera resolución, ni sobre los miembros de la mesa de contratación”, añadía. 

La titular del Juzgado de Instrucción número 34 aludía en su resolución al hecho de que el pliego de prescripciones técnicas fuera firmado por Begoña Gómez, pero no se detenía en que los hechos presentados pudieran constituir otro delito distinto al que señalaba Vox, tráfico de influencias, y que la jueza rechazó. 

El pasado mes de julio, la Universidad Complutense remitió un escrito al juez en el que le trasladaba que su investigación interna no había encontrado irregularidades o perjuicio para el centro por parte de la actuación de Begoña Gómez. El centro matizaba que no se trataba de una “conclusión definitiva”, achacando esta ausencia de indicios a “la falta de colaboración de determinados intervinientes”. 

En ese escrito, el centro docente, dependiente de la Comunidad de Madrid, se quejaba de la falta de colaboración de Gómez, aunque sin mencionarla. El requerimiento de información se envió el 11 de junio y al día siguiente, la esposa del presidente dio acuse de recibo en otro correo en el que aseguraba que estaba reuniendo la información. El 26 de junio falleció el padre de Gómez y el 2 de julio se reunió la Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra Extraordinaria que dirigía Gómez.

En esa reunión, la Complutense ocultó a Begoña Gómez que el día anterior había mandado un escrito al juez acusándola de apropiación indebida y de dificultar la investigación. También rechazó la información que aportó durante la reunión Begoña Gómez porque, según argumentó el vicerrector de Planificación, José María Coello de Portugal, la “prudencia” obligaba a no aceptar la documentación que habían requerido días antes y de la que el día anterior se quejaban al juez que no había sido aportada.

Un correo electrónico remitido por una responsable de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a Begoña Gómez y otras dos personas muestra como la Sección de Patentes y Marcas del centro educativo estaba al tanto del registro por parte de la esposa del presidente del Gobierno de la marca para el software con el que tenía el compromiso de dotar a la cátedra extraordinaria que dirigía. “Os enviamos un enlace sobre cómo registrar un dominio”, dice la funcionaria a Gómez en un mensaje que adelantó elDiario.es.

Por alguna razón, la citación para que Begoña Gómez acuda al juzgado el 18 de noviembre a ser informada de su nueva imputación deberá ser entregada “PERSONALMENTE” por miembros del Cuerpo Nacional de Policía a Begoña Gómez en el Palacio de La Moncloa, según recoge así, en mayúsculas, el juez en el auto dictado el 28 de octubre. 

Sin indicios de irregularidades

El juez Juan Carlos Peinado lleva ya más de medio año investigando a Begoña Gómez. Una causa que arrancó con una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias compuesta por recortes de prensa y un bulo que, inicialmente, apuntaba a unas cartas de recomendación que la esposa del Presidente del Gobierno, junto con instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, aportó a una licitación pública a la que concurría el empresario Juan Carlos Barrabés. Meses después, esas cartas han caído en el olvido dando paso a una causa de múltiples ramificaciones que, por ahora, no han desembocado en grandes descubrimientos. 

Las cartas y las adjudicaciones de Red.es a las empresas de Barrabés, un punto que incluso la Audiencia de Madrid avaló investigar, se quedaron en dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que rechazaron cualquier irregularidad. Hace unos días fue Alberto Martínez, director de la empresa pública, quien compareció en el Senado para negar cualquier irregularidad y matizar el lenguaje del caso: las cartas no apoyaban a Barrabés sino un programa del fondo social europeo. 

La sospecha espoleada por las acusaciones populares gira en torno a si Gómez usó su relación con Pedro Sánchez para obtener trato de favor en la Universidad Complutense, para beneficiar a Juan Carlos Barrabés, al margen de la última ramificación sobre el software aparentemente no relacionada con su matrimonio. 

La investigación en torno a los másters y la cátedra que ostentó en la Complutense tampoco han arrojado, por el momento, indicios de un trato de favor que el propio centro lleva negando desde hace más de un año. Tanto a requerimiento del juez como a distintas peticiones de información. Tanto el juez como las acusaciones han exprimido las reuniones que Gómez mantuvo en La Moncloa con Barrabés y el rector de la universidad hasta el punto de convocar como testigo al Presidente del Gobierno. 

Tampoco aparecieron indicios de irregularidad en el rescate de Air Europa, la línea de investigación que por dos veces la Audiencia ha instado a abandonar por basarse en “conjeturas” de Manos Limpias. Un rescate de cientos de millones de euros que constituye la obsesión primigenia de las acusaciones populares del caso, que buscan constantemente ligar el caso de Begoña Gómez con el caso Koldo a través de este rescate y la figura de Javier Hidalgo, CEO de Globalia.

El caso afronta varias diligencias relevantes en las próximas semanas además de la citación de la propia Begoña Gómez. Unas horas antes de su comparecencia visitará al juez, como testigo, Juan José Güemes. Hombre fuerte de casi todos los gobiernos de Esperanza Aguirre, alto cargo con José María Aznar y poco cercano en general al PSOE de Pedro Sánchez, Güemes ha sido señalado como el autor de la orden de contratar a Begoña Gómez para dirigir el África Center del IE Business School.