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CRÓNICA

El juez Peinado se autoinvita en Moncloa y se lleva de regalo una querella

Manifestantes ultras concentrados el martes ante el Palacio de la Moncloa.
30 de julio de 2024 22:35 h

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No fue un gran negocio para el juez Juan Carlos Peinado. Una visita a Moncloa y dos minutos de declaración a cambio de una querella por prevaricación. Pedro Sánchez se negó a declarar en el procedimiento judicial contra su esposa –un derecho reconocido por la ley– y le agradeció las molestias enviándole la Abogacía del Estado con toda la artillería. “El que pueda hacer, que haga”, había dicho José María Aznar. Olvidó decir: que haga algo, pero que no se le ocurra entrar en Moncloa con un cinturón de explosivos para inmolarse.

Siempre cabe la opción de que Peinado, que con 69 años ya tiene que estar de vuelta de todo, contara con esta reacción y le pareciera perfecta para poder ensanchar su traje mesiánico. El juez, uno de los 54 jueces de instrucción que hay en la ciudad de Madrid, se enfrenta a cuerpo gentil al Leviatán, al monstruo sanchista que acabará con la libertad, la democracia y las buenas maneras en la mesa. Será el mártir que recibirá los vítores de la derecha. Puede que hasta le regalen una suscripción al ABC.

La declaración en Moncloa fue un show que no estuvo a la altura del momento dramático. Allá fueron todos los abogados de la acusación, pero sólo una de ellos, Marta Castro, de Vox, pudo entrar al complejo de edificios. Los demás se quedaron fuera matando el tiempo. Aitor Guisasola sacó el móvil para grabar una intervención junto a sus compañeros. Había que dejar constancia del día de fiesta. Es un tipo que escribe los tuits con mayúsculas, por lo que lo raro es que no intentara asaltar el palacio a lomos de un caballo.

“MAÑANA DECLARA EL PRESIDENTE Y ALLÍ DEBERÍA ESTAR TODA ESPAÑA”, escribió la noche anterior. Fueron unos treinta. Entre ellos, alguien vestido de preso y una cabeza de cartón con la cara de Sánchez. Gran idea con unos 30 grados de temperatura.

La abogada de Vox contó a los periodistas que el presidente había estado “impávido y altanero, como lo soléis ver en el Congreso”. Hay ocasiones en que Sánchez se parte el pecho de la risa en el escaño, casi siempre para cachondearse de Núñez Feijóo. Igual Castro quería que recibiera a Peinado con unas cervezas y algo de picar.

“Pedro Sánchez estaba tranquilo, como tiene que estar un presidente del Gobierno”, contó Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez. Es difícil ponerse nervioso durante dos minutos. Los periodistas le preguntaron si creía que la grabación en vídeo acabará apareciendo en los medios de comunicación, como sucedió con la breve declaración de Begoña Gómez que se pudo ver hasta en TVE. Camacho no quiso especular sobre lo que todo el mundo da por hecho: “La documentación de un procedimiento es reservada y no debería filtrarse”.

El vídeo tiene escaso interés periodístico por sí mismo, dado que no hubo declaración, pero sí cuenta con un valor simbólico del que sacarán todo el jugo cuando sea filtrado desde el juzgado de forma mágica y sin que nadie sepa exactamente cómo ha ocurrido.

Muy pocas horas después, se supo que Moncloa va con todo contra el juez. Las declaraciones de ministros contra Peinado estaban siendo tan duras (“un viaje a ninguna parte, burda, miserable y una nulidad de libro”) que empezaban a no ser claramente defendibles a menos que se diera el paso de presentar una querella por prevaricación. Un Gobierno no puede elegir los temas que deben o no ser investigados en un juzgado, pero sí está en condiciones de intentar evitar que un juez siga cometiendo un delito.

El texto de la querella confirma que se ha elegido la imposición por Peinado de la declaración presencial de Sánchez como motivo. El presidente y otros políticos tienen derecho a declarar por escrito como testigos por los hechos conocidos en relación a su cargo. El magistrado le negó ese privilegio con el argumento de que le iba a preguntar por los hechos relacionados con su condición de “esposo” de Begoña Gómez, y no como presidente del Gobierno.

Era un extraño caso de desdoblamiento de personalidad, ya que no se es presidente durante ocho horas de jornada laboral y el resto del tiempo se comporta como ciudadano privado. Además, el juez ya había establecido que investigaba “todos los actos, conductas y comportamientos” de Gómez desde que Sánchez es presidente. “Contenidos en la denuncia inicial”, decía el auto, aunque ya sabemos que si decidía ampliarlos, podría hacerlo en cualquier momento, como de hecho ya ha sucedido.

“No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo –afirma la querella–, cuando lo determinante del objeto de la investigación, como decíamos, es la condición de presidente de Gobierno del marido de la investigada”. La defensa de un derecho presuntamente vulnerado del jefe de Gobierno es lo que justifica el uso de la Abogacía del Estado, según Moncloa. La derecha dirá que Sánchez ha utilizado los medios del Estado en su beneficio personal.

La decisión de Moncloa es un reconocimiento de que toca ponerse los guantes de boxeo, no sólo con el Partido Popular, sino también con Peinado, “de profesión, magistrado”, dice la querella. No por mucho tiempo si Sánchez obtiene lo que quiere. Es algo que no se puede dar como seguro o incluso probable, ya que será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien decida.

Resulta difícil que un tribunal acepte investigar a un juez por prevaricación, por haber dictado a sabiendas una resolución injusta y contraria a la ley. Hay numerosos precedentes de jueces que cometieron ilegalidades evidentes y siempre se encontró una manera de no llevarlos al banquillo. Luego se dice que se trata de un delito difícil de probar.

Antonio Camacho dijo que es difícil pronosticar lo que puede ocurrir en esta instrucción. Peinado ha pisado el acelerador para generar la mayor cantidad de titulares negativos sobre la esposa de Sánchez. Algunas de sus decisiones han sido irregulares, y eso siendo muy comprensivos. No cuenta con el respaldo de la Fiscalía en las investigaciones y dos informes de la Guardia Civil no han arrojado ninguna sospecha de ilegalidad.

A dos personas diferentes –el empresario Barrabés y el rector de la Complutense, Joaquín Goyache–, les ha tomado declaración como testigos, con lo que no podían negarse a responder a las preguntas, para pasar a declararlos como imputados días después sin que hubiera nuevos datos que justificaran el cambio. Eso roza lo insólito o al menos es una conducta muy poco habitual entre los jueces. Utilizar el testimonio de alguien para encontrar pruebas en su contra sin decirle que el juez tiene razones para imputarle es la clase de cosas que pueden hacer que la causa sea declarada nula contra esa persona.

Ahora existía la posibilidad de que el juez hiciera lo mismo con Sánchez. Quizá fuera lo que Peinado tenía en mente, lo que esperaban en la derecha mientras se tocaban excitados. No tan rápido, ha respondido Moncloa, nosotros también podemos jugar.

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