El juez sienta en el banquillo a Ignacio González y López Madrid por el amaño del tren a Navalcarnero

El juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, el empresario Javier López Madrid y otras cuatro personas por el amaño de la adjudicación de las obras del tren a la localidad de Navalcarnero. La constructora OHL, fundada por Juan Miguel Villar Mir, obtuvo dicha adjudicación a través de un concierto criminal de su consejero López Madrid y el alto directivo Rafael Martín de Nicolás, con González y el gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, por el que estos dos últimos obtuvieron una mordida a repartir de 1,8 millones de euros, según consta en la resolución judicial, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

García-Castellón atribuye a los acusados los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo, cohecho activo y falsedad en documentos mercantil. La Fiscalía solicita que se condene a cuatro años de cárcel al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en esta pieza número 3 del caso Lezo, si bien la petición más alta de condena es para el empresario Javier López Madrid, una pena de seis años de cárcel, solicitudes de condena que comparte la acusación popular, ejercida por Adade. La Fiscalía solicitó en octubre de 2020 el archivo de las actuaciones para el fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir.

La compañía OHL se hizo en 2007 con la adjudicación para la construcción del tren a Navalcarnero gracias a “un plan ideado” por los acusados Francisco Javier López Madrid -consejero de OHL en el momento de los hechos- y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas -consejero director general de Construcción Nacional de OHL- que consistía en hacerse con la adjudicación del contrato presentando la oferta más baja en costes. Ese plan incluía que por medio de una mordida de 2,5 millones de euros se asegurarían la concesión y también la posterior modificación del proyecto, con la cual compensarían la pérdida de ingresos por haber presentado una oferta tan baja. Para Martín de Nicolás, Anticorrupción solicita también seis años de cárcel por los mismos delitos que atribuye a López Madrid.

En el otro lado de la trama corrupta estaban el mencionado González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid en ese momento y presidente del Canal de Isabel II, e Ildefonso de Miguel, director gerente de la empresa pública de aguas. Se trataba de que ambos influyeran en el consejero delegado del consorcio público Mintra, que debía conceder la adjudicación del tren de Navalcarnero. Completan la presunta trama criminal otro cargo de OHL, Felicísimo Damián Ramos, director de Control de Gestión de OHL, y Adrián de la Joya y Ruiz de Velasco, histórico socio del comisario Villarejo con domicilio en Suiza. Adrián de la Joya movió el dinero entre distintas cuentas de su propiedad al tiempo que retiraba los 2,5 millones de dólares (1,8 millones de euros) en efectivo, que acabaron en manos de Ildefonso de Miguel para el reparto de las comisiones.