El juez pone a los policías del caso Villarejo a revisar la denuncia de Dina Bousselham en 2015 por el robo de su móvil

El juez Manuel García-Castellón dictó el pasado jueves una providencia en la que ordena a los agentes que trabajan como policía judicial del caso Villarejo que “realicen gestiones” para concretar a qué se refería Ricardo Sa Ferreira, pareja de Dina Bousselham en el momento de los hechos, cuando declaró en la Audiencia Nacional en marzo de 2019 que él y la mujer habían recuperado “algunas pertenencias” del robo de su abrigo en el Ikea de Alcorcón en noviembre de 2015, sustracción denunciada en comisaría y que incluyó el teléfono móvil de la entonces colaboradora de Pablo Iglesias.

El magistrado ha adoptado esta decisión justo después de que llegara a la Audiencia Nacional el resultado de la comisión rogatoria que cursó a Reino Unido para ahondar en los indicios que ha reunido contra el vicepresidente segundo del Gobierno y que esas pesquisas internacionales no hayan dado resultados. La empresa de tecnología a la que Sa Ferreira envió en septiembre de 2017 la tarjeta del móvil, una vez el líder de Podemos se la devolvió a Bousselham, ha respondido que recibió el dispositivo “físicamente intacto” si bien no se podía acceder a su contenido. El juez quería indagar en la afirmación de la Policía Científica de que la tarjeta estaba “parcialmente quemada” cuando la perjudicada del caso la entregó en sede judicial. 

Esta última providencia del 23 de julio no va firmada por García-Castellón sino por el magistrado de refuerzo en su juzgado, Alejandro Abascal. El juez del caso Villarejo decidió no esperar a regresar de Reino Unido, donde se encontraba por un caso de crimen organizado, y trasladó al juzgado la necesidad de librar la orden a los policías de inmediato, informan fuentes de la Audiencia Nacional. Una decena escasa de agentes de Asuntos Internos de la Policía actúan a las órdenes del magistrado en la macrocausa denominada Tándem, que consta de una treintena de piezas separadas que van desde los contratos del policía corrupto con el segundo banco del país, el BBVA, a su intervención en el espionaje a Luis Bárcenas en favor de dirigentes del Partido Popular. 

La orden se produce, “dada cuenta del estado de las actuaciones, a la vista del avance de la investigación y revisada la declaración judicial prestada por el testigo Ricardo Antonio de Sa Ferreira el pasado 29 de marzo de 2019”. En esa declaración, dice el juez, el testigo aseguró que él y Bousselham habían “recuperado algunas pertenencias”. “Se acuerda dar traslado de la referida declaración judicial a la Policía Judicial a fin de que realicen gestiones en orden a la concreción de estos extremos y todas aquellas gestiones que puedan derivarse para el esclarecimiento de los hechos”, recoge el escrito del juzgado. 

Del caso Villarejo al caso Iglesias

Desde el fin del confinamiento por la crisis sanitaria, García-Castellón ha centrado la pieza 10 del caso Villarejo en el papel de Iglesias. Con un informe de la Policía Científica de enero y la propuesta de la Fiscalía, el juez llamó a declarar a Bousselham y logró que admitiera que ella había hecho los pantallazos perjudiciales para Podemos e Iglesias publicados en al menos tres medios de comunicación y que pudo enviarlos a terceros. Con esta afirmación, Anticorrupción y el juez acordaron que el comisario Villarejo, al que se había encontrado una copia de la tarjeta en su domicilio, ya no era el único sospechoso de que esa información hubiera llegado a El Confidencial, El Mundo y Okdiario, los tres medios que señaló Asuntos Internos en un informe. 

El siguiente paso fue retirar la condición de perjudicado a Pablo Iglesias con el argumento de que ya no se puede establecer que el material publicado fuera robado y por tanto no cabe atribuir a alguien la condición de víctima de un delito que no existe. Anticorrupción, con indicios que el juez y la Fiscalía tenían desde marzo de 2019, consideró entonces a Iglesias presuntamente responsable de los delitos de revelación de secretos y/o daños informáticos por haber guardado el dispositivo, con información perteneciente a Bousselham, al menos seis meses desde que se lo entregaron a él los responsables de la revista Interviú y que cuando lo hizo la tarjeta era ilegible. En su informe, los fiscales añadían que, si como parecía, Bousselham no deseaba actuar contra él, el Código Penal impedía atribuir al político dichos delitos. 

Hasta ahí la actuación conjunta del juez y los fiscales. Estos proponían a García-Castellón que volviera a citar a Bousselham y que ésta aclarase sus intenciones respecto a Iglesias. El magistrado se negó y emprendió una investigación que ha eclipsado al resto del caso Villarejo, dejando de lado los indicios contra el comisario, sospechoso desde un principio de haber difundido, en persona o a través de terceros, el material de la tarjeta de Bousselham. Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017, declaró que entregó una copia de la tarjeta al jefe de la brigada política del PP, Eugenio Pino, artífice de las investigaciones parapoliciales contra el soberanismo catalán y Podemos. 

Entre las órdenes del juez adoptadas en las últimas semanas figuran la comisión rogatoria a la empresa galesa o que Bousselham cambie de abogada y deje de compartirla con Iglesias. La ahora directora de laultimahora.es escribió entre tanto al magistrado para cambiar de versión y asegurar que, en contra de lo que dijo en marzo de 2019, la tarjeta que le devolvió Iglesias estaba en buen estado. Iglesias no puede ser investigado formalmente por el juez por estar aforado ante el Supremo, pero si el magistrado lograra reunir los indicios suficientes contra él podría elevar una exposición razonada al Alto Tribunal solicitando su imputación.