La jueza del caso de la pareja de Ayuso abre una pieza separada para investigar su relación con Quirón

La jueza que investiga al empresario Alberto González Amador ha abierto una pieza separada para investigar posibles delitos de la relación entre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el Grupo Quirón, el gigante de la sanidad privada que disfruta de adjudicaciones de cientos de millones de la Comunidad de Madrid.

En su auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid estima parcialmente el recurso interpuesto por PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular, quienes solicitaron que se ampliara la investigación por doble fraude fiscal y falsificación de documentos a otros cinco nuevos delitos.

A finales de 2020, la empresa principal de González Amador, Maxwell Cremona, compró otra compañía, que hasta entonces se llamaba Círculo Belleza SL y estaba dedicada a la venta de productos cosméticos. Tras su compra, la empresa pasó a llamarse Masterman & Whitaker y, unos meses después, sin tener un solo empleado, consiguió trabajar para Quirón Prevención para la “expansión en Latinoamérica” y el “desarrollo e implantación de la Joint Commission International”.

Pero ese mes de diciembre de 2021 empezó otro movimiento societario que esconde un nuevo intento de beneficiarse fiscalmente, según concluyó Hacienda y la Fiscalía. La empresa “pantalla” y la empresa principal de González Amador firmaron un contrato para cederse parcialmente el contrato de asesoría para Quirón. Solo 24 horas después, además, esa empresa principal transmitió todas las participaciones de la empresa “pantalla” al propio González Amador. Desde ese momento, por tanto, la pareja de Ayuso se convirtió en socio único y administrador de ambas sociedades, “pudiendo disponer libremente de los fondos de ambas”. 

La primera sospecha es que, en realidad, González Amador fue quien trabajó para Quirón y perpetró una “simulación relativa” de los servicios prestados al jugar con sus dos empresas. A nivel fiscal, en ese momento, la operación no tenía efectos prácticos, ya que ambas sociedades tributan igual. Pero, según la Agencia Tributaria, el objetivo también sería generar unos gastos ficticios en la sociedad pantalla para, en años futuros, “originar unas bases imponibles negativas pendientes de compensar”. 

El uso de empresas pantalla o sociedades instrumentales para pagar de menos a Hacienda es algo que la Agencia Tributaria y los tribunales examinan continuamente, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista criminal. Por lo contencioso-administrativo o por lo penal, como es este segundo caso. Hasta aquí parte del delito fiscal del que se acusa formalmente a González Amador.

El resultado de la operativa fueron más facturas falsas. Masterman, la empresa “pantalla”, emitió una factura a Maxwell, la empresa principal, por 600.000 euros por sus servicios. Previamente, Masterman solo había cobrado 327.000 euros de Quirón. “Con ello se estaría generando en Masterman, de forma artificial e injustificada, unas bases imponibles negativas para ejercicios futuros a favor de dicha mercantil”, zanjó la administración.

La acusación popular presentó el 24 de junio, en la misma jornada en la que González Amador pretendía cerrar un acuerdo de conformidad y reconocer los dos delitos fiscales y la falsificación de documentos, un escrito en el que solicitaba ampliar la investigación.

PSOE y Más Madrid apreciaban, entre otros extremos, un posible delito de corrupción en los negocios en la operativa descrita anteriormente, con Quirón Prevención participando de ella. La jueza rechazó la ampliación de la investigación, pero la acusación popular recurrió y es en el auto de este martes en el que la magistrada acepta su recurso de reforma y ordena abrir una pieza separada. Además de corrupción en los negocios, la acción popular apreciaba en esta operativa otro delito de administración desleal.

Fernando Camino, la figura clave

En el escrito que ha motivado la resolución de la jueza, PSOE y Más Madrid solicitaban a la jueza que exija los correos electrónicos entre González Amador y Quirón Prevención, así como la declaración del presidente de esta filial de Quirón, Fernando Camino. Este empresario se erige en figura clave en el ascenso profesional de González Amador. De hecho, es también miembro del Consejo de Administración de la empresa Mape que compró mascarillas en pandemia en una operación que sirvió para que la pareja de Ayuso se embolsara casi 2 millones de euros, que luego no declaró a Hacienda como debía.

Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, está vinculado en los negocios con el administrador de la sociedad que posee el ático de lujo que Isabel Díaz Ayuso y su pareja disfrutan encima de su vivienda desde que se fueron a vivir juntos. PSOE y Más Madrid también solicitaban que se realice una completa investigación patrimonial sobre González Amador y el resto de investigados. Será ahora la jueza, en el marco de la pieza separada, quien decida sobre las diligencias solicitadas. En el escrito de la acusación popular se citaba la noticia adelantada por elDiario.es de que la pareja disfruta de esta segunda vivienda, un ático valorado en 1,2 millones de euros.