La decisión de la jueza del caso contra Alberto González Amador de abrir una pieza separada en la que investigar si la pareja de Isabel Díaz Ayuso cometió otros delitos distintos a los que ha reconocido supone un giro que retrasará, en el mejor de los casos para el empresario, la sentencia de conformidad que anhelaba firmar cuanto antes. En el nuevo campo judicial emerge una figura que hasta ahora desempeñaba un papel secundario, el gigante de la sanidad Quirón, al que la acusación popular que solicitó que se ampliara la investigación considera “colaborador necesario” de al menos uno de los presuntos fraudes cometidos por González Amador.
Las revelaciones acerca de la relación laboral de González Amador con el Grupo Quirón, contenidas en la causa, ya habían hecho saltar las alarmas respecto del posible interés del gigante sanitario por un empresario que es pareja de la jefa de un Gobierno que destina cientos de millones todos los años a sufragar la gestión privada de la sanidad pública madrileña. El empresario firmó el primer contrato con Quirón Prevención en 2017, cuatro años antes de empezar a salir con Ayuso, pero la facturación de González Amador al grupo sanitario se ha multiplicado por cuatro desde que son pareja, tal y como informó elDiario.es.
La Agencia Tributaria investigaba desde mayo de 2022 a un empresario cuyas cuentas no cuadraban. No podía ser que hubiera multiplicado su facturación a raíz de la pandemia y que pagara menos impuestos que antes. Alberto González Amador fue para la Agencia Tributaria un empresario anónimo durante los 18 meses que duró su minuciosa investigación. De acuerdo a esos descubrimientos de Hacienda, la Fiscalía abrió diligencias contra Alberto González en enero de 2024. La vinculación de la pareja de la presidenta madrileña con un adjudicatario de la Administración que ella dirige nunca fue una variable que se introdujera en la causa judicial.
Hasta la misma mañana en la que González Amador aguardaba en un hotel cercano a los juzgados la señal de su abogado para acudir a firmar el acuerdo en el que reconocía haber cometido un fraude de más de 350.000 euros a la Hacienda Pública. El pasado 24 de junio, a primera hora, los dos partidos personados como acusación popular presentaban un escrito que desconcertaba a la Fiscalía y la Abogacía, de acuerdo ambas en recuperar el dinero escamoteado al fisco y que González Amador fuera condenado a una pena de cárcel que no implicara su ingreso en prisión.
El escrito de PSOE y Más Madrid era consecuencia del estudio apresurado de los más de 1.500 documentos que conformaban la inspección fiscal. Los abogados de la acusación popular habían encontrado facturas que consideran aumentan la gravedad de los delitos fiscales. Además, hacían una lectura jurídica diferente de los hechos acreditados, en especial de una operación de defraudación que para ellos supone un presunto delito de corrupción en los negocios. Y es ahí donde entra, como supuesto “colaborador necesario”, Quirón Prevención.
La jueza María Inmaculada Iglesias Sánchez rechazó la petición de la acusación popular de ampliar la causa. El horizonte de un juicio brevísimo y una condena por conformidad regresaba a las aspiraciones de la defensa de González Amador. Pero PSOE y Más Madrid recurrieron la decisión de la magistrada. Cuando todo apuntaba a que la última palabra la tendría la Audiencia de Madrid, siguiente instancia a la que recurrir, ha sido la propia magistrada quien ha rectificado en parte y ha aceptado seguir investigando el fraude del que participó Quirón Prevención como “colaborador necesario”, según la valoración de las acusaciones.
¿A cambio de qué?
Alberto González Amador tiene una empresa principal, Maxwell Cremona, que el 4 de diciembre de 2020, poco después de dar un pelotazo de dos millones por intermediar en la compra de mascarillas para una empresa gallega, Mape, en la que es consejero el directivo de Quirón Fernando Camino, pagó medio millón de euros por otra sociedad, Círculo Belleza SL, de la farmacéutica de León Gloria Carrasco, esposa de Camino. Círculo Belleza, a la que Alberto González rebautizaría como Masterman & Whitaker, había sido creada en 2008 por Gloria Carrasco, su hermano y su marido, que es el director de Quirón Prevención, la filial del Grupo Quirón que constituye la principal fuente de ingresos de González Amador.
La abultada cantidad que desembolsó Alberto González por la sociedad fundada por su amigo Camino, que no tenía apenas actividad (no facturaba ni 30.000 euros) volvió a ser objeto de atención por los investigadores al comprobar que un año después, el 15 de diciembre de 2021, Quirón Prevención acordó con Maxwell –la empresa cabecera de González Amador– que fuera Masterman quien se encargara de la expansión en Latinoamérica y de la implantación de un sello de calidad para el sector de la sanidad privada que trataba de obtener la Fundación Jiménez Díaz, el hospital de referencia del Grupo Quirón en Madrid. En la documentación recabada por la Agencia Tributaria aparece un contrato en el que se estipula que Quirón Prevención participará en la decisión de adjudicar sus trabajos a una u otra empresa.
El mismo día del acuerdo para la expansión en Latinoamérica y el sello de calidad para la Jiménez Díaz, Maxwell remite una factura a Masterman de 600.000 euros más 126.000 de IVA y así consigue trasladar a esa empresa los ingresos procedentes de Quirón. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha constatado que Masterman no tiene ni medios materiales ni humanos para realizar ningún trabajo. Ni para Quirón ni para nadie. Lo que concluye Hacienda es que Masterman es una sociedad instrumental. Una mera pantalla con la que González Amador intenta obtener beneficios fiscales a futuro para reducir artificialmente impuestos.
Ese mismo 16 de diciembre, Maxwell transmite todas las participaciones de Masterman a Alberto González Amador. Y lo hace por tan solo 3.300 euros. Los ingresos de Maxwell acaban así en el bolsillo del empresario. Pero lo que es una operativa de fraude fiscal para Hacienda y la Fiscalía presenta ahora indicios de algo más, un delito de corrupción en los negocios en el que habría participado Quirón Prevención a través de la figura de su director, Fernando Camino.
La acusación popular ha logrado que se abra una pieza separada preguntándose si los 500.000 euros que pagó Alberto González por Círculo Belleza SL a la mujer de Camino fue “una contraprestación” por los contratos que el director de Quirón adjudicaba a las empresas de González Amador.
O si esa contraprestación lo es por la comisión que hizo despegar la carrera empresarial de González Amador: casi dos millones de euros por poner en contacto a dos empresas españolas, con la mediación de una tercera estadounidense, para la compraventa de material sanitario en pandemia. La empresa que compró las mascarillas, Mape, tenía sentado en su consejo a Camino, lo que hace todavía más increíble esa labor de mediación de la que siempre desconfió la Agencia Tributaria. Fue la cantidad que debía pagar a Hacienda por esos dos millones de beneficio, lo que llevaría a González Amador a ser acusado de fraude fiscal por el ejercicio 2020. En total, por los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, Hacienda cifró el fraude en 350.951 euros.
Un acuerdo en peligro
La defensa de González Amador ya ha anunciado que presentará un recurso contra la apertura de la pieza separada. La nueva investigación hace tambalearse el acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía. Fuentes jurídicas explican que asumir por el investigado ocho meses de prisión y el pago de medio millón de euros a cambio de reconocer dos delitos fiscales y uno de falsificación de documentos supone asumir una condena sin conocer qué van a suponer para el empresario las nuevas pesquisas.
La jueza no incluye en su auto las diligencias que ordenará para esclarecer los hechos. PSOE y Más Madrid solicitan la declaración de Camino en el juzgado y también del director de grandes cuentas de Quirón, que firma los contratos con las empresas de González Amador. También solicitan a la magistrada que requiera a Quirón los mensajes de la cuenta de correo electrónico corporativa que tenía allí González Amador y que explique qué investigación ha realizado el Comité de Riesgos y Cumplimiento del gigante sanitario.
La acusación popular también alude en su recurso la escritura de las compraventas de viviendas que ha firmado González Amador en los últimos años. El empresario compró en julio de 2022 un piso en una exclusiva zona de Madrid en el que reside con la presidenta madrileña. elDiario.es reveló que la pareja disfruta también de otra vivienda, un ático situado en la planta de arriba que pertenece a una sociedad, Babia Capital, a nombre de un empresario hostelero de León y que administra Javier Luis Gómez Fidalgo, el mismo abogado que representó a la pareja de Ayuso ante Hacienda.
El fiscalista Fidalgo, residente en León, también está conectado profesionalmente con Fernando Camino, el directivo de Quirón. La presidenta madrileña se ha limitado a no negar que disfruta junto a su pareja del ático, pero no ha dado ninguna explicación de cuánto pagan, si es que lo hacen, por él o a cambio de qué pueden disfrutarlo. La acusación popular quiere que Babia Capital SL, la empresa dueña del ático, entregue sus cuentas al juzgado. Esas cuentas reflejan que la dueña del ático que usan Ayuso y su pareja compró el inmueble al contado y recibió 955.000 euros de un tercero al que no identifica.