Tras un breve parón veraniego, el juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a ponerse al frente de la investigación por presunta corrupción que mantiene abierta desde el pasado abril contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En los últimos cuatro meses ninguna de las diligencias puestas en marcha ha arrojado indicios claros de delito contra ninguno de los investigados: Gómez, el empresario Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. El magistrado no ha aclarado de qué les acusa. Además, las pesquisas acumulan ya dos informes exculpatorios de la Guardia Civil y media docena de testimonios que niegan irregularidades en los hechos que originalmente denunció el sindicato ultra Manos Limpias.
Una de las primeras decisiones de Peinado tras el receso estival ha sido garantizar que las partes personadas —incluidas, por tanto, las organizaciones de extrema derecha que impulsan la acusación— tienen acceso a la grabación de la no declaración de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. La publicación de la imagen del presidente ante el juez, aún como testigo, es solo cuestión de tiempo. Los precedentes señalan que ninguna declaración judicial con interés mediático ha logrado jamás no ser reproducida por los medios de comunicación. Y todo apunta a que este caso no será una excepción.
La de Sánchez fue una comparecencia breve, de apenas dos minutos, e intrascendente para la investigación, dado que se acogió a su derecho a no testificar contra su cónyuge. Pero es también un vídeo de enorme utilidad para la oposición, que tratará de sacar rédito político de la mera imagen del presidente ante un juez. El magistrado tomó la decisión de poner estas imágenes a disposición de acusaciones y defensas con el criterio en contra de la Fiscalía, que había alegado que no tenían “utilidad material o procesal” para la investigación. Pero el juez defiende que del “silencio” de Sánchez pueden extraerse “conclusiones” sobre “posibles indicios”, ya sean inculpatorios o exculpatorios.
Citaciones de testigos
Además de esta decisión, el juez reactiva la causa con una batería de declaraciones de testigos vinculados con las tres vías de investigación que mantiene abiertas ignorando las delimitaciones de la Audiencia de Madrid. Una son los contratos públicos millonarios que consiguió el empresario Carlos Barrabés, cuyo domicilio fue registrado este viernes por la Guardia Civil. Otra es la relación que Gómez estableció en el Instituto de Empresa (IE) con los dueños de Globalia, propietaria de la compañía Air Europa, y que después fue rescatada por el Gobierno en la pandemia. Y una tercera ramificación es la relación de la esposa del presidente del Gobierno con la Universidad Complutense de Madrid.
Respecto a esta última cuestión, el juez acordó esta semana citar para el lunes 26 de agosto al consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, y al subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón Martínez. Ambas compañías patrocinaron la cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez dirigió en la Complutense.
Esa tercera vertiente del caso tiene que ver con la relación entre Gómez y ese centro educativo. En concreto, el juez indaga sobre si recibió algún trato de favor para dirigir esa cátedra y si, además, gestionó de forma irregular un software desarrollado en el seno del centro educativo. Su rector, Joaquín Goyache, ha comparecido ya dos veces, la primera como testigo y la segunda como imputado. Y en las dos ha negado haber dado trato de favor a Gómez y se ha desvinculado de la creación de la cátedra.
En paralelo, la propia universidad se ha dirigido varias veces por escrito al juez para confirmar que no ha encontrado pruebas de irregularidades. No obstante, el centro educativo sí ha solicitado que sea el magistrado el que investigue si Gómez incurrió en alguna ilegalidad gestionando un software creado en el seno de su cátedra.
El rescate de Air Europa
Además, el magistrado escuchará este lunes a Leticia Lauffer, exdirectora de Wakalua, una firma de innovación en el sector del turismo creada por Globalia y la Organización Mundial del Turismo. Esta compañía firmó un patrocinio de 40.000 euros al año con el IE África Center que dirigía Gómez. El objeto era sufragar unas becas, vuelos y la organización de eventos. El convenio se firmó en enero de 2020, antes de la pandemia. Y nunca se puso en marcha, precisamente por la crisis sanitaria. Es decir, los 40.000 euros prometidos no llegaron en su totalidad. La aerolínea reconoció haber pagado sólo 1.716 euros por dos billetes a Londres para que Gómez y la presidenta del África Center asistieran a un evento.
La empresaria ya compareció en junio en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. Allí explicó que se reunió con Gómez varias veces para abordar temas de innovación, pero nada relacionado con el rescate de Air Europa, una de las acusaciones de Manos Limpias desestimadas por la Audiencia de Madrid y la Guardia Civil.
También está citado el empresario Luis Miguel Ciprés, directivo del grupo empresarial de Juan Carlos Barrabés, al que se acusa de haberse beneficiado de su cercanía a Gómez. Su testifical estaba originalmente señalada para el pasado julio, pero el juez decidió volver a citarle para agosto después de que, nervioso, el empresario no recordara algunos detalles necesarios para la causa.
Será a finales de septiembre, con todas estas diligencias ya finalizadas, cuando la Audiencia de Madrid estudie los recursos que el abogado de Gómez, Antonio Camacho, y la Fiscalía han presentado contra diversas resoluciones del juez Peinado. El tribunal anunció que hasta el 30 de septiembre no empezará a analizar esas alegaciones, que piden esencialmente el archivo de la causa.
Mientras tanto, el juez Peinado estará pendiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), cuyos magistrados tienen encima de la mesa dos querellas que le acusan de revelar secretos y prevaricar en la gestión de esta investigación. Una de ellas la presentó la Abogacía del Estado en nombre de Pedro Sánchez. Los servicios jurídicos del Estado entienden que el juez retorció la ley para forzar que su comparecencia fuera presencial en la Moncloa y no por escrito. La segunda lleva la firma de Begoña Gómez, que acusa al instructor de alimentar una investigación “perversa y prospectiva”.