El juez que investiga la operación Delorme, también conocida como 'caso Koldo', ha dejado en libertad con medidas cautelares al empresario considerado el cerebro de la trama: Juan Carlos Cueto. El magistrado, según fuentes del caso, le ha dejado en libertad con la prohibición de abandonar el país. El empresario que consiguió más de 50 millones de euros en adjudicaciones de varias administraciones públicas para la venta de material sanitario durante la pandemia ha negado haber pagado comisiones para hacerse con esos contratos y haber cometido alguna ilegalidad.
Cueto únicamente ha respondido a preguntas de su abogado. Según fuentes conocedoras del contenido de la declaración, el empresario ha afirmado que el precio que cobraron por las mascarillas fue justo y que se trató de una operación muy costosa que requirió varios viajes a China, de donde se importó el material. En este sentido, ha asegurado que existe un informe de la consultora KPMG que acreditaría que el contrato fue acorde a mercado.
A juicio de los investigadores, Cueto era quien realmente controlaba Soluciones de Gestión como sociedad instrumental junto al también investigado Víctor de Aldama, empresario y presidente del Zamora CF. Este último fue quien ejerció de “contacto” de la empresa instrumental con Koldo, pues ambos se conocían personalmente. Aldama era cónsul honorario en México cuando Ábalos fue de visita oficial al país en diciembre de 2018, adonde viajó acompañado por Koldo.
No obstante, los mayores beneficios los habrían obtenido los empresarios implicados. Los informes aportados al sumario acreditan que Aldama obtuvo 6,7 millones de euros por las operaciones y que Cueto se embolsó 5,1 millones. Además, parte del dinero de las mordidas fue destinado a la compra de fincas en el municipio de Carballeda de Valdeorras (Ourense) o trasladado a cuentas bancarias en Brasil y Luxemburgo.
El Ministerio Público detalla que el primer contrato investigado fue adjudicado por Puertos del Estado, formando parte de su Consejo Rector el propio Koldo. El segundo fue adjudicado por un ente dependiente de su Ministerio, ADIF, “donde asesoraba al titular” del mismo. “Los contratos posteriores se adjudican por el Ministerio del interior a consecuencia de las decisiones del Ministerio de Transportes”, añade.
“Dentro del total de los trece contratos denunciados, tres de ellos se referían a las adjudicaciones de suministro de material sanitario relacionados con la COVID-19, realizadas a la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL”, recoge el auto.
En concreto, consta un expediente adjudicado en marzo de 2020 por Puertos del Estado por 20 millones de euros, un expediente adjudicado por Adif en esa misma fecha por 12,5 millones de euros, y un expediente adjudicado en abril de ese año por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial por 3,4 millones de euros. Pero, además, la empresa también se adjudicó contratos con el Servicio Canario de Salud -cuatro, con un valor total de cerca de 12,3 millones de euros- con el de las Islas Baleares uno, por 3,7 millones de euros- o con la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
En 24 folios, el juez recoge el relato pormenorizado de la Fiscalía Especial, que sostiene que las supuestas irregularidades, según los denunciantes, partirían del hecho de que “la actividad social de la empresa adjudicataria no tiene relación directa con el objeto del contrato, la falta de comprobación de solvencia de la adjudicataria, y una cifra de negocio de 0 en el año 2019 frente a una cifra de negocio de 53,13 millones en el año 2020 por las adjudicaciones”.
La Fiscalía destaca que Soluciones de Gestión era propiedad del empresario Íñigo Rotaeche, que este mismo jueves fue puesto en libertad por el juez de la Audiencia Nacional, y también de Luis Presa Medina. La misma, añade, estaba controlada por el grupo Cueto, un conglomerado empresarial al que estaría vinculado otro de los detenidos que pasó a disposición del juez: Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF.
Anticorrupción sostiene que los nueve contratos adjudicados a Soluciones de Gestión generaron un beneficio económico de 5,5 millones de euros a Aldama y de 9,6 millones de euros a Juan Carlos Cueto, el titular de hecho de la mercantil.
Las intervenciones telefónicas que los investigadores realizaron a la presunta trama revela una conversación entre dos empresarios sobre las comisiones por los contratos del Ministerio de Transportes que salpica al exministro Ábalos. “Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino (Koldo)... él y su exjefe... y parece ser que el otro ha dicho que sí... porque le han dado otro favor a cambio”, dice el empresario imputado Juan Carlos Cueto al también investigado Íñigo Rotaeche. García fue entre junio de 2018 y julio de 2021 asesor del titular del Ministerio, que entonces era José Luis Ábalos.