El juez Peinado investiga el supuesto hackeo de los emails entre la pareja de Ayuso y sus abogados

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha abierto diligencias previas tras la denuncia efectuada por los abogados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según ha adelantado este miércoles el diario ABC.

En el auto del juez, Peinado sostiene que los hechos denunciados pueden suponer un delito de revelación de secretos y considera procedente “acordar la incoación de diligencias previas” y llevar a cabo las diligencias necesarias para determinar “la naturaleza y circunstancias” del presunto hackeo de los correos electrónicos así como las personas que hayan podido participar en ello.

En otra resolución, el magistrado cita a declarar el próximo 11 de noviembre al perito informático que determinó que el despacho de abogados que defiende a la pareja de Ayuso sufrió un ciberataque el pasado 2 de abril y que habría afectado únicamente a los correos electrónicos intercambiados por los letrados con González Amador.

Alberto González Amador había reconocido en esos correos, a través de su defensa, que había cometido fraude fiscal y se ofrecía a pactar con la Fiscalía. La Comunidad de Madrid llegó a acusar al Gobierno de estar detrás del ciberataque denunciado contra el bufete de abogados de su pareja.

Precisamente este miércoles el Tribunal Supremo ha decidido imputar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jeva provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a raíz de una querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por revelación de secretos. Una decisión, la de investigar penalmente a un fiscal general en ejercicio, que es inédita.

La Sala ha tomado esta decisión debido a que el comunicado que emitió la Fiscalía sobre el caso de González Amador contenía información confidencial —ya revelada anteriormente por medios de comunicación—, pero pone el foco sobre la filtración de los correos en los que su abogado reconocía a la Fiscalía Anticorrupción los dos delitos fiscales cometidos y se ofrecía a un pacto. Esta investigación se centrará, por tanto, en si fue el fiscal general quien filtró esos correos, que ya habían sido difundidos por Miguel Ángel Rodríguez y otros medios de comunicación, de forma previa.

De acuerdo con la denuncia, presentada el 5 de abril, tanto el abogado de Alberto González Amador como su asesor fiscal mantenían una conversación con su cliente mediante correo electrónico y señala que esos correos desaparecieron de los sistemas informáticos durante la tarde del 2 de abril. Según se explica en el documento, los emails reaparecieron pasada la medianoche en los ordenadores de ambos con apenas dos minutos de diferencia.

Según determinó entonces el perito informático, se habría tratado de un ciberataque consistente en retirar la información de los sistemas para después volver a entregar los correos a los buzones de los usuarios, “no levantando de esta manera sospechas sobre las actuaciones realizadas”.

La pareja de Ayuso ha solicitado personarse en la causa como perjudicado mientras que el juez Juan Carlos Peinado ya ha tomado declaración el pasado 1 de julio tanto a su abogado penalista como a su asesor fiscal, además de solicitar información a Microsoft.