El juez de Madrid que investigaba a los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina propone juzgarles por la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario en las primeras semanas de la pandemia en 2020. El titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid ha dictado un auto de pase a procedimiento abreviado, que es previo a la apertura de juicio oral, en el que atribuye indiciariamente a ambos los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil. A Luceño le imputa, además, el delito de falsedad en documento público y delito fiscal. Con la resolución conocida este lunes, el juez culmina un año de investigación.
El juez Adolfo Carretero explica que, “en el peor momento de la pandemia”, cuando había “miles de muertos” por causa del coronavirus, Luceño y Medina “urdieron un plan” para “obtener (...) el mayor beneficio económico posible” a costa del Ayuntamiento. Un plan que consistía en la intermediación para la compra de grandes cantidades de material sanitario —mascarillas, guantes y test— de una empresa malaya.
Según el relato del magistrado, los dos investigados habrían cobrado “unas comisiones muy elevadas” que formaban parte del precio y que habrían ocultado al Ayuntamiento “sin que los gestores municipales se dieran cuenta”. Algo que ocurrió, según el juez, debido a la “laxitud en los controles en la contratación” y a la “urgencia” y la “inestabilidad” de los precios del material sanitario que había en todo el mundo como consecuencia de la pandemia.
El auto afirma que ambos inflaron el precio de los contratos en un 60% en el caso de las mascarillas, en un 81% en el de los guantes de nitrilo y en un 71% en el de los tests a causa de las “elevadas” comisiones fijadas. Fruto de estas mordidas, Luceño cobró 5,1 millones de dólares y Medina un millón. En algunos casos esto implicó que entre el 60% y el 80% del dinero que pagaron los madrileños a través de la funeraria municipal fue a parar a los bolsillos de estos dos empresarios.
El magistrado, sin embargo, libra de toda responsabilidad al Ayuntamiento de Madrid a pesar de que reconoce la “laxitud en los controles en la contratación” y que “pagó un precio totalmente excesivo por un material que en parte era defectuoso”. Los comisionistas tampoco serán procesados por delito de blanqueo de capitales, pues durante la investigación no se ha podido acreditar que trataran de ocultar o hacer desaparecer el dinero cobrado con esas comisiones, como sostenía la Fiscalía.
“Ventaja” sobre otros ofertantes
El auto reconoce también que ambos tuvieron “ventaja” sobre otros posibles ofertantes de material porque pudieron hacer su propuesta de compra de material “al margen del correo general de ofertas al Ayuntamiento de Madrid”. Así, detalla que Medina se valió de su condición de “personaje público y famoso” para conseguir el teléfono de Carlos Martínez Almeida, primo hermano del alcalde José Luis Martínez Almeida. Y que fue este quien obtuvo a través de la coordinadora del Ayuntamiento, Matilde García Duarte, el correo electrónico de la coordinadora de presupuestos del Consistorio, Elena Collado.
Collado fue la alto cargo que cerró todos los detalles de la compra de mascarillas, guantes y test con Luceño y Medina. Desde un primer correo electrónico cruzado con el aristócrata a finales de marzo de 2020, la responsable de las compras de emergencia cruzó cientos de mensajes de WhatsApp con Luceño para organizar la llegada de todo el material, una vez firmados los tres contratos con la funeraria municipal, la empresa que por convenio se encargaba de la compra de este material para el personal del Ayuntamiento.
Según el juez, en las “negociaciones” que dieron lugar a la firma de esos contratos, Medina y Luceño ocultaron a Collado su “nula experiencia en temas de material sanitario”. Y “lo que es más grave” —en palabras del magistrado— el hecho de que “habían inflado el precio de los contratos”.
La investigación también ha revelado que los comisionistas vendieron material defectuoso. El episodio más clamoroso es el de los guantes. El Ayuntamiento de Madrid pactó con la empresa malaya Leno la compra de 2,5 millones de guantes de nitrilo por 5 millones de dólares. Según relató la Fiscalía Anticorrupción en su querella, Luceño se comprometió a entregar guantes de 40 centímetros “de gran calidad”, los que llegan hasta casi el codo y permiten cubrir todo el brazo por encima de un equipo de protección individual (EPI). Pero los que llegaron era de “ínfima calidad” y Leno tuvo que devolver el dinero que había cobrado por ellos.
El Ayuntamiento de Madrid, a través de la funeraria municipal, también compró 250.000 test rápidos de anticuerpos por 4.250.000 dólares a la empresa malaya que Medina y Luceño habían llevado hasta Cibeles. En este caso, el dinero fue cobrado y las comisiones fluyeron, pero el material tampoco cumplía un estándar mínimo de calidad. Sólo 75.000 de esos 250.000 test tenían los reactivos necesarios. Según el auto, esos reactivos llegaron “más tardes” cuando ya no se utilizaron, por lo que el Ayuntamiento “pagó un precio totalmente excesivo por un material que en parte era defectuoso”.